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«Cuando te llega la multa piensas: 400 euros no son muchos y, además, si pagas antes de veinte días son 200 euros... Pero eso implicaba aceptar los hechos, aceptar la injusticia; perder la oportunidad de que se sepa la represión de baja intensidad que ejerce la Guàrdia Urbana con ciertos colectivos», opina Nicolas Vettas.
La multa a la que se refiere le llegó a Vettas en octubre del año pasado y hace referencia a unos hechos que ocurrieron en la Platja del Miracle el 18 de agosto. En aquella fecha trabajaba como educador en un centro para menores tutelados por la Generalitat de Catalunya en Reus.
Ese día los tres trabajadores y la docena de chicos que tenían a su cargo, todos menores inmigrantes no acompañados, fueron al Miracle a pasar un día de playa: «Nadar, jugar a las palas, comer un bocadillo...», relata Vettas.
Trato irrespetuoso
Cuando acababan de comer, el grupo se reunió en las escaleras del párking. Los educadores se disponían a entregar a los menores los móviles para que iniciaran la parte de la salida que podían hacer por su cuenta cuando llegó una patrulla de la Guàrdia Urbana. Siempre según la versión de Vettas, un agente se dirigió al grupo de jóvenes de forma amenazante e irrespetuosa, por lo que él fue a ver qué sucedía y a pedirles que les trataran con el debido respeto.
Según su palabra, un agente le puso la mano en el pecho y, después, cuando trató de atender una llamada telefónica del centro donde trabajaba, se lo impidió con un manotazo. En ese momento le dijeron que desobedecer a la autoridad podía acarrear una multa, pero no le informaron de nada más.
Terminaron rodeados por cuatro patrullas y, cuando preguntaron de qué se acusaba a los menores, los agentes dijeron que habían recibido una llamada avisando de que los chicos increpaban y no dejaban pasar a los socorristas.
No obstante, asegura Vettas, en ningún momento, mientras estuvieron en la playa ni cuando llegaron los agentes se dirigió a ellos ningún socorrista. En la escalera del aparcamiento, donde estaban sentados, tampoco había ninguna señalización que indicara que había que dejar libre el paso.
La sorpresa llegó en octubre del año pasado, cuando a Vettas le llegó la multa por: «Originar desórdenes de gran intensidad en los espacios o establecimientos públicos». La calificación de los hechos era de «grave». En la misma, no obstante, no aparecen los hechos que motivan la denuncia.
Procedimiento interno
Consultadas al respecto, fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona señalan que «hemos iniciado un procedimiento interno para esclarecer qué ha pasado».
Las mismas fuentes aseguran, además, que: «No admitimos ninguna actitud discriminatoria en el Ayuntamiento de Tarragona» y recordaban que la multa «está en fase de recurso».
Hace tres días la Plataforma Sindicalistas de Izquierda, que reúne a varios sindicatos, inició una recogida de firmas para pedir que el ayuntamiento retire la multa al educador. El texto reclama: «¡Basta de arbitrariedad policial, racismo y criminalización contra los MENAs!».
De momento, los organizadores cuentan con unas 300 firmas y han colgado un formulario en la web que se puede descargar. Invitan a mandarlo por Fax al Ayuntamiento de Tarragona o llamar por teléfono.
Vettas asegura que, más allá de su caso particular, lo que le interesa es llamar la atención sobre la actitud de la policía local respecto a estos jóvenes.
