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¿Por qué la industria tarraconense no se beneficiará de la reducción en la tarifa eléctrica?

El Gobierno incluye en su pacto con el PNV una reducción de los costes eléctricos 

Núria Riu

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Panorámica del polígono petroquímico de Tarragona.

Panorámica del polígono petroquímico de Tarragona. Lluís Milián

Pactar los Presupuestos Generales del Estado tiene recompensa. No tan solo por la reducción del cupo que ha conseguido el PNV o los más de 3.300 millones para desencallar el proyecto de la Y vasca. En materia energética la industria de este territorio  vuelve a conseguir una rebaja que se traducirá en más de 50 millones de euros de ahorro para unas 790 empresas, tras una concesión de la que quedan excluidas las empresas catalanas.

Con el pacto entre el PNV y el PP, el Gobierno central se compromete a llevar a cabo un cambio del modelo tarifario que entrará en vigor a partir de 2018. Éste supondrá la eliminación de la tarifa  eléctrica de alta tensión denominada 6.1B, de forma que las empresas que por razones históricas están conectadas a las redes de alta tensión de 30.000 voltios quedarán dentro de la tarifa 6.2, que es más económica. «Si la tensión es más alta, representa que ocupas menos red y por tanto la factura es más económica», explica un experto en materia energética.

Supondrá un importante ahorro energético en los peajes que pagan estas empresas. Y, aunque el País Vasco es la comunidad más beneficiada, no se trata de la única. Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra también salen favorecidas, mientras que una parte de Andalucía también se verá afectada.

No obstante, el problema no resuelve la demanda de una reducción de los costes energéticos para la industria catalana. Aquí la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios, por lo que las 3.277 empresas catalanas, altas consumidoras de energía, se verán en la misma situación. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, con 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla La Mancha. 

La situación la denunció la plataforma KV25/30, una asociación sin ánimo de lucro en defensa de los intereses de las empresas de energía eléctrica, de la que forman parte sociedades como Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Transports Metropolitans de Catalunya. En un comunicado apuntaba que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros al año por estar mal encuadradas».

En la senda del ministro Soria
De hecho, el acuerdo de ahora con el PNV supone un nuevo beneficio para los altos consumidores vascos después de la rebaja que ya aprobó el anterior ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria. Fue en diciembre de 2014 cuando el entonces titular de este departamento también dio luz verde a la congelación de una parte de la factura correspondiente a los peajes también para los clientes con una tensión de suministro de más de 30 kV. Con el cambio, estas compañías consiguieron una rebaja del 4% en su factura de la luz.

Pese a ello, el Gobierno no ha dado su brazo a torcer en aspectos como las redes cerradas. Se trata de una reivindicación que desde el sector químico tarraconense se ha presionado mucho para que siguiera adelante y que debe permitir a las empresas compartir costes a partir de este sistema de redes cerradas. Las empresas aseguran que es una medida clave para aumentar su competitividad.

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