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Parcel·les Iborra, en Tarragona, pide un polígono propio para evitar el derribo de casas

El Ayuntamiento rechaza la propuesta y convoca a las familias para ofrecer vivienda alternativa a los que vivan realmente allí

Jordi Cabré

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Los vecinos de las Parcel·les Iborra aseguran que no piensan moverse de sus casas y que lucharán hasta el final por evitar su derribo. Foto: p.ferr.e/dt

Los vecinos de las Parcel·les Iborra aseguran que no piensan moverse de sus casas y que lucharán hasta el final por evitar su derribo. Foto: p.ferr.e/dt

La desesperación de las diferentes familias que tienen vivienda en Parcel·les Iborra, un conjunto de casas situadas muy cerca del estadio del Nàstic, quedó reflejada en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Tarragona.

Una amplia representación de los vecinos –apoyados por la CUP– convocaron a los medios de comunicación para exponer la situación de incertidumbre que viven desde hace unos años tras saber que sus casas deben desaparecer con el desarrollo urbanístico de esa parte de la ciudad.

Por ello, tras reuniones mantenidas a lo largo de la pasada legislatura y la presente con concejales del gobierno: Xavier Tarrés, Carles Castillo y actualmente Josep M. Milà, los vecinos consideran que nadie está de su parte y exigen una reunión con el alcalde Ballesteros para arrancar un compromiso firme.

La propuesta de los vecinos es clara: quieren que se modifique el Plan de Ordenación Urbana (POUM) para poder crear un polígono residencial que proteja sus propiedades. Recuerdan que en Pou Boronat existen las Cases Barates siguiendo esta fórmula. Sin embargo, el concejal de Urbanisme, Josep M. Milà, es claro y conciso. La propuesta es rechazada porque el POUM no la contempla.

Para el concejal, el desarrollo urbano de esa zona de la ciudad se debe ejecutar sin las casas y el bar que existe. Por ello, esta semana quiere reunirse individualmente con cada propietario y analizar la situación caso por caso. Milà recuerda que la Llei d’Urbanisme obliga a realojar a las personas que pierdan su casa, pero este realojo es en alquiler social. Sin embargo, el Ayuntamiento está dispuesto a ir más allá y a los vecinos que vivan permanentemente allí se les ofrecerá una vivienda proporcional a la superficie de sus actuales casas. La negociación con aquellos que no residan allí deberá realizarse de forma individual.

Los vecinos, que no quieren marcharse pase lo que pase, aseguran que han contratado un abogado para intentar defender sus intereses hasta el final.

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