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La fiscalía pide cuatro años de prisión para una cuidadora que está acusada de apropiarse de casi 20.000 euros de una abuela. Según el relato del ministerio fiscal, la procesada convivía con la víctima, nacida el 21 julio 1928, y se aprovechaba de su confianza para sacar dinero de las cuentas bancarias sin su conocimiento.
Entre enero del 2013 y el enero del 2015 la cuidadora dispuso de 36.221 euros. De este importe, hay 19.590 euros que no ha podido justificar que fueran utilizados para cubrir las necesidades de la mujer, según la fiscalía. El caso llegará a juicio el 13 de noviembre a la Audiencia de Tarragona.
La fiscalía señala que la procesaba constaba junto con la abuela como titular de una cuenta corriendo donde únicamente se recibían ingresos procedentes de las pensiones que cobraba la anciana, así como las rentas que producían los fondos bancarios de que disponía y el producto de la venta de una vivienda por 90.000 euros de diciembre del 2007.
Como titular de la cuenta, la acusada disponía y hacía reintegros “sin dar justificación a la señora y sin su conocimiento por la confianza que tenía depositada en ella al ser su cuidadora”, según el ministerio público.
El 30 de enero del 2014, un juzgado de primera instancia de Tarragona dictó sentencia de incapacidad de la anciana. En un primer momento, nombró como tutora la sobrina, pero al rechazarlo ésta, el 22 de enero del 2015 se nombró como tutora a la Fundación STS. La procesada continuó como cuidadora y viviendo en casa de la abuela porque la anciana así lo había pedido ante notario.
La acusada, continuando como titular de la cuenta de la mujer, dispuso entre el 30 de enero de 2013 y el 3 de enero de 2015 de 36.221 euros, de los cuales 19.590 no ha podido justificar que fueran utilizados para cubrir las necesidades de la mujer.
El 3 de febrero del 2015 la procesada hizo una transferencia de 12.596 euros no autorizada por la mujer que menguó considerablemente su patrimonio. Ante esto, la fundación transfirió el saldo restante de la cuenta, 26.476 euros, a otro de la institución, “para salvaguardar el resto del patrimonio”.
Según la fiscalía, los hechos constituyen un delito de apropiación indebida por el cual solicita cuatro años de prisión y una multa de 2.400 euros, además del pago de las costas procesales
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide a la procesada que indemnice la fundación STS, como tutora de la mujer, en la cantidad de 19.590 euros.
