Primer paso para la recuperación del entorno del Teatre Romà

La recuperación del entorno del Teatre Romà es una asignatura pendiente que la ciudad de Tarragona debe abordar si quiere poner en valor este monumento. La iniciativa ha estado durante muchos años en la lista de asignaturas pendientes. Sin embargo, están a punto de darse los primeros pasos para que el viejo complejo gane relevancia.

La operación no será nada sencilla. No obstante, está a punto de darse un salto adelante para resolver el primer trámite, que durante los últimos años ha estado en suspense por culpa de la falta de consenso. Éste hace referencia al traslado de los inmuebles adyacentes, que posteriormente deberán permitir seguir excavando para conocer más detalles sobre este bimilenario equipamiento.

El proyecto generó un conflicto con los vecinos de Cases Barates

La recuperación de este espacio queda recogida en el POUM aprobado en 2013, el cual, de acuerdo con las instrucciones de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, describe que el teatro es un equipamiento histórico y artístico con una zona de protección que va más allá de la estructura propiamente dicha.

Esto supone que la zona de protección tiene que hacerse extensible hacia los terrenos comprendidos entre las calles Zamenhof, Sant Miquel y Nou de Santa Tecla. Se trata de una superficie de unos 6.000 metros cuadrados aproximadamente, en los que se encuentran naves de la zona portuaria. De acuerdo con la ordenación aprobada, estos edificios deben moverse. Y aquí es donde se generó el problema. Inicialmente estaba previsto su traslado al entorno de Cases Barates, en concreto, en la zona verde conocida como La Col·lectiva. Esto despertó el rechazo de estos vecinos, que se opusieron completamente a la posibilidad de perder un parque que se acababa de construir en aquellos momentos. 

Finalmente esto hizo que los afectados pusieran un contencioso administrativo, que podría tener las semanas contadas.

Respetar Cases Barates
Finalmente, el Ayuntamiento de Tarragona ha decidido que estas naves se trasladen a Sant Pere i Sant Pau, en unos terrenos junto al CAP. El responsable municipal del área de Territori, Josep Maria Milà, explica que en el pleno del próximo viernes se procederá a aprobar «la modificación del POUM, que de luz verde a la edificabilidad en el otro espacio». De esta forma se cerrará el problema con los residentes de Cases Barates. Así lo afirma el edil socialista, quien apunta que «la demanda de los vecinos quedará garantizada».

Los vecinos de Cases Barates retirarán el contencioso administrativo cuando haya un acuerdo por escrito

Hasta el momento, los propietarios de Cases Barates no tienen noticias de que finalmente se haya acordado una nueva opción. Explican que se reunieron con el concejal Milà hace aproximadamente un año y, a pesar de que hubo buen entendimiento, no han obtenido ninguna respuesta en forma de alternativa. «Lo último que sabemos es de hace más de un año, cuando todos estuvimos de acuerdo en que era una barbaridad quitar un parque que se acababa de hacer», apunta el presidente de la comunidad de vecinos, Jorge Rodríguez.

Cases Barates, que vio como este cambio en el POUM se introdujo en el último momento, cuando ellos ya respiraban tranquilos después de haber podido salvar sus viviendas, se mantiene prudente antes de decidir si retirará o no el contencioso administrativo. «Cuando nos lo den por escrito y nuestro abogado considere que es oficial y seguro supongo que lo quitaremos. Pero hasta aquel momento no», añade Rodríguez. Pese a ello, estos vecinos tienen ganas de «dar por zanjado» el tema, y «acabar definitivamente una pesadilla» que empezó cuando se dieron a conocer los primeros planos del nuevo POUM.

Un año de tramitación
Para que el cambio se ponga finalmente en marcha, Milà puntualiza que «falta el informe favorable del interventor». A partir de ahí,  el Consistorio podrá dar luz verde a la modificación de la calificación del suelo de los nuevos terrenos en el barrio de Sant Pere i Sant Pau. Y es que estos, de acuerdo con el POUM, están catalogados como equipamientos, por lo que deberá permitirse que en una parte de estos haya edificación.
Milà reconoce que «son operaciones complejas», que «llevan tiempo de espera». «Hay que hablarlo con los propietarios y ponerlo definitivamente en marcha», asegura. Con todo, la administración local calcula que tan solo esta parte de la tramitación puede alargarse «como mínimo un año».

A partir de ahí, y cuando la demolición de los edificios sea una realidad, la Generalitat tendrá que definir el proyecto para poner en valor este espacio.