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"Me anularon la incapacidad en una visita de 5 minutos"

El ICAM declaró a Christian en capacidad de trabajar pese a que está de baja tras una operación y tiene dos sentencias que le dan la razón. Como él, más pacientes se quejan de «altas injustificadas»  

Norian Muñoz

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Christian con la resolución en la que le declaraban apto para trabajar.  Foto: Lluís Milián

Christian con la resolución en la que le declaraban apto para trabajar. Foto: Lluís Milián

«La visita en el ICAM (Institut Català d’Avaluacions Médiques) duró menos de cinco minutos. No me preguntaron nada sobre mi estado de salud ni mucho menos me hicieron ninguna revisión médica», cuenta Christian sobre la cita con el médico a la que asistió el pasado mes de enero en la sede del ICAM de Tarragona y tras la cual decidieron anularle la incapacidad permanente. Se la habían concedido debido a un problema degenerativo de la columna vertebral que le causa unos intensos dolores que apenas consigue paliar con morfina.

Pocos días después de aquella visita de inspección médica, Christian pasó por quirófano en el Hospital del Mar por segunda vez (ya le habían operado sin resultados satisfactorios en 2012) para una operación de columna en la que le colocaron unos tornillos. La idea era paliar un problema en la vértebra L5, una de las que tiene afectadas. 

Justo al llegar a casa desde el hospital se encontró con la carta en la que le anunciaban que habían determinado que ya no tenía «ningún grado de incapacidad permanente» y decidieron dar de baja la pensión que recibía a partir del 1 de febrero. Paradójicamente, por esas mismas fechas, un informe de su médico de cabecera le daba la baja por lo menos durante los 89 días siguientes. Hoy sigue de baja.

A partir de entonces, Christian, que tiene 36 años y no cuenta con familia cercana, tiene como único ingreso la renta mínima de 430 euros, «con los que pretenden que coma, pague el alquiler, me vista y pague los medicamentos». 

Sin poder costear las medicinas

Y es que, además, tras esta decisión no sólo se ha quedado sin la pensión, sino que ha perdido el derecho a medicación compensada (los pensionistas pagan el 10%) y ahora debe pagar el 40% del coste, como la mayoría de los ciudadanos. 

Cuenta que desde que le quitaron la pensión no le alcanza el dinero para pagarse los medicamentos. Nos enseña el informe de su médico de cabecera, donde aparece la lista de medicamentos que debe tomar: son trece. En el caso de algunos está espaciando las tomas de los fármacos que ya tenía en casa; en otros, sencillamente, no los está tomando porque no los puede comprar. 

Y es que, además de los problemas de columna, Christian tiene diagnosticado lupus y un cuadro ansioso-depresivo. «Mi vida se resume a la cama», explica.

Relata que cuando comenzaron sus problemas de salud, en 2011, llevaba 14 años cotizados. Su último empleo fue en un hotel donde uno de sus trabajos era acarrear maletas. «Siempre he trabajado, y por supuesto que me gustaría trabajar, pero ahora me es imposible... Te tratan como escoria por estar enfermo. Yo no he elegido esta situación», dice.

En su caso, además, se da la circunstancia de que ya tuvo que pasar por los tribunales en dos oportunidades para que se reconociera su incapacidad, primero fue en 2015 en un Tribunal de lo Social de Barcelona y luego la decisión la ratificó en 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, «pero ahora no me veo con fuerzas de volver a pasar por lo mismo».

Explica que en su desesperación ha decidido dar la cara «porque hay muchos pacientes que viven silenciados por miedo a lo que pueda pasar».

Un caso repetido

Àngels Homedes, del colectivo Ronda, es la abogada que llevará el caso de Christian en este nuevo proceso judicial y reconoce que casos como el suyo, lamentablemente, no son aislados.

El Diari de Tarragona ya se hizo eco en noviembre del año pasado de las quejas de un grupo de pacientes que denunciaban trato inadecuado y altas injustificadas en el ICAM de Tarragona.

Relataron entonces que los pacientes debían soportar largas esperas, visitas demasiado escuetas y, en algunos casos, incluso un trato vejatorio. Se lamentaban de que pacientes que todavía no se habían recuperado eran dados de alta prematuramente.
Homedes explica que la decisión del ICAM de Tarragona no tiene justificación alguna ni fundamento jurídico porque todos los informes de los especialistas de la sanidad pública certifican que no ha habido ningún cambio en el estado de salud de Christian.

Igual que sucedió en otro caso que llevó recientemente contra el ICAM en Barcelona, la abogada espera que le den la razón. No obstante, explica, eso no le ahorra al paciente tener que esperar en torno a un año a que se produzca el juicio. En el caso de Christian ni siquiera hay juzgado asignado. «Es verdad que luego se recuperan los atrasos, pero todo ese tiempo la persona está sin apenas ingresos, con la desesperación que eso supone... No le encuentro ninguna lógica», se ratifica.

El Diari intentó contactar con algún responsable del ICAM, cuya gestión depende del Departament de Salut, sobre el caso de Christian, pero no obtuvo respuesta.

Más casos: Una plataforma de afectados por el ICAM

Desde el 2016 un grupo de pacientes en la misma situación de Christian fundaron la Plataforma de Persones Afectades de l’ICAM, PAICAM, para «visualizar el trato inhumano y el funcionamiento injusto de este organismo evaluador de la sanidad catalana... Cada vez las bajas son más restrictivas, así como los criterios para otorgar pensiones de invalidez, lo que aboca a estos pacientes al límite de la exclusión social».

Ma. Angels García, afectada y miembro de la plataforma quien a la vez atiende algunas consultas en las redes sociales y acompaña a otros pacientes, explica que, en seis años, ha podido comprobar que el trato del ICAM puede ser muy diferente según el médico que toque. En dos oportunidades ha denunciado maltrato verbal. Además, critica que las visitas cortas en las apenas se ve a los pacientes y la no revisión de los informes médicos también son una constante.

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