¿Remunicipalizar? ¿Privatizar? ¿De qué hablan?

‘Remunicipalización’. Una palabra que ha hecho fortuna en el debate público con un prefijo algo gastado ya (antes de la ‘remunicipalizar’ vino ‘redefinir el modelo’, precedido a su vez por ‘refundar el capitalismo’), de la mano de lo que algunos han llamado ‘la nueva política’. De ‘remunicipalizar’ (o ‘redefinir modelos’ en sectores como el turístico), el colauismo y otros fenómenos políticos recientes han hecho seña de identidad.

La de ‘remunicipalizar’ es una palabra con carga ideológica, que funciona bien en tiempos de Twitter, y que a menudo se combina, por oposición, con otro clásico de las palabras con ideología: ‘privatizar’. El cóctel de moda hoy en algunos de estos entornos de reciente acceso al poder municipal es ‘remunicipalización versus privatización’.

Quienes echan mano de él tienen claro lo que quieren transmitir: la gestión directa de servicios públicos locales en contraposición con la gestión indirecta (las concesiones administrativas a empresas o las empresas mixtas). Un modelo es bueno, el otro no. Afirman.


Aclaremos los términos
¿Es así? ¿Qué hay de nuevo (y de cierto) en la fiebre por ‘remunicipalizar’? La Càtedra d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha organizado este viernes 27 de enero una serie de ponencias y mesas redondas con las que pretende llevar el debate del ámbito político e ideológico al ámbito académico, en una jornada que lleva por título La gestió dels serveis públics locals: entre externalització i internalització.

En su presentación, deja claro el marco de debate: «La crisis de los conceptos de ‘servicio’, ‘servicio general’ y ‘servicio público’ ha comportado a su vez que las ‘formas de gestión’ entren en el debate político y, de rebote, jurídico. Así, la distinción fundamental entre las ‘formas de prestación directa’ y las ‘formas de prestación indirecta’ se encuentra en discusión, sobre todo por la mal llamada ‘remunicipalización’, que no es más que la ‘internalización’ de un servicio o actividad municipal que previamente se había sometido a ‘externalización’ y era prestado por un concesionario».

Josep Ramon Fuentes, director académico de la Càtedra d’Estudis Jurídics i Locals de la URV, es el organizador de esta jornada. Es directo en su análisis: «El concepto ‘remunicipalización’ es erróneo, porque en todos los ejemplos de gestión el servicio es municipal, pertenece a la administración pública, tome la forma de gestión que tome».

«Un servicio público –abunda– tiene tres características: universalidad, gratuidad o, entre comillas, ‘asequibilidad’, y por último continuidad. El ejemplo era el antiguo servicio de Correos: todo el mundo podía permitirse mandar una carta, estaban obligados a entregarla en cualquier rincón de la geografía española y tenían que seguir haciéndolo siempre».

El primer equívoco, según Fuentes, es confundir ‘servicio público’ con ‘forma de gestión’. La titularidad del servicio público seguirá siendo siempre de la administración pública, tome la forma que tome la gestión. El segundo error es confundir una gestión externalizada con ‘privatizar’. «Hablar de ‘privatizar’ –remacha Fuentes– es otro concepto erróneo, porque privatizar es cuando la administración pública vende una empresa a un privado. Pero pasar de la prestación directa de un servicio público a una prestación indirecta no es privatizar».


El agua, blanco habitual
El servicio público de suministro de agua –del que se hablará en esta jornada, además de otros servicios como la gestión de residuos– suele ser uno de los que con más facilidad concentra los focos de este debate. Antonio Ezquerra, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universitat de Lleida (UdL), centrará este viernes su ponencia en el servicio público de abastecimiento de agua. Igual que Josep Ramon Fuentes, de la URV, también él se muestra crítico con el uso de la palabra ‘remunicipalización’.

«El concepto ‘remunicipalización’ –arranca– no existe en el diccionario. Además, implicaría municipalizar algo, perder la titularidad municipal y recuperarla. Es algo difícil con nuestra actual legislación. Si hablásemos del paso de unas fórmulas de gestión indirecta de un servicio a una fórmula directa, eso se entendería. Cuando se habla de ‘remunicipalizar’, se asimila al concepto de recuperar la gestión directa».

