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El Govern de la Generalitat asegura que «si el territorio está de acuerdo» con la alternativa de construir la nueva central en el municipio Vila-seca, en lugar de Reus, «no lo veríamos mal, porque entendemos que puede ser una propuesta que dé más sentido a la intermodalidad». Así lo apuntaba el Vicepresidente del Govern y conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, quien, no obstante, exigía al Gobierno del Estado que esto «no se altere el calendario de ejecución de la obra».
Puigneró explicó que la opción que está estudiando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los últimos meses es una posibilidad que «formalmente aún no está encima de la mesa». No obstante, sí que explicó que «es una posibilidad que me trasladó el ministerio el día 2 de agosto». A partir de ahí, tendrán que estudiarse las opciones que permite esta alternativa, que más allá de la conexión con el aeropuerto de Reus y la línea del Corredor del Mediterrani, estaría conectada con la línea convencional Tarragona-Reus y en un futuro también con el tren-tram.
Al respecto Puigneró insistió en que «lo único que hemos solicitado y que trasladé personalmente es que cualquier cambio que pueda producirse al respecto no altere el calendario de ejecución de la obra, que hace demasiados años que pedimos y que es imprescindible para que el aeropuerto de Reus sea competitivo». Según este, la nueva infraestructura debería estar operativa en 2026, «y por tanto debemos hacer posible trabajar a partir de este calendario», insistía el conseller.
La opción de Vila-seca cada vez gana más fuerza, si aún quedaban posibilidades que siguiera adelante la propuesta de ubicación inicial, después de que el secretario de Estado de Infraestructuras aseguró hace unos días en Tarragona que el anterior proyecto no era válido y que este tendrá que rehacerse respecto a la propuesta que se adjudicó en el año 2009, por valor de 54 millones de euros.
De cara a las próximas semanas están previstas diferentes reuniones con los alcaldes y las administraciones del Estado y de la Generalitat, en las que se estudiará la nueva ubicación. Una opción que tiene el apoyo de las plataformas en defensa del transporte público, que creen estiman en 1,5 millones de viajeros la demanda que podría generarse.
