Primer aviso al alcalde Ricomà

El primer pleno municipal del nuevo curso político ha estado marcado por una palabra: «modificaciones». La primera de ellas es que, por primera vez, los 27 concejales ya no cuentan con botellas de agua en sus puestos, sino que consumen líquido del grifo. Los tiempos han cambiado.  

La sesión –que se inició a las 8.30 horas y que las malas lenguas decían que fue por la coincidencia con la Diada Castellera de Sant Fèlix en Vilafranca y la voluntad del alcalde por ir con la Colla Jove– se ha centrado casi monotemáticamente en temas de personal, con la polémica por la  frustrada plaza de coordinador del Àrea de Cultura como tema estrella... del que el alcalde acabó estrellado.    

Otro de los puntos que centró la sesión ha sido la modificación de la plantilla municipal para subrogar a unos ochenta empleados de las Llars d’Infants, que ahora pasan a ser contratados laborales de la administración municipal. Esta medida se lleva a cabo después de que el Consistorio haya recuperado la gestión directa de hasta siete equipamientos que estaban externalizados. Pese a ello –y al refuerzo que se realiza para ampliar el personal de las instalaciones que se centran en los jóvenes de 0 a 3 años– Junts per Tarragona lamenta que para tener recursos  para personal en materia educativa «se hayan eliminado plazas de la Guàrdia Urbana», según indica la concejal Elvira Vidal. Se da la circunstancia de que el concejal de Ensenyament y de Seguretat Ciutadana es Manel Castaño (ERC). La medida tomada es toda una declaración de intenciones sobre cuales pueden ser las prioridades del ejecutivo municipal de cara a los próximos años. 

De hecho, el sindicato Asemit no avala dicha operación y el informe de fiscalización es desfavorable, al entender que las personas subrogadas «pasan a ocupar puestos de trabajo creados sin ningún tipo  de mérito y capacidad». Realmente, el nuevo gobierno municipal no ha iniciado con buen pie su relación con los altos funcionarios municipales... 

«Enriquecimiento ilícito»
Otra de las «modificaciones» han sido las de crédito. En este punto, el concejal de Hisenda, Jordi Fortuny (ERC), asegura que una de éstas se realiza para pagar «trabajos que se han realizado en anteriores ejercicios y que han llegado tarde», pero que «debemos pagarlas porque de lo contrario podría entenderse como un enriquecimiento ilegal», afirma el máximo responsable económico. Se trata, exactamente, del motivo por el que el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) afirma que pagó las del caso Inipro. Dónde dije digo...  

El distanciamiento de la CUP con el ejecutivo de ERC y En Comú Podem ha sido doble. Por una parte, las cupaires se desmarcan de la plaza de coordinador de Cultura y, por el otro, han sido la única formación que ha votado en contra de incluir en el presupuesto los dos millones de euros de los fondos Feder para iniciar el proyecto de reforma del antiguo proyecto del Banco de España. Todo esto podría «modificar» también las cada vez menos probables opciones para ampliar un gobierno municipal que, desde el pasado 15 de junio, está formado solo por nueve de los 27 concejales del pleno.  

Acaba el verano, no hay fecha para la próxima reunión a tres bandas y todo parece prever una ardua negociación de presupuestos a lo largo del próximo otoño, en la que las dos ediles cupaires serán claves para poder tirar hacia adelante las cuentas.  ¿Winter is coming para el equipo de Ricomà?