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Ordenan cesar la actividad nocturna de la TAP  

Un juzgado condena la inacción del Ayuntamiento para garantizar los derechos de los vecinos, y ordena cesar las actividades entre las 21 horas y las 7 de la mañana

Norián Muñoz

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Imagen de la Tarraco Arena Plaça rodeada de edificios. Foto: Pere Ferré

Imagen de la Tarraco Arena Plaça rodeada de edificios. Foto: Pere Ferré

Tras casi una década de lucha, una pareja de vecinos de la Tarraco Arena Plaça ha conseguido que un juzgado les dé la razón: el Ayuntamiento de Tarragona no ha hecho lo suficiente para controlar que durante los eventos no se superen los límites de ruido permitidos, algo que les ha ocasionado distintos problemas de salud.

Así lo dictamina una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Tarragona del 9 de mayo, que recoge textualmente: «Ordeno al Ayuntamiento de Tarragona a adoptar cuantas medidas sean necesarias y en particular cese de la actividad ante las inmisiones que provocan los ruidos, desórdenes, gritos y grupos electrógenos de la instalación Tarraco Arena Plaça gestionada por la entidad Apic SL desde las 21 horas hasta las 7 de la mañana en tanto no quede plenamente acreditado que se cumple la normativa catalana sobre ruidos y las prescripciones de la licencia municipal con la que cuentan. En el momento que se levante la suspensión deberán realizar las mediciones de los ruidos con el fin de comprobar que las inmisiones acústicas no superan los límites legalmente permitidos».

El abogado de los vecinos, Joaquim Martí Martí, especialista en temas de ruidos, explica que el Ayuntamiento cuenta con tres meses para cumplir la orden judicial y está obligado a acreditar ante el juzgado que no se superan los niveles de ruido que permite la ley. Incluso aunque el consistorio decida apelar, estará obligado a cumplir con la orden.

En el caso de que no cumpliera, explica Martí, el consistorio se vería expuesto a una multa. Además, los vecinos afectados están dispuestos a iniciar una demanda por la vía penal, con lo que se podrían pedir penas de prisión para los responsables municipales.

Consultados al respecto, desde el ayuntamiento señalan que están en conocimiento del tema porque en la Junta de Gobierno Local del pasado día 5 de julio se dio cuenta de esta sentencia y ahora los servicios técnicos municipales lo están estudiando.

Desde de la Diputació de Tarragona, dueña del equipamiento, aseguraron no tener información de la sentencia, igual que por parte de la empresa gestora.

En la TAP hay varios conciertos programados hasta final de año. El más próximo es el 27 de julio, un homenaje a Queen.

Una lucha que viene de lejos

«No estamos en contra de que se organicen eventos, estamos en contra de que no se nos deje estar en casa por exceso de ruido», es lo primero que aclara el vecino que inició toda la lucha.

Relata que las primeras quejas al Ayuntamiento las presentaron en 2010. Desde entonces comenzó una de sus pesadillas, los grupos electrógenos que colocaban debajo de su casa funcionando de día y de noche con los consecuentes ruidos y malos olores.

El vecino muestra vídeos en los que hace mediciones con un audímetro a diferentes horas. Y aclara que el problema no dura sólo mientras se hacen los eventos, sino también durante el montaje y desmontaje que se hacen a cualquier hora.

Durante algunos días de conciertos la familia se ha visto obligada a marchar de su casa. «Ha habido días que hemos tenido que estar todo el día con tapones en las orejas y por las noches irnos a dormir con tranquilizantes y somníferos. Nos medicamos por ataques de ansiedad y migrañas persistentes. Mi mujer incluso sufrió un desmayo por un ataque de ansiedad por exceso de ruido», apunta el hombre, que señala que hay días en que vibra todo el piso haciendo que las ventanas tiemblen a pesar de ser triples.

Dice que «la TAP tiene una cubierta metálica que hace como de altavoz, lo que hace que reverbere con los bajos de la música de discoteca. Puede que en la calle el ruido no sea tanto, pero al nivel de la cúpula el ruido es muy fuerte». Además, en algunos casos, por el calor, han abierto la cúpula durante los conciertos y es peor.

Visto que no obtenían solución, en verano del año pasado contrataron, de su bolsillo, dos audiometrías, que les costaron más de mil euros cada una. Ambas demostraron valores por encima de los que marca la normativa municipal.

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Viendo los resultados, el abogado les recomendó ir a juicio. «Quedaba clarísimo el incumplimiento del Ayuntamiento».

Este abogado fue el mismo que llevó el caso en 2016 en el que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dio la razón a un grupo de vecinos de Vilanova i la Geltrú que se quejaba del ruido que generaban unos festivales que se realizaban cerca de sus viviendas. «Se nos acusó de querer acabar con la cultura, pero nosotros sólo defendíamos los derechos de los vecinos a vivir en sus casas. Al final los festivales se trasladaron y la gente siguió yendo», asegura.

También ha sido el encargado de representar a los vecinos de L’Ametlla de Mar que denunciaron los ruidos que causaron durante años tres locales de su calle. El ayuntamiento fue sentenciado a principios de este año a pagar dos mil euros de indemnización a cada uno de los vecinos afectados.

En el caso de Tarragona, el Ayuntamiento además deberá pagar 3.000 euros a cada uno de los dos vecinos denunciantes.

Más vecinos afectados

Más allá de quienes iniciaron la demanda, ayer había otros vecinos aliviados ante la esperanza de que, por fin, se escuchen sus quejas. Alicia Rambla, de la calle Sevilla, explicaba que durante los conciertos es imposible escuchar la televisión aunque se tengan las ventanas cerradas. En su caso también se ha visto obligada a marchar de casa por el ruido «y cuando llamas a la Guàrdia Urbana te dan a entender que no hay nada que hacer».

Otro vecino, esta vez de la calle Mallorca, apunta que los problemas no sólo se generan durante los eventos en sí, sino en las entradas y las salidas y en todo el entorno. «He llegado a encontrarme a gente drogándose dentro de mi portal», apunta.

También se queja de los problemas de limpieza que generan algunos eventos (orines, vasos, botellas...) y de que no pasan a limpiar sino hasta horas después. «No queremos que se dejen de hacer cosas en la ciudad, sino que haya un control para que no generen este impacto en la vida de los vecinos», asegura.

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