Nuevo golpe a supers de franquicias que explotan a sus trabajadores en TGN

Nuevo golpe de la Policía Nacional y de Inspección de Trabajo contra unas empresas que gestionan franquicias de supermercados que explotan a sus trabajadores, muchos de ellos en situación irregular en España, con contratos a media jornada –aunque trabajan todo el día– y con sueldos muy bajos. Dicha operación, realizada el pasado lunes en once establecimientos de Tarragona, Reus, El Vendrell y Calafell, es la continuación de la efectuada el pasado 11 de abril  en siete supermercados, tal como informó el Diari en su edición de ayer.

La inspección fue realizada en la tarde-noche del pasado lunes de forma simultánea en los once establecimientos. En la misma intervinieron agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Tarragona UCRIF –con apoyo de la de Reus– y personal de Inspección de Trabajo. Los supermercados pertenecen a tres cadenas, dos de las cuales muy importantes –una tiene su sede social en Girona y la otra, en L’Hospitalet de Llobregat–. 

Los agentes identificaron a 23 empleados repartidos en los diferentes establecimientos, con una amplia variedad de países de origen: Pakistán, Marruecos –los dos principales–, Moldavia, Ecuador, España (dos), República Dominicana, Senegal, Colombia e India. Precisamente, uno de este último país fue detenido en Calafell por la Ley de Extranjería. Fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente en libertad. 

Los trabajadores que declararon ante los agentes apuntaron las mismas condiciones de trabajo que habían dicho los de la anterior operación. Trabajan en el supermercado seis días a la semana, sin vacaciones y por 700 euros, abonados en metálico. Casi siempre les descuentan entre 100 y 200 euros por haber faltado dinero de la caja. Otros carecen de contrato y no están datos de alta en la Seguridad Social. Algunos manifiestan que no tienen vacaciones y que trabajaban 10 horas diarias durante seis días a la semana. 

Tras las inspecciones realizadas por los agentes, los establecimientos continúan operando con total de normalidad. La operación tiene el objetivo de desenmascarar a las empresas responsables de estos establecimientos, que son las encargadas de contratar al personal y explotarlas laboralmente, por lo que se enfrentan a los delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.