Ocupación 'consentida' en la Part Alta durante más de dos años

Ayesha, una mujer que, con su hija, ocupa ilegalmente un piso del número 14 de la calle de la Nau, en la Part Alta, fue noticia el pasado martes después de evitar que fuera desahuciada, pues el lanzamiento fue suspendido gracias a la resistencia de miembros del Sindicat de l’Habitatge de Tarragona que se concentraron delante del bloque. Desde el colectivo hicieron una serie de afirmaciones en relación a los pisos que poseía el casero y a lo que cobraba del alquiler de estos, así como de lo que podía llegar a ganar sumando su pensión. Algo que ha desmentido el mismo propietario, que defiende que durante dos años y medio ha permitido que Ayesha estuviera viviendo en el inmueble sin pagar, sin estar obligado a ello, «aunque todo tiene un límite», sostiene, y añade que en ningún momento ella se puso en contacto con él para pedirle que le hiciera un contrato, como defendía también el portavoz del Sindicat, Joan Nadal.

Este aseguró en su momento que «el propietario es una persona que tiene seis pisos en alquiler, que haciendo el cálculo serian unos 3.000 euros al mes que se lleva al bolsillo viviendo a base del sufrimiento de estas familias que no pueden pagarlo», y se preguntaba que «¿qué más quiere este señor? Si entre la pensión y los alquileres está ingresando 5.000 euros al mes y no quiere dejar que una madre soltera con su hija viva en un piso suyo por un alquiler social, que podría pagar con los 500 euros de renta garantizada». Nada más lejos de la realidad, según el casero. Este asegura que tiene cinco pisos en alquiler en el número 14 de la calle de la Nau, en lugar de seis, de los que cobra una mensualidad de entre 230 y 325 euros, y no de 500 como señalaban desde el colectivo, y «sin un solo gasto más para los inquilinos, ni de comunidad, ni de IBI, ni de basura». A todo esto, de estos cinco que tiene en alquiler lamenta que solo le pagan dos, mientras que los otros tres, entre los cuales se encuentra Ayesha, no lo hacen. Por ello, apenas cobra 550 y con los gastos de cada una de las viviendas no obtiene rendimiento alguno. Por otro lado, de la pensión de jubilación comenta que recibe menos de 800 euros, lejos de los 2.000 que calculó el portavoz del Sindicat de l’Habitatge.

Así las cosas, el propietario permitió que Ayesha ocupara su piso durante dos años y medio, hasta que decidió denunciarlo y recuperar su propiedad. El desahucio estaba previsto para el pasado martes, pero al llegar la comitiva judicial se encontró con una decena de miembros del Sindicat de l’Habitatge, que impidieron el desalojo. Este fue suspendido sin que apareciera la policía en ningún momento. Desde el Sindicato avisaron a la ocupa que tarde o temprano volverían para hacer efectivo el desahucio, con lo que se prestaron a ayudarla a ocupar otro inmueble, esta vez propiedad de un banco o de un gran tenedor, según aseguró el portavoz de la asociación.

Había alternativa para Ayesha

Cabe recordar también que Ayesha tenía una alternativa habitacional ofrecida por el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) del Ayuntamiento de Tarragona. Se trata de un piso de alquiler de 500 euros al mes, en el centro de Tarragona, del cual el IMSS pagaría la entrada, la fianza y las mensualidades hasta enero y tramitaría la ayuda de la Agència Catalana de l’Habitatge, con la que la Generalitat de Catalunya pagaría una parte del total del alquiler durante un año. Esto junto a un plan de emancipación y búsqueda de trabajo para la mujer. Según pudo confirmar el Diari, Ayesha no quería acogerse a esta opción, pero la aceptó el mismo martes por la mañana al ver que el desahucio era inminente. No obstante, al suspenderse este, volvió a negarse a aceptar la alternativa de Serveis Socials y, hoy por hoy, sigue en el piso ocupado de la calle de la Nau.