¿Por qué el agua y por qué ahora? Ezquerra cree poder explicarlo: «Estamos en un periodo de extinción de las concesiones que se dieron en los años ochenta, y coincidiendo con ello ahora hay municipios que se plantean la gestión directa, llevados por esa tendencia ideológica de contemplar lo público».

¿Es algo nuevo? Para nada, en opinión de Ezquerra: «Es un debate fundamentalmente ideológico, que en Europa ya se plantea desde el año 1900. De novedoso no tiene nada. Es más: se plantea ahora en los mismos términos que se planteaba hace un siglo. La novedad quizás sea el florecimiento de nuevos partidos políticos, pero el debate es el mismo».


¿De izquierdas?
Llevado al terreno ideológico, suele asumirse que la posición de un ciudadano de ideas progresistas o ‘de izquierdas’ estará alineada con la prestación directa del servicio (el municipio se hace cargo de forma directa a través de una empresa municipal), mientras que aquellos ciudadanos más conservadores o ‘de derechas’ defenderán la gestión indirecta (sea a través de la concesión a una empresa, sea mediante una empresa mixta público-privada).

Nada más lejos de la realidad, a decir de este profesor de Derecho Administrativo de la UdL: «Yo no comparto el discurso derechas-izquierdas. Desde principios del siglo XX, ha sido un movimiento pendular, no es nada nuevo. El debate se superará en unos años, parará un tiempo, y se volverá a plantear de nuevo. Pero no es un debate de derechas o izquierdas».

«En el franquismo –abunda– se apostó en una primera fase por la gestión directa de los servicios públicos. Luego, en los ochenta, con el PSOE en el Gobierno, la gestión directa y la falta de recursos habían hecho que las infraestructuras estuviesen en tan mal estado, con una inversión necesaria tan alta, que se apostó por una gestión indirecta. En el fondo, es una cuestión de necesidades presupuestarias de la Administración, no de ser de derechas o de izquierdas. La administración pública acaba acudiendo a la gestión indirecta cuando necesita dinero para inversiones».


Aguas de La Habana
Dinero, pero también conocimiento. Un ejemplo muy elocuente es el de Aguas de La Habana, en Cuba. Lo cuenta Joan Perdigó, socio de Tornos Abogados y profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universitat de Barcelona (UB): «En Aguas de La Habana hicieron una concesión con una empresa mixta, en la que participa una empresa privada catalana, y funciona la mar de bien. Y eso, en un gobierno que en principio es de izquierdas».

Para este profesional del Derecho, que ha trabajado para administraciones de diverso color político y empresas de titularidad tanto pública como privada, «la motivación para pasar a una gestión municipal nunca puede ser ideológica. No se puede motivar algo así diciendo que ‘somos mayoría de izquierdas’, sería nulo».

Además, «hablar de ‘privatización’ –coincide Perdigó– es un concepto erróneo, porque de lo que estamos hablando es de un servicio público con concesión. Es un entorno totalmente público, que tiene un contrato administrativo. Pasar a régimen de concesión no es privatizar, porque el agua no se puede privatizar».

«Este debate es puramente ideológico –remacha–, con mucha demagogia sobre un derecho fundamental, como es el agua. Y no se puede afirmar en ningún caso que como derecho fundamental esté en peligro, en ningún lugar de Europa. Este discurso es la forma de crear un conflicto social que no existe. Donde hay conflicto es en los servicios que sí se privatizaron, como la energía, pero de eso termina hablándose menos».

TRES GRANDES MODELOS DE GESTIÓN 

Gestión directa
Empresa municipal
La gestión directa se visualiza en la empresa municipal, jurídicamente privada, donde los accionistas son los concejales del ayuntamiento. Es el caso de AREMSA (Aigües de Reus Empresa Municipal SA), encargada de la gestión del servicio público de aguas en la ciudad de Reus.

Gestión indirecta
Empresa mixta.
Participada por la administración pública y una empresa privada, es una forma de gestión indirecta que tiene un referente en EMATSA (Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona SA), donde el Ayuntamiento de Tarragona participa con un 51% del accionariado, mientras una empresa privada (seleccionada por concurso) ostenta el restante 49%.

Concesión.
Mediante un concurso público, la administración local establece los criterios, concede la concesión y controla la gestión de la prestación de un servicio público por parte de una empresa concesionaria privada por un periodo de tiempo determinado. Valls, Salou o Vila-seca son algunos de los municipios que han optado por este modelo.