Más rupturas en Tarragona por las infidelidades que se destapan en el móvil

Las redes sociales se han colado de pleno en los procedimientos de divorcio en Tarragona. No sólo se aportan como prueba en las disputas judiciales sino que se han convertido en la vía para destapar infidelidades que acaban provocando el divorcio. Así lo aseguran diversos letrados de la sección de derecho de familia del Col·legi d’Advocats de Tarragona. 

En el último año, este tipo de situaciones –los atávicos ‘cuernos’ descubiertos ahora a través del móvil– han trascendido a los abogados que lidian con esas problemáticas. Sin embargo, hay que aclarar que las razones de un divorcio no tienen repercusión legal, ya que la separación en España no es causal.

No es preciso alegar motivo alguno para el divorcio, que se concede siempre que se solicita. «Las infidelidades conyugales no son indemnizables en términos económicos en las salas judiciales. No hay consecuencias jurídicas o penalización por parte de la ley», cuenta una abogada tarraconense. 

Una vieja relación

Todos coinciden: el abuso de las redes sociales perjudica a las relaciones personales más cercanas. «Abusar de una red propicia las relaciones con terceros y eso puede acabar pasando factura, no sólo porque le dedicas menos a la persona que está junto a ti. Es una fuente de conflictos. Se han dado casos en los que Facebook propicia el reencuentro con una persona que hacía mucho tiempo que no veías. Empiezas a hablar por casualidad y se reanuda esa relación, hasta el punto de que llega a ser un motivo de divorcio», relata Anna Casas, presidenta de la sección de derecho de familia del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

«Hay más rupturas porque se detectan y de descubren cosas a través de Facebook o de Instagram y también con el empleo  del WhatsApp», apunta la abogada de Tarragona Regina Jové. 

Su colega Cristina Gallart incide en esa línea: «Descubren un WhatsApp y tiran de ahí, se acaba destapando una infidelidad y la pareja se termina rompiendo». A veces, la complicidad entre dos personas llega a compartir incluso contraseñas en dispositivos móviles que acaban desenmascarando una relación con una tercera persona.

«Lo que cuelgan las personas en las redes sociales es una fuente de información brutal que puede ser desencadenante de muchas rupturas de pareja, por infidelidades o por ser información confidencial comprometida», apuntan desde el Col·legi. 

Los datos en las redes tienen, sin embargo, un papel mucho más importante desde el punto de vista jurídico. En el último año, la información extraída de perfiles se usa por las partes para demostrar diferentes situaciones en una contienda judicial: desde una realidad económica de una persona (vehículos, viajes) a una laboral (trabajos no declarados) o personal (horarios, tiempo de ocio, conductas no recomendadas); informaciones que sí tienen trascendencia a la hora de determinar, por ejemplo, la custodia de los hijos o las pensiones de alimentos o al cónyuge. «Las redes aportan mucha información que sirve como prueba», indica Gallart. 

«El día antes de un juicio, se suele entrar en el Facebook del contrario, por lo que pueda haber puesto», comenta Regina Jové, que ofrece algunos ejemplos clásicos: «Está el señor que dice que no gana nada y no puede pagar la pensión de alimento. Vas al Facebook y ves que se acaba de hacer un tatuaje que cuesta 500 euros o que va siempre al gimnasio. Entonces es cuando puedes preguntar: ‘¿cómo lo pagas?’». 

Los letrados tienen un acceso fácil (en otro tiempo se requeriría la labor de un detective, inalcanzable para muchos) a una grandísima cantidad de información que en algunos casos puede ser jurídicamente valiosa. «De fotografías en Facebook se puede deducir a veces una solvencia económica que alguien puede decir que no tiene, o una economía sumergida. Cada vez se empiezan a admitir más este tipo de pruebas», indica Anna Casas.

Luego el juez decide otorgar o no validez a la prueba, algo a veces objeto de controversia. «A veces se incluyen pantallazos sin contrastar. Hay cosas copiadas, pruebas que pueden ser manipulables o que no tienen todo el rigor necesario. Para que sea algo fidedigno tiene que decir un notario», cuenta la abogada tarraconense Araceli Molina. 

En cualquier caso, el Col·legi d’Advocats de Tarragona advierte: «En la presentación de pruebas hay que ir con cuidado con la vulneración de los derechos fundamentales. Aparte de que la prueba sea ilícita, puede comportar sanciones y multas importantes». 

Incluso la entidad ha impartido formación al respecto para advertir de cómo habría que presentar este tipo de pruebas en un procedimiento judicial para que no sean impugnadas por considerarse ilícitas. Se precisan precauciones varias como mantener el derecho de secreto de comunicaciones, el derecho a la intimidad o la protección de datos. 

La (fácil) manipulación

El otro punto crítico es una eventual ausencia de autenticidad. «Los WhatsApp, por ejemplo, son de fácil manipulación. Es conveniente aportar el soporte informático o designar los archivos de dónde procede.

También se puede aportar una pericial informática que certifique el origen y la obtención de la prueba (imágenes, correos electrónicos), aunque no es imprescindible y comporta un coste añadido», sostiene el Col·legi. De todo ese rigor dependerá que la prueba sea aceptada. 

Los letrados, además de ser testimonios de cómo las redes han destapado infidelidades, se han acostumbrado a trabajar con este material, vital para destacar los casos variopintos e intrincados.

Uno más, sucedido recientemente en Tarragona: la exmujer de un chico argumentaba en un juicio que no tenía trabajo, que no se ganaba la vida de ninguna manera. El abogado descubrió, por Instagram, que se dedicaba a la prostitución. «Incluso accedimos a las tarifas que cobraba y que mostraba en sus anuncios. Tenía otro nombre pero en las fotos era totalmente reconocible. En este caso, ejercía una actividad remunerada que no pasaba por la Seguridad Social y que, por lo tanto, al juez no le podía constar. Es una muestra más de la importancia que tienen las redes sociales desde el punto de vista jurídico», concluye un abogado tarraconense.