Procesado un guardia civil por malversación de dinero público

Un guardia civil que estaba destinado en la Comandancia de Tarragona cuando ocurrieron los hechos será juzgado por un tribunal popular acusado de un delito de malversación de caudales públicos. Supuestamente ponía combustible a su vehículo y pagaba con la tarjeta oficial de la Benemérita. Fue el propio cuerpo policial quien llevó el caso hasta la Fiscalía Provincial de Tarragona, quien abrió diligencias de investigación. Tras constatar que podría haber delito, presentó una denuncia ante el Juzgado. El agente ya fue sancionado por el propio cuerpo por falta grave el 26 de marzo de 2015.

La investigación sobre las presuntas irregularidades comenzaron de casualidad el 8 de marzo de 2016. Un sargento observó que el cabo primero estaba repostando su vehículo particular en una gasolinera cuando tenía que estar de servicio.

El sargento, en abril, revisó los repostajes de los vehículos oficiales y verificó que el comprobante del 8 de marzo correspondía a un vehículo oficial. A partir de aquí pidió información a la gasolinera.

En semanas posteriores, el sargento vio sospechosos determinados movimientos y acciones del cabo primero. Ante ello, a principios de julio volvió a la gasolinera a revisar las cámaras de seguridad y vio cómo el agente repostaba su vehículo particular y pagaba con la tarjeta oficial de la Guardia Civil. Ante estas nuevas evidencias, por parte de la Comandancia se dio instrucciones a los agentes del Servicio de Información para que siguieron al cabo primero, a la vez que recaban más información.

Según al investigación, el cabo primero realizó cinco repostajes –8 de marzo, 27 de junio, 21 y 22 de julio y 3 de agosto– por un importe total de 143 euros. El 4 de octubre, la Guardia Civil tomó declaración al cabo primero. Posteriormente se le abrió un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave incluida en el régimen disciplinario de la Guardia Civil.

Al Ministerio Público

La Comandancia de la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía el 26 de octubre de 2016, abriéndose diligencias de investigación, que terminaron con la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción 2, que el 12 de enero de este año declaró secretas las actuaciones durante un mes. El 21 de junio el agente declaró ante el juez instructor, pero se negó a responder a las preguntas.

Finalmente, el pasado 29 de septiembre se hizo la comparencia de la Ley el Jurado. El fiscal y el Abogado del Estado se adhirieron para que el caso sea juzgado por el tribunal popular y la defensa se opuso.