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El Ayuntamiento de Tarragona obligará a las comunidades de propietarios de la ciudad a retirar las placas franquistas que aún quedan en varios edificios de la ciudad. Así se aprobó ayer, por unanimidad, en una moción presentada por la CUP mediante la cual el Consistorio acuerda iniciar el proceso para eliminar toda la simbología franquista que aún está presente en el municipio.
La medida se basa en la reciente modificación de la Llei18/2007 del Dret a l’Habitatge, que establece en su artículo 190 que «los propietarios y las comunidades de propietarios deben retirar en el plazo de un año las placas colocadas en las viviendas que han dejado de tener la calificación de viviendas protegidas».
El texto indica que «la falta de retirada de las placas en el plazo establecido por el apartado 1 constituye una infracción leve», que puede conllevar una sanción que oscilará entre los 3.000 y los 9.000 euros.
Antes del 1 de abril de 2018
De esta forma, la administración municipal tarraconense se suma al argumentario del colectivo Acaba amb la placa, que hace referencia a la existencia de símbolos del Ministerio de la Vivienda del gobierno de la dictadura. En el texto se indica que el Ayuntamiento –mediante una resolución del alcalde–, «procederá a la retirada de los símbolos fascistas de las fachadas que dan a la vía pública de la ciudad». El acuerdo establece que el Consistorio «revisará el censo de simbología franquista elaborado por parte de Memorial Democràtico para detectar los no inventariados en la ciudad». Asimismo, la corporación local «comunicará a todos los propietarios con presencia de los símbolos mencionados la obligación de retirarlos antes del 1 de abril de 2018», a la vez que le informará sobre «las sanciones previstas» si no se lleva a cabo la retirada. La moción afirma también que el Ayuntamiento indicará en la comunicación a los propietarios que «si no se manifiesta lo contrario, el Consistorio retirará de oficio las placas un mes después de la fecha de envío de la comunicación».
Barcelona y Lleida lo pagan
Recientemente, Lleida y Barcelona también han aprobado retirar las placas franquistas, si bien el gasto derivado de estas aciones corre por cuenta de los consistorios, no de los vecinos, como pretende hacer Tarragona. El pasado 17 de marzo la Paeria informó que retiró 269 placas con el consentimiento de los propietarios y añadió que comprobó que había 66 placas que ya no existían, otras cuatro que no se habían retirado respetando la voluntad de los vecinos y sólo dos que no fue posible sacar por diferentes razones técnicas. Inicialmente, el alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), se negó a destinar dinero público a esta acción, pero la presión popular finalmente le hizo cambiar de postura.
En Barcelona también se inició hace meses el proceso para retirar la simbología franquista. Hasta la fecha, la administración liderada por Ada Colau (BCN en Comú) ya ha retirado 204 placas censadas en Nou Barris y otras 163 que se han identificado en el distrito de Gràcia. Asimismo, se calcula que hay otras 270, en un proceso que esperan que esté finalizado en un año.
