Matrículas más caras para poder mantener la URV

Lo que hace 10 años costaba 900 euros ahora vale 1.800 y hasta 2.000. El precio final que paga un alumno de la URV por una matrícula de grado se ha duplicado en una década, resultado de los incrementos de tasas que por un lado han asfixiado las economías domésticas y por el otro han dado aire a una universidad tarraconense que vive, pese a eso, sus propios agobios económicos. 

Más muestras en esa línea: en el curso 2009-2010 los precios del crédito oscilaban entre los 13 y los 18 euros, en función del nivel de experimentalidad; en el actual ejercicio 2018-19, las tarifas varían entre los 25 y los 39 euros por cada crédito de grado. 

Un cálculo muestra cómo han cambiado las cosas para los estudiantes en este tiempo: de los 1.125 euros que podía costar una matrícula hace diez años –considerando una inscripción media de 60 créditos–, a los 2.375 de la actualidad. Los incrementos son similares si se atienden a los otros niveles de experimentalidad. 
La propia rectora, María José Figueras, ha admitido que, ante el descenso progresivo de la subvención de la Generalitat, lo que aportan los alumnos ha contribuido a mantener a flote el sistema: «La situación es que de 2010 a 2018 en la URV hemos perdido 12 millones de euros de forma global. En 2010 gestionábamos un presupuesto de 116 millones de euros, mientras que en 2018 fue de 104. Hace nueve años, ingresábamos de la Generalitat 79 millones. Con esto podía pagarse las nóminas y sobraba un 10%. Ahora la subvención es de 66. Falta dinero para pagar los salarios, que son unos 71 millones, cuando en realidad el concepto nómina es el mismo. Y claro, esto se compensó por el incremento de un 30% de las tasas que pagan los pobres estudiantes». 

Estudiantes al rescate

Otros datos en perspectiva ofrecidos por la URV indican cómo lo que abonan los estudiantes ha salvado de desastre al centro universitario. Los ingresos por matrículas se han disparado un 77% en ocho años. Si en 2010, la cifra se quedaba en 12,8 millones, en 2018 aumentó hasta los 22,7. Son 9,9 millones más. Es decir: un 77% de subida para compensar, en parte, el 16% de descenso de la subvención de la Generalitat. 

Otra comparativa: si por entonces las matrículas constituían el 11% del presupuesto total de la universidad tarraconense, ahora suponen casi el 22%; todo ello, mientras el gasto en personal, que es el mayor dispendio, se ha mantenido en estos últimos años. 
Desde 2011, la subvención de la Generalitat no cubre el pago de las nóminas. Todos los estamentos de la URV, desde la rectora hasta los alumnos o los mismos sindicatos, coinciden en que la reclamación al Govern es urgente. «Es una situación muy injusta para los estudiantes. La subida del precio del crédito ha hecho que una parte de los estudiantes se planteen ya que no pueden llegar a la universidad, porque ya ven que no es un lugar para ellos por una cuestión económica», cuenta Joel Fernández, responsable de CCOO en la URV. Fernández considera que «hay una situación de falta de presupuestos públicos y de inversión de la Generalitat», que redujo la financiación «unos 50 millones», y añade: «Actualmente esta deficiencia sigue y no se pueden cubrir ni las nóminas. Fue en 2012, y de un año para otro. A su vez, el precio del crédito subió un 66%». 

Fernández es muy crítico y denuncia las afectaciones en el día a día: «Se está hablando de que para 2021 hace falta un nuevo sistema de financiación. Pero más allá del criterio de reparto, la realidad es que el dinero es claramente insuficiente. Y eso repercute en que no puedes hacer renovación del personal o estabilización del PAS. No hay margen de maniobra. Y el dinero de los alumnos va salvando el cuello de la universidad».

Oriol Sales, miembro del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la URV (SEPC), está en la lucha por revertir las subidas: «Nuestra principal demanda es que se incluya un aumento de la financiación que permita reducir las matrículas. Vivimos una situación de infrafinanciación por falta de voluntad política. El dinero está pero se destina a otros intereses. El Govern sigue manteniendo conciertos económicos con universidades privadas, por ejemplo». Sales cree que «los estudiantes estamos salvando los muebles del sistema» y que, de seguir así, «muchos alumnos no podrán acceder o tendrán que dejar la universidad». Sales también detecta la principal subida en el año 2012, un incremento que rondó el 60%: «Ahora hay tres umbrales medios de matrículas, que son de 1.600, 2.400 y 3.000 euros». 

Crítica situación financiera

No sólo la URV, a través de la rectora, ha puesto el grito en el cielo por una financiación que afecta también al resto. Las unidades públicas catalanas han lanzado estos días un SOS alertando sobre su crítica situación financiera, instando a la Generalitat a «tomar decisiones reales y efectivas» para revertir su falta de inversión en los últimos años, y a mejorar de forma «inmediata» el sistema de financiación público. Así lo ha advertido la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Por todo ello ello, la entidad reclama que se revise el modelo de financiación, ya que «el actual sistema es un lastre para el futuro».

La ACUP ha apelado a la «responsabilidad presupuestaria», dado que a pesar de las considerables restricciones económicas que han sufrido las universidades públicas catalanas, éstas «han asumido su responsabilidad con el país y han garantizado el equilibrio presupuestario».

La Generalitat se justifica. La Secretaria d’Universitats i Recerca reconoce que «la situación financiera del Govern, con unos presupuestos prorrogados y un control extraordinario de la financiación autonómica por parte del Gobierno español, añadido a un déficit fiscal histórico que limita el ejercicio del autogobierno, son hechos contrastados que, a la práctica, dificultan enormemente poder materializar las políticas que Catalunya necesita». En este sentido, el gobierno catalán ha señalado que esta limitación financiera afecta a las universidades públicas, ya que la falta de presupuesto hace que no se pueda consolidar el primer aumento previsto de 72 millones de euros para mejorar el sistema, así como la voluntad de destinar 42 millones para eliminar el déficit estructural.