El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Según confirman al Diari fuentes de la administración autonómica, el periodo de presentación de ofertas se cerró el pasado viernes con casi una decena de interesados, después de que durante las últimas semanas los responsables del Govern hayan mostrado el inmueble a las firmas que así lo han solicitado.
Ahora, el siguiente paso se dará el 12 de mayo, cuando la mesa de contratación se reunirá para abrir el sobre del proyecto de adaptación del local y de la explotación. El 26 del mismo mes será el turno del análisis de la oferta económica. A partir de entonces se determinará el ganador de un proceso que se ha dilatado mucho más en el tiempo de lo que habría querrido la corporación autonómica tras un litigio judicial que empezó en 2018 y que acabó en 2021 con la orden de desahucio por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat). Hace cuatro años, el gestor desde 1986 intentó prorrogar el permiso que tenía en vigor y que el Govern consideraba que ya estaba obsoleto, igual que el restaurante que entonces se encontraba en la planta superior: el Tòful de Mar. Este negocio acató la decisión del Govern y, desde 2019, el espacio ya está ocupado por la Sardineta.
760 metros cuadrados
El pliego de condiciones del futuro Iot especifica que el uso del espacio será un «bar-restaurante para el público en general», así como que el plazo de concesión será de «diez años desde la fecha de formalización» del contrato. El espacio cuenta 760 metros cuadrados: 258,93 de superficie contruida y 501,58 entre tres terrazas exteriores. El Govern también exige que el gestor deberá abonar un canon anual «mínimo» de 50.725 euros (4.227 al mes). Esta cantidad «es mejorable al alza en las ofertas que se presenten». El vecino de la planta superior (la Sardineta) paga 59.000 euros al año.
Entre los requisitos se especifica que, junto con la oferta económica y técnica, se valorarán «aspectos relacionados con la gestión ambiental del restaurante», y que «se tendrán en cuenta los criterios sociales de los proyectos, como la posibilidad de contratar a personas en paro, con discapacidad, o trabajadores de la misma localidad; medidas para garantizar la paridad de género y la conciliación familiar; la capacidad de generar puestos de trabajo indefinidos y de calidad; o el compromiso de contratar proveedores y empresas locales».
