Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Polémica por las ayudas para investigadores predoctorales

Las universidades no pueden afrontar los gastos que supone el decreto aprobado desde Madrid, lo que deja a los estudiantes en una situación de incertidumbre sobre su futuro

Núria Riu

Whatsapp
La Universitat Rovira i Virgili tiene más de un centenar de investigadores predoctorales.  FOTO:  pere ferré

La Universitat Rovira i Virgili tiene más de un centenar de investigadores predoctorales. FOTO: pere ferré

Son la cantera de la investigación de nuestro país. Sus trabajos y publicaciones tendrán una incidencia sobre el desarrollo de la sociedad, y el impacto de sus artículos contribuye de forma directa en el prestigio de la universidad. Los predoctores acostumbran a ser figuras poco conocidas. Por ello está pasando tan desapercibida la polémica que en estos momentos afecta a una parte de este colectivo.

El problema no es exclusivo en la Universitat Rovira i Virgili (URV). De hecho, el conjunto de universidades catalanas se ven envueltas en una situación que deja a los afectados en un escenario de incertidumbre sobre su futuro. El origen se remonta a la aprobación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), un Real Decreto al que daba luz verde el Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo. 

Entre otras medidas, suponía una mejora de las condiciones retributivas y de las condiciones de trabajo de estos jóvenes investigadores. Así, se establecía un aumento del salario mínimo, que se fijó en 16.422 euros anuales. También se fijó que la duración de los contratos no podrá ser inferior a un año ni exceder los cuatro.

En su comparecencia posterior, la portavoz del Ejecutivo Central, Carmen Calvo, apuntó que el nuevo reglamento dará «claridad» y «estabilidad» a estos investigadores predoctorales. Sin embargo, esta declaración de intenciones se ha topado con un sistema infrafinanciado. En reiteradas ocasiones los rectores de las universidades catalanas han alertado de ello. «El problema es que estábamos muy contentos, porque a lo mejor hacía unos diez años que estábamos esperando este decreto, pero al final se ha acabado convirtiendo en un drama, porque no viene acompañado de la asignación presupuestaria correspondiente», argumenta la rectora de la URV, María José Figueras.

En función de si la beca la ha concedido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat o la URV, las condiciones salariales y la duración del contrato es diferente. Las de Madrid son de cuatro años, mientras que las autonómicas y las Martí Franquès son de tres años. Por otro lado, se ha establecido un salario igual para todos los programas, que ha pasado de 14.575,20 euros (prorrateados en tres años) a 16.511,58, lo que supone un incremento anual de 1.936,38 euros por beneficiario. 

Falta de información

Sandra está en el tercer curso de su programa de doctorado y en cuestión de meses se le acabará el contrato. Detrás de este nombre ficticio se esconde una persona graduada en Química y con un máster. Fue una de las beneficiarias del programa Martí Franquès, que le proporcionó un salario de unos 13.800 euros brutos los dos primeros años y de unos 14.500 este último. «Digamos que los dos primeros años son para aprender y el último lo pasas escribiendo la tesis», argumenta. A parte del trabajo de investigación hace sesenta horas de docencia al año.
Sandra denuncia que no sabe qué pasará con su futuro. Si podrá seguir un año más o no. «Tuvimos que empezar a movernos nosotros porque no nos habían dicho nada desde la universidad y, por el momento, lo único que sabemos es que se están valorando las repercusiones. Desconocemos si hay un posicionamiento claro sobre qué va a hacer la URV», añade. 

En total son 56 los investigadores predoctorales que están en el tercer año y que, cuando vieron el decreto aprobado por el Gobierno, pensaron que tendrían la oportunidad de seguir. «A partir del segundo año es cuando eres más productivo. Por otro lado, está que después tienes que competir con las personas que han estado cuatro años, en cuanto artículos publicados, y no estás en las mismas condiciones», sigue explicando esta persona.

Los afectados denuncian que la dirección de la Rovira i Virgili se escuda en la falta de recursos, mientras en el Consell de Govern del martes se aprobaron otras cincuenta becas Martí Franquès a las que se ha destinado una partida de 3,2 millones del remanente. 

Problemas de financiación

La rectora de la URV asegura que «el problema realmente es de dinero». Según los cálculos aproximados que ha llevado a cabo, asumir estos cambios supondría para la universidad un gasto extraordinario de más de dos millones de euros. «Es una dimensión muy importante para nosotros», asegura Figueras. La partida para becas de la universidad es de 5,3 millones de euros. «Ahora la cifra de beneficiados es de 108 personas, mientras que si tenemos que asumir estos gastos adicionales sólo podríamos otorgar 75», justifica.

Algunas universidades ya tienen asumido que tendrá que atender al incremento salarial. En cuanto a ampliar las becas un año más, aseguran que el escrito da pie a confusiones. «La interpretación no está clara. Se nos dice que si en los contratos no está implícitamente escrito que es prorrogable a un cuarto año, no debe aplicarse. Tan solo la UAB lo tiene, por tanto ellos tendrán que pagar, pero el resto de universidades no», dice la rectora.

La Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR), que gestiona las becas de la Direcció General d’Universitats, de momento mantendrá los contratos a tres años. «Entiendo que la Generalitat debe marcar la tónica», afirma la rectora quien, por otro lado, defiende que «en esto todos debemos ir a una». El próximo martes día 25 tendrá lugar una nueva asamblea de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) de la que se espera que salga un pronunciamiento conjunto.

Mientras tanto, algunas de las universidades afectadas, entre ellas la URV, ya han presentado un recurso contencioso administrativo en contra de la aplicación del reglamento. 

Temas

Comentarios

Lea También