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Patrimonio público... o patrimonio político?

Enric Casanovas

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Tarragona es una magnífica ciudad llena de oportunidades urbanísticas, ancladas y arrodilladas posiblemente en relación a quien ostenta la propiedad de ciertos espacios urbanos y edificios cerrados por motivos desconocidos, injustificables, incluso punibles.

Sin ir más allá, unos 20.000 metros cuadrados de zonas verdes entre Via Augusta y Passeig de Sant Antoni, para uso, goce y disfrute de unos pocos. Se trata de unos terrenos adscritos a la Diputació de Tarragona, de los cuales la ciudadanía y el turismo no pueden disfrutar.

No olvidemos tampoco los 63.000 metros cuadrados del Preventorio de La Savinosa, cerrados a cal y canto hace 40 años mientras algunos gestores políticos «piensan» qué hacer. Dentro de poco, auguro que el concurso para descatalogar la Savinosa tendrá solo como respuesta ofertas de carácter terciario que no devolverán a la ciudadanía este espacio verde vital que le pertenece.

Tampoco pasen de largo los 90.000 metros cuadrados de espacios verdes de La Residencial que la Generalitat de Catalunya tiene cerrados desde ya hace 5 años, supongo que para beneficio de la imagen turística de esta ciudad.

En total, esta ciudad tiene, en estos tres ejemplos (hay muchos más) cerrados sin motivo y sin buscar soluciones rápidas e inmediatas unos 173.000 metros cuadrados verdes, o 17 hectáreas. Para que se hagan una idea es como un cuadrado de 415 metros de lado, el equivalente a todo lo que ocupa el casco antiguo de esta ciudad, o bien el equivalente a 25 campos de fútbol.

Y es que no saber qué hacer con los edificios de la Residencial o el Preventorio de La Savinosa u otros espacios no impide una delimitación o vallado urgente, barato y efectivo de los edificios cerrados para la inmediata devolución a la ciudadanía de un derecho robado sobre un espacio verde que le pertenece, que puede ser utilizable y transitable. ¿Acaso es patrimonio privado de los políticos o moneda de cambio? Simplemente haría falta un vigilante para cada zona para el orden y cuidado público. ¿Pero acaso ya no tienen vigilantes estos espacios? Pues lo mismo; a vigilar.

Me enerva ver a determinadas Administraciones lanzar un mensaje de apoyo a Tarragona 2017, cuando no se resuelven cuestiones vitales de capital importancia para un evento que devolvería capitalidad indiscutible y prestigio internacional a Tarragona. Son decisiones políticas de bajísimo coste económico y que pueden movilizar la ciudad, la ciudadanía y motorizar este turismo de calidad y cultura que tanto ansían las ciudades patrimoniales. Pocas masas, pero de calidad.

Devolver a la ciudad y al público espacios cerrados sin motivo aparente es, desde mi punto de vista hacer un flaco favor a una apuesta internacional de 2017, que necesita al apoyo unánime de los gestores del patrimonio público de las diferentes Administraciones. Por ello se denomina así: patrimonio público. Por tanto, hacen falta acuerdos urgentes entre Administraciones que pueden tener resultados efectivos en pocos meses.

Quiero recordar a los gestores públicos que hay una Ley 9/1993 del Patrimoni Cultural Català tan insuficiente como inefectiva y que los grupos políticos deben presionar para el cambio. Solo penaliza al propietario privado que no cuide su edificio o espacio BCIN o BCIL, pero jamás obliga a la Administración Catalana a la responsabilidad del mantenimiento del patrimonio público. La dejadez política no se regula, ni se penaliza.

Para que el ciudadano lo entienda, desde hace décadas, grupos expertos en mantenimiento de edificios privados y públicos difunden que un edificio de uso terciario puede representar en costes anuales de mantenimiento de 25-40 €/m2. Los casi 20.000 m2 construidos en La Ciutat Residencial necesitan en términos simples y llanos una inversión para preservar el bien entre 500.000 y 800.000 €/anuales. Sabemos además que el deterioro de un edificio cerrado se multiplica exponencialmente pudiendo llegar a representar en solo 10 años una inversión entre 5 y 10 veces más los costes de mantenimiento. Entonces la pregunta es clara. ¿A quién corresponde la responsabilidad de los costes de rehabilitar edificios que no se han mantenido que pagamos con los impuestos de los ciudadanos?

Le ley catalana de patrimonio se atrapa a si misma impidiendo la enajenación (alinear) de edificios BCIL o BCIN o lo que lo mismo, una cesión a terceros. No así los edificios clasificados BC (como La Ciutat Residencial) que pueden ser cedidos, simple y llanamente para que no haya sobrecostes de mantenimiento en el tiempo. Lo que no tendría sentido es que la Administración pretendiera cobrar alquiler por edificios abandonados que no se mantienen y cuyo coste de reparación recaen en los impuestos ciudadanos. El simple uso preserva del deterioro, asumiendo el gestor/explotador lógicamente todas las obras de reparación y puesta en marcha, así como el mantenimiento.

Ya ven señoras y señores. Una de patrimonio para una ciudad eternamente bella que está anclada por puras decisiones de unos pocos, y que van a generar auténticas fortunas en costes de rehabilitación para el futuro. Cierto es que los errores políticos se pagan caros, pero el inmovilismo es todavía peor, como la desidia. Se trata de aspectos de la responsabilidad política todavía no explorados para quienes, en el futuro, deberán dar cuentas de la mala gestión del patrimonio público y los sobrecostes generados.

Animo pues, a quienes puedan ver en esta crítica que creo justificada, la posibilidad de dar a esta ciudad un vuelco inmediato y con efectos positivos para el futuro de esta ciudad. Desde mi punto de vista, no hacerlo puede suponer un severo revés para el hito de 2017 y para el devenir de la calidad turístico-cultural de esta ciudad.

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