Nuevo expediente a Iqoxe por volver a la actividad sin evaluar los riesgos laborales

La Generalitat ha abierto un nuevo expediente a Iqoxe por haber regresado a la actividad después de la explosión sin haber evaluado los riesgos laborales de sus empleados tras lo sucedido. Se trata de una actuación abierta en el marco de un expediente sancionador que puede acabar en requerimiento o en sanción. La decisión ha comportado, por el momento, la paralización de la actividad de la compañía, según confirmó este jueves Josep Ginesta, secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Ginesta se reunió durante más de dos horas con representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), un primer encuentro que se saldó con el compromiso de crear una comisión de seguimiento de la seguridad y la salud laboral en el complejo petroquímico. 

Ginesta fue crítico con la gestión que ha hecho Iqoxe después de la explosión del pasado día 14. «Se le ha requerido para que no iniciara la actividad si no da cumplimiento a obligaciones administrativas que tiene toda empresa que ha sufrido un accidente como este», recalcó. Asimismo, concretó que la compañía química «no había dado cumplimiento a la valoración de riesgos laborales», y añadió: «Es una obligación básica como es evaluar los riesgos que afrontan los empleados por el hecho de trabajar ahora con equipos diferentes». 

El representante de Treball, mano derecha del conseller Chakir El Homrani, afirmó que comportamientos de esta índole «nos generan poca confianza» y se dirigió así a los responsables de la firma siniestrada en el polígono sur tarraconense: «Hemos pedido, a través de la AEQT, que la empresa cambie de actitud y tenga una más transparente, clara y colaborativa». Reconocía también que su comportamiento, tildado por los sindicatos de «prepotente», había afectado a la «credibilidad de un complejo muy importante, con inversiones pendientes». «Lo último que puede pasar es que haya una empresa que actúe como célula autónoma en un complejo tan importante que genera tanta actividad económica para el Camp de Tarragona», explicó Ginesta. El secretario de Treball se limitó a exponer las medidas tomadas en su terreno, que no excluyen otras que se pueden llevar a cabo en otras parcelas: «No entraremos en el ámbito penal, porque hay actuaciones en marcha y un secreto de sumario. La actividad de la planta no se ha parado en el ámbito penal pero lo que tienen que hacer es dar cumplimiento a las obligaciones administrativas y una de ellas afecta a nuestro sector».  

«No es lógico»
La Generalitat también respondió al posicionamiento de la compañía, cuando dijo no tener constancia de los cuatro expedientes sancionadores de Treball previos a la explosión. «No nos parece lógico que la empresa niegue que ha habido unos expedientes que han sido confirmados judicialmente. Fueron actos de infracciones graves y no nos parece lógico que la compañía diga que no le consta. Es una manera de enturbiar la claridad y la transparencia», aseveró Ginesta. 

Ahora, este nuevo expediente puede acarrear una sanción, «algo habitual en casos tan graves». A pesar de ello, Ginesta añadió: «No queremos prejuzgar lo que ha podido pasar en Iqoxe, porque las responsabilidades serán grandes y graves, a nivel económico desde el punto de vista administrativo y también en el ámbito penal, con condenas para los responsables, pero dejaremos que todos los organismos admininistrativos y penales trabajen». 

Por su parte, la empresa respondió y sostiene que no está produciendo, sino que está llevando a cabo un vaciado de depósito de etileno, pedido y autorizado por Bombers, la Policía Judicial e Industria. Afirma, asimismo, que realizó una evaluación de riesgos laborales interna y no externa, y eso fue lo que motivó la apertura del expediente por parte de la Generalitat. 

Los agentes reunidos en Tarragona, incluido el Govern, acordaron crear una comisión de seguimiento para «reconstruir la confianza perdida» entre la ciudadanía y la industria pero, sobre todo, desde un punto de vista laboral. «Hay un elemento evidente, que es la pérdida de confianza de los trabajadores en los sistemas de seguridad que garantizan que podrán volver a casa», dijo Ginesta. Según él, las propias empresas admiten esa merma de la fiabilidad. Esa nueva comisión lleva adherido el compromiso de revisar todos los mecanismos para garantizar la seguridad. Asimismo, se buscarán acuerdos y consensos para mejorar la actividad preventiva en el complejo petroquímico.

«Detectamos carencias»
Treball recogió esa idea de la AEQT de establecer «un antes y un después» de esta explosión, también en términos de seguridad laboral. «Es una necesidad que detectamos después de las informaciones que nos trasladan desde el lado social CCOO y UGT pero también la propia asociación empresarial». 

Ginesta reconoció que las deficiencias existen de una manera conjunta: «Sí detectamos que hay unas carencias en los mecanismos de gestión interna de la actividad preventiva y sobre todo en una visión global del conjunto de la prevención de riesgos laborales en el complejo petroquímico». En esa línea, uno de los objetivos es que en la siguiente convocatoria de esta comisión, prevista para la próxima semana, la representación de la AEQT –que no es una patronal sino una asociación– sea capaz de asumir los pactos que se alcancen. 

Los sindicatos también reprendieron a Iqoxe. «Está claro que algo no ha hecho bien y no puede salir el empresario a decir que lo ha hecho todo correctamente. La presión psicológica sobre los trabajadores no era la adecuada», dijo Joan Llort, secretario general de UGT en la provincia. José Martín, secretario de Industria de CCOO en Tarragona, insistió: «A la empresa le hace falta autocrítica. Tiene un carácter prepotente y no asume que se han podido hacer mal las cosas». Martín  dijo que «la plantilla era muy ajustada» y que «hay estudios que dicen que los trabajadores estaban sometidos a una gran presión». 

Sobre la comisión creada, ambos sindicatos sostuvieron la necesidad de que «todo el sector evolucione hacia la seguridad y también hacia la eliminación de la precariedad» a través de la negociación. «No es solo un tema de salud laboral sino que hay una base de precariedad que tiene una incidencia directa en la seguridad. Que haya estabilidad, que no haya rotaciones, que no haya unas plantillas mínimas. Cualquier acuerdo al que lleguemos tiene que ser de obligada cumplimiento», añadió Martín. Tanto los sindicatos mayoritarios del sector como Treball recalcaron la necesidad de, a partir de ahora, establecer una interlocución efectiva y vinculante con AEQT, que es organización pero no patronal.