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Piden 5,5 años de prisión para los responsables de un club cannábico de Tarragona

En el banquillo se sentarán el presidente, el secretario, el tesorero y el encargado

Àngel Juanpere

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Dos agentes de la Guàrdia Urbana, delante del club cuando fue registrado. FOTO: DT

Dos agentes de la Guàrdia Urbana, delante del club cuando fue registrado. FOTO: DT

La Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para los cuatro responsables de la Asociación Diógenes Smoking Club, un club cannábico de Tarragona, por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Además, el fiscal también pide el pago de una multa de 10.400 euros, la suspensión de actividades por un plazo de cinco años, la clausura de locales y establecimientos de la asociación por el mismo plazo, y la prohibición definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido, favorecido y encubierto este delito.

El próximo 15 de marzo tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona una vista para ver si se llega a una posible conformidad entre las partes sobre la pena a imponer a los procesados.

En el banquillo de los acusados se sentarán los tres miembros de la junta directiva –presidente, secretario y tesorero–, así como la persona que realizaba la venta de la sustancia estupefaciente en el local de la asociación y que en su día ostentó el cargo de secretario.

El escrito de acusación apunta que los acusados decidieron dedicarse a la venta de marihuana con la finalidad de obtener beneficios económicos. 

Los estatutos
Los procesados procedieron a redactar unos estatutos de constitución de la Asociación Diógenes Smoking Club, confeccionados con fecha 20 de septiembre de 2013. Fueron presentados para su inscripción en el Negociat d’Entitats Jurídiques de los Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Justícia el 19 de junio de 2015. En el redactado no se incluían como fines de la asociación ni el cultivo de la marihuana ni su venta, estableciendo expresamente que «la asociación no pretende en modo alguno llevar a cabo ninguna de las conductas consideradas como delito contra la salud pública en el Código Penal (...)».

La entidad se estableció sin patrimonio inicial. El 25 de julio de 2014 el presidente comunicó al Ayuntamiento de Tarragona la apertura de un club social privado de fumadores de cannabis, aportando documentación técnica, informe de incendios y autoliquidación de tasa, junto con otros documentos. El 16 de noviembre el Ayuntamiento comunicó la existencia de informes negativos a la autorización de la licencia de apertura pedida. 

Las personas que se inscribían como socios de la asociación no pagaban ningún tipo de cuota por pertenecer a la misma, limitándose a pagar las cantidades de sustancia estupefaciente que se les entregaba. Vendían el gramo de marihuana a cinco euros. 

A partir de la petición de licencia al Ayuntamiento, la Guàrdia Urbana de Tarragona, conjuntamente con la Guardia Civil, comenzaron una investigación y controlaban las personas que entraban y salían. En dichas vigilancias, distintas personas se acercaban al local, permaneciendo en el interior escasos minutos –entre dos y ocho–, y salían al exterior tras haber adquirido la sustancia estupefaciente.

El 27 de julio, los agentes pidieron al Juzgado una petición de entrada y registro, que fue denegada. Por ello, siguió la investigación. Finalmente, cuando la causa ya estaba en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, el 10 de noviembre se solicitó de nuevo autorización para acceder al local y en este caso se concedió. Y así se hizo a las 15.44 horas del día 12 de noviembre. 

Los agentes encontraron marihuana repartida por todo el local y de diferente calidad , así como bolsas autocierre, básculas de precisión, etc. Al presidente se le intervinieron 800 euros procedentes de la venta de la droga. La sustancia intervenida pesaba 375 gramos, con un valor de 1.710 euros.

No cultivaban
En su día, el presidente declaró que había creado la entidad sólo para el consumo de cannabis y que en ningún momento plantaban ellos la droga, sino que se la compraban a otras personas. Los aproximademente 200 socios que tenían no pagaban ninguna cuota y que cada uno podía retirar un máximo de cuatro gramos al día –cada uno se pagaba a cinco euros–, que no podían consumir fuera del local. 

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