Ocupan más de medio centenar de pisos en TGN

Un total de 55 pisos propiedad de la Generalitat de Catalunya en Tarragona están ocupados ilegalmente. La Agència Catalana de l’Habitatge dispone de un total de 762 inmuebles en la ciudad, de los cuales, la gran mayoría están en el barrio de Campclar, 548. En Torreforta tiene 60, 59 en Sant Salvador, 36 en Bonavista, 27 en Sant Pere i Sant Pau, 13 en la Floresta, ocho en el Eixample, tres en el Serrallo, tres en el Barri del Port, los mismos en la Granja y dos en la Part Alta de la ciudad. La mayoría de los que están ocupados son de los que tiene la Generalitat en el barrio de Campclar, aunque también hay otros con inquilinos sin título habilitante en el barrio de Sant Salvador, en Torreforta, en Bonavista y en Sant Pere i Sant Pau.

Esta situación afecta de pleno a los vecinos de los barrios. «En los últimos años han crecido mucho las ocupaciones, ya que mucha gente se ha quedado sin trabajo y tienen que buscarse la vida», señala Maria Dolores Miras, presidenta de la Asociación de Vecinos La Cuarta de Campclar, que añade que «hay de todo, en algunos casos los ocupas se portan bien, en otros son conflictivos, algunos cultivan drogas, etc.». Con todo, Miras lamenta que dichas ocupaciones comportan en muchos casos que muchos pisos estén en mal estado, lo que provoca a su vez que muchos edificios enteros se encuentren en una grave situación de deterioro.

Asimismo, la presidenta de la entidad vecinal alerta de que en muchos casos estas ocupaciones ilegales van acompañadas de conexiones fraudulentas a los suministros de luz, gas y agua. De hecho, un intento fallido de pinchar el gas provocó en noviembre de 2019 que hasta cinco edificios situados en la calle Riu Brugent del barrio se quedaran sin suministro. Así estuvieron durante más de un año, pues fuentes de la Generalitat aseguran que las obras terminaron el pasado mes de enero y los bloques afectados recuperaron el suministro.

Con todo, desde la Agència Catalana de l’Habitatge defienden que cuando se detecta una ocupación ilegal en alguno de los inmuebles de su propiedad interponen una demanda judicial con el objetivo de recuperarlos. No obstante, señalan que, además de que los procesos judiciales suelen ser largos, la nueva prorroga de la moratoria de los desahucios debido a la crisis de la covid-19 hace que estos sigan sin producirse hasta que los servicios sociales no encuentran una solución alternativa. Fue el martes día 26 de octubre cuando el Gobierno decidió ampliar está suspensión de los lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional hasta el próximo 28 de febrero de 2022.