Pena de multa para los acusados de destruir dos sarcófagos romanos en TGN

El fiscal solicitaba inicialmente para ellos entre 24 y 30 meses de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico

19 mayo 2017 20:11 | Actualizado a 21 mayo 2017 21:32
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Las tres personas que fueron juzgadas por destrozar dos sarcófagos romanos que encontraron durante las obras de construcción de un edificio cerca de la Via Augusta de Tarragona sólo tendrán que hacer frente a una multa económica y no a pena de prisión, como solicitaba el fiscal. Así lo ha determinado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, que ha confirmado la sentencia dictada inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 4. Los magistrados consideran probados los hechos pero también aceptan la atenuante de confesión, algo en lo que no está de acuerdo el Ministerio Público, que asegura que si el caso salió a la luz no fue por la divulgación que hicieron los acusados, sino por la denuncia de una tercera persona.

José María G.G. y Jordi P.Ll. –de Dragados y Construcciones– han sido condenados a pagar una multa de 1.080 euros –además de indemnizar al Departament de Cultura de la Generalitat con 80.000 euros–, y 960 Marc B.P. –de Tarracomar Inversiones–. Se les ha apreciado las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y confesión. Los tres tendrán que abonar a Cultura de la Generalitat 13.000 euros más. El fiscal pedía para los dos primeros dos años de cárcel y multa de 4.680 euros, y para el último, dos años y medio de cárcel y multa de 10.800 euros. La Generalitat solicitaba pena de multa y 21 meses de prisión. Los 80.000 euros de indemnización, dice la Audiencia, serán destinados por la Generalitat a fines de promoción y conservación del patrimonio arqueológico romano de Tarragona, debiendo dar cuenta al Juzgado del destino empleado. Por su parte, los otros 13.000 tendrán que ser empleados en la reparación del sarcófago dañado.

Los hechos

La sentencia declara probado que en una fecha próxima al 16 de septiembre de 2009 se estaban efectuando obras de edificación en un nuevo edificio cerca de la Via Augusta. La condición que puso la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona fue que los movimientos de tierras tenían que efectuarse bajo control arqueológico.

Los trabajos se efectuaban en el área de estacionamiento para uno de los trasteros, que no figuraba en los planos remitidos a los técnicos municipales. La promotora del edificio era Tarracomar Inversiones SL y la constructora, Dragados y Construcciones SA.

Durante la operación, el operario de la retroexcavadora topó con una plancha metálica, que resultó ser la cobertura superior del ataúd de plomo de un enterramiento romano, y más tarde, con otro. En total se hallaron tres fosas y dos ataúdes, datados entre finales del siglo II y la primera mitad del siglo III dC. Se desconoce si existía un tercer sarcófago correspondiente a la fosa vacía. Los ataúdes, con tegula –teja– romana, contenían restos romanos en su interior; uno de ellos, muy bien conservado. Se desconoce si existía ajuar funerario.

El operario dio cuenta de los hallazgos al acusado José María G.G., encargado de la obra por Dragados y Construcciones, y éste a Jordi P.Ll., jefe de obra de la misma empresa. Ambos, en un encuentro a pie de obra con Marc B.P., administrador de Tarracomar Inversiones, decidieron ocultar el primer ataúd y las fosas, volcando hormigón por encima de una de las riostras –pieza que asegura armazones o estructuras–. En el caso del segundo ataúd, se procedió a destruirlo completamente y a ocultar los restos bajo una zona ajardinada con la finalidad de dificultar su descubrimiento.

Desde el punto de vista arqueológico, el valor del ataúd y su contenido destrozado e irrecuperable ha sido evaluado como incalculable por la pérdida de información contextual que su destrucción ha supuesto.

El ataúd recuperado, con leves daños en la cubierta de plomo –debidos a la primera acción del diente de la retroexcavadora mientas todavía estaba enterrado– ha sido evaluado en 100.000 euros, mientras que los desperfectos en la cubierta de plomo pueden fijarse en 13.000 euros.

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