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El Ayuntamiento de Tarragona aprobó el pasado 24 de julio un polémico decreto por el cual la celebración de comidas populares cocinadas en la vía pública pasa a estar permitido sólo en el caso de que las organicen asociaciones de vecinos en el marco de las fiestas de su barrio, y siempre y cuando estén incluidas en el programa. El consistorio pretende regular así el «conflicto de intereses» que, a su juicio, generan las típicas paellas, sardinadas o fideuàs que se cocinan en la vía pública durante todo el año y especialmente en verano.
El decreto regula además una serie de requisitos añadidos a estos acontecimientos, que incluyen aportar un plano del lugar, con una indicación clara del espacio donde se llevarán a cabo y la ubicación de los elementos a utilizar y la distancia justificada para minimizar las posibles molestias por humos y olores; y una indicación del sistema de ignición a utilizar y medidas a adoptar, tanto las preventivas como las posteriores a la celebración del acto, en relación con la integridad, preservación y limpieza de espacios para minimizar molestias a los vecinos colindantes.
Voces contrarias
Las voces contrarias al decreto no tardaron en hacerse oír:asociaciones y federaciones de vecinos, partidos políticos como la CUPo ERC, ciudadanos a título individual en las redes sociales, articulistas y colaboradores de medios de comunicación... Una de las voces más críticas ha sido sin duda la CUP, que de hecho a llamado a los tarraconenses directamente a desobedecer la nueva normativa, al considerarla injusta e injustificada.
El principal motivo que esgrime la formación es que «limitar las comidas populares en la calle supone un paso más en la mercantilización del espacio público, una traba sin sentido a la autoorganización popular, de las personas más allá del mercado, y un ataque directo al derecho de la ciudad». La CUP critica en especial el contraste entre la limitación de la actividad ciudadana en la vía pública por un lado y la proliferación, por otro, de las terrazas pertenecientes a negocios privados.
‘Conflicto de intereses’
El Ayuntamiento justifica el decreto en el «conflicto de intereses» que se genera en este tipo de eventos:por un lado, el interés de la entidad que organiza el acto, y por otro el de los vecinos residentes en el entorno y resto de usuarios habituales de ese espacio público, a quienes estos actos causan, en mayor o menor medida, algunas molestias como ruidos, aglomeraciones, humos o cortes de tráfico. «Ante la duda, siempre hay que anteponer el interés general por encima del particular, por lo que las autorizaciones municipales a este tipo de actos deben seguir siempre criterios muy restrictivos», argumentan desde el consistorio tarraconense.
El Ayuntamiento insiste también en que lo que se ha restringido con la nueva normativa no es la ocupación de la vía pública para comidas populares, que sigue bajo el mismo régimen jurídico anterior, sino el hecho de cocinarlas y hacer fuego en la vía pública, por las referidas cuestiones de molestias por humos y olores y también por motivos de seguridad.
En realidad, el consistorio se ha limitado a aplicar el artículo 112 del Reglamento de Espectadores Públicos y Actividades Recreativas (REPAR), que sólo permite eventos de este tipo si se celebran con motivo de fiestas y verbenas populares o de festivales o certámenes que cuenten con una amplia participación de la población directamente afectada; se celebren en fechas o vísperas festivas, dentro de horarios en que su impacto sea admisible para los usos sociales mayoritarios o se celebren en lugares situados a la distancia necesaria de los núcleos habitados, de manera que no causen molestias perceptibles a la gente que reside cerca».
