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Radiografía de la ocupación de pisos: el delito se triplica y hay dos al día en Tarragona

La usurpación de inmuebles crece en todas las comarcas pese a la ley de desahucios, que cumple un año sin lograr su objetivo. En la provincia hubo 766 ocupaciones en 2018. En 2012 se registraron 266

Raúl Cosano

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Vecinos tapian pisos ocupados en la zona de Interblocs, en Tarragona. Foto: Pere Ferré

Vecinos tapian pisos ocupados en la zona de Interblocs, en Tarragona. Foto: Pere Ferré

Cada día se producen en la provincia dos delitos de ocupación ilegal de inmuebles. Son 766 al año, una cifra que se ha triplicado respecto a 2012, cuando eran únicamente 266. Los últimos datos de Mossos d’Esquadra sirven para radiografiar al detalle por primera vez esta lacra, descendiendo incluso a nivel comarcal. «La ocupación empezó como un fenómeno urbano pero ha trascendido a eso», explica Manel Sosa, secretario de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. 

Ya no es solo una práctica céntrica, que puede afectar a Tarragona o Reus, incluido a su extrarradio. «No sólo se ocupan pisos de la Rambla Nova. También llega a zonas aledañas, a municipios como Riudoms, Montbrió del Camp, Almoster o Constantí, próximos a grandes ciudades. También en esos lugares la gente no tiene dónde meterse, ve que hay casas abandonadas y allí van», desgrana Sosa. A eso se añade también la ocupación de domicilios mucho más exclusivos, a veces en segundas residencias de lugares como Altafulla, Torredembarra, Cambrils, Salou y Vilafortuny. 

El Tarragonès, a la cabeza
Obviamente, el Tarragonès, con mucha más población y viviendas, lidera el ranking. En esta comarca se produjeron 268 ocupaciones, el 35% del total. Luego le sigue la región policial del Baix Camp-Priorat, con cifras ligeramente inferiores: 226. En el tercer lugar del podio se ubica el Baix Penedès, con 159 ocupaciones. 

Basta una búsqueda por internet para detectar la proliferación de viviendas usurpadas y, en algunos casos, puestas a la venta, a veces por las mismas entidades financieras: un piso de dos dormitorios en El Morell, un chalet en Calafell, un apartamento en Segur de Calafell y pisos en Amposta o Tortosa. Tampoco las Terres de l’Ebre se escapan de ese fenómeno que se enquista. En el Montsià las ocupaciones denunciadas se han multiplicado por cuatro, mientras que en el Baix Ebre han pasado de 21 a 34.

Balance de las ocupaciones en la provincia, según los Mossos d'Esquadra. 

Menos representativas son las cifras en la región de la Terra Alta y la Ribera d’Ebre, donde el fenómeno estadísticamente es poco significativo, a pesar de que se registran también aumentos. También en el Alt Camp y la Conca de Barberà, comarcas con menos densidad poblacional, las usurpaciones de casas son menos comunes pero se palpa un incremento exponencial. De los dos casos de 2012, con una incidencia prácticamente nula, a los 48 de 2018. Es 24 veces más. 

«Estos incrementos no sorprenden», tercia Sosa, desde la Cambra. «La necesidad no decrece. El cambio legal no está frenando la ocupación porque no consigue atemorizar a la gente. Lo único es que da al propietario una cierta mayor rapidez, pero las leyes no disuaden a la hora de hacerlo».

La evolución del delito de ocupación, según las principales regiones policiales. 

Este mes de julio se cumple un año de la entrada en vigor de la nueva ley de desahucio exprés (ley 5/2018, de 11 de junio). La clave está en una normativa que permite a los propietarios acudir a un juicio civil de desahucio para recuperar la posesión de sus propiedades en un corto periodo de tiempo y con menos costes. Antes, en cambio, había que llamar a la policía para identificar a los ocupantes y abrir la vía penal, lo cual suponía todo un calvario. Los procesos podían durar varios años. «Se acortan los plazos pero no se disuade, porque es por la vía civil y no hay consecuencias penales», indica Manel Sosa. 

La normativa protege a los propietarios y también a las administraciones públicas con vivienda social, pero excluye a las entidades financieras, promotoras y fondos de inversión. Hay quien considera que no son medidas suficientes y otras instancias judiciales que se están posicionando. Recientemente la Fiscalía de Balears ha decretado en una instrucción que los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán «actuar directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales» para desalojar un inmueble que haya sido objeto de una ocupación ilegal.

El endurecimiento de la ley no disuade: en 2019 sigue creciendo la ocupación en Tarragona

En cualquier caso, datos todavía más recientes, de 2019, corroboran que la ocupación ilegal no disminuye en Tarragona pese a las modificaciones en la legislación. En los tres primeros meses de este año, la provincia ha registrado 240 delitos, por los 193 de 2018. Es un 24% más, muestra de que el endurecimiento de la ley no vale para contener este tipo de delincuencia con varias derivadas: la ocupación por necesidad tras quedarse sin un techo y el mercadeo que hacen las mafias, que cobran a terceros por facilitarles el acceso ilegal a un piso para vivir. O, lo que es lo mismo, grupos organizados que se aprovechan de esa desesperación para hacer negocio. 

«Busco piso de patada»
Un ejemplo, en forma de anuncio en Valls, bajo el reclamo explícito ‘Busco piso o casa de patada’: «Somos una pareja joven y mi novia está embarazada. Nos desalojan del piso en el que estamos. Buscamos alguien que nos busque un piso o una casa que la abran de ocupa. Nos urge mucho. Pagamos 350». Otro anuncio, esta vez detectado en Salou: «Busco piso para ocupar. Mujer con un hijo menor de edad». Y otro llamamiento, emplazado en Tarragona: «Necesito un piso o una casa ya sea de ocupa o pagando. Cobro una prestación y sólo puedo permitirme gastar 300 euros. No me importa si es de ocupa mientras sea del banco y no perjudique a nadie. Necesito algo con urgencia». 

Las redes de la ocupación llegan a mediar para establecer, siempre en negro, alquileres por 200 euros o una venta por 1.500, según algunas fuentes vecinales. Eso ha tenido consecuencias: desde comunidades que se organizan por su cuenta para hacer patrullas ‘antiocupación’ a la pillería del que se ofrece para vivir por la cara en viviendas vacías a cambio de defenderlas de esa amenaza. 

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