El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Un voto de diferencia es el que permitía al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona suspender la concesión de licencias para el ámbito del plan parcial 43, conocido popularmente como el de Mas d’en Sorder. Esta ajustadísima diferencia hizo que en el plenario de ayer se viviera un intenso tira y afloja político entre partidarios y detractores de un proyecto, que afecta a las inmediaciones del campo de golf Costa Dorada. Un debate que, por otro lado, se ha trasladado también entre algunos de los ámbitos que representan a la sociedad tarraconense.
Desde la Cambra de Comerç de Tarragona, su presidenta, Laura Roigé, se mostraba especialmente crítica por la decisión. «Cuando un proyecto ya está encarrilado y está dentro de la planificación de la ciudad debería poder salir adelante, porque si no se crea una inseguridad jurídica que puede afectar a futuros inversores», argumenta. Roigé cuestiona que el Ayuntamiento «pueda permitirse pagar la indemnización» ya que esta podría ascender a varios millones de euros si finalmente debe costearse las obras que ya se han llevado a cabo en este ámbito. «Ahora toca destinar los recursos a otras cosas», decía.
Asimismo, la presidenta del ente cameral lamenta que la decisión de abortar la construcción de esta nueva zona residencial, con 238 viviendas, y la recuperación del antiguo Mas d’en Sorder supone una pérdida de oportunidades para la ciudad. «Permitía posicionar Tarragona dentro del turismo de golf, un nicho de negocio muy interesante ya que nos permitía llegar a mercados emisores de un elevado poder adquisitivo como es el nórdico», añadía.
Desde el Gremi de Constructors de Tarragona, Joan Romeu, insistía en que «el dinero del inversor es cobarde. Si hay problemas se irá para otro sitio». Romeu defiende que «no estoy defendiendo que pueda arrasarse y construirse en cualquier parte, pero si hay unas herramientas deben respetarse. No podemos cambiar cada cuatro años las reglas del juego». Un punto de vista que comparte la Associació de Promotors de Catalunya. Su presidente, Daniel Roig, apuntaba que «no vamos a opinar sobre cuestiones políticas o si es mejor o peor para la ciudad, pero la tramitación del plan general fue muy larga y si hay una ley esta debe ser igual para todo el mundo».
La inseguridad jurídica genera preocupación en los sectores económicos. Sin embargo, también hay voces que opinan que las políticas de vivienda de la ciudad deberían pasar por recuperar el centro. «Lo importante sería hacer un estudio exhaustivo de los pisos vacíos que tiene la ciudad y a partir de ahí penalizar o bonificar a los propietarios para ponerlos en circulación y crear un parque de vivienda social», defiende el secretario general de UGT en el Camp de Tarragona, Joan Llort.
Finalmente, desde la plataforma SOS Costa Daurada, su portavoz, Lluís Estamariu, destacaba la «sensibilidad» del Equipo de Gobierno. «Mas d’en Sorder es una herida en el corazón de la Anella Verda y ahora debería seguirse con una revisión seria del plan general para ir más allá y convertir toda esa zona, junto con la Budellera, en un parque natural, con todos los municipios afectados y una política forestal».
