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Un contribuyente le ganó la partida, de momento, a todo un Ayuntamiento de Tarragona, otro de los consistorios que ha tenido una sentencia en contra vinculada a la plusvalía municipal. La transacción y la liquidación pertinente del impuesto se remonta a 2014. Fue dos años más tarde, en 2016, cuando el afectado presentó un recurso al consistorio, que fue denegado. A partir de ahí, emprendió el camino judicial, hasta que el juzgado contencioso administrativo número 2 emitió la sentencia, en abril de 2018, hace justo un año.
En la resolución se indican dos posibles caminos. Uno de ellos pasa por tener que valorar si realmente ha habido un incremento en el valor del inmueble en cuestión que, de alguna manera, legitime que hay que pagar ese tributo; el otro, más drástico, consiste en que, al amparo de la sentencia del Constitucional, se puede acoger a la expulsión del ordenamiento jurídico de los artículos oportunos del impuesto, en tanto que «vulnera el principio constitucional de capacidad económica al presumir un incremento del valor del bien por el mero hecho de ostentar la titularidad del mismo durante un tiempo». Se emplaza, posteriormente, al legislador –esto es, el Gobierno– a arreglar ese vacío legal que impera y que supone también un cierto caos a nivel jurídico. El juzgado tarraconense acabó estimando el recurso, anulando el pago «por carecer el Ayuntamiento de Tarragona de cobertura normativa para liquidar el impuesto».
En primera instancia
«Nuestro caso fue controvertido. Ganamos en primera instancia pero después llegó una sentencia del Supremo en la que se decía que había que demostrar pérdidas. Por eso el ayuntamiento recurrió y ahora nuestro caso está en el Supremo», dice Raquel Chicote, abogada de Mestres Economistes i Advocats, una firma con sede en Salou. Ella es la que ha llevado el caso. «Llevamos a otros afectados, pero ahora si vemos que no hay pérdidas, no recurrimos», añade Chicote.
De hecho, sentencias como esta de Tarragona o la de El Vendrell, que fue pionera en la provincia, van más allá, porque no sólo anulan la plusvalía municipal cuando no hay aumento de valor, sino también cuando ha existido una ganancia.
Sin embargo, este caso de Tarragona, como otros, está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo, de forma que el vecino afectado no ha podido aún recuperar los casi 5.600 euros que reclama.
