Repunte de las agresiones de hijos menores hacia sus padres en Tarragona

«Me preocupa que el problema no se erradique», asegura el magistrado del Juzgado de Menores, Jesús María del Cacho, en referencia a la violencia filioparental, una problemática que tuvo su punto culminante sobre el año 2007 con la aparición de la crisis económica, después tuvo un bajón y desde hace unos meses parece que vuelva a incrementarse.

En el primer trimestre de este año han llegado ya al Juzgado de Menores de Tarragona –con competencia en toda la demarcación al ser único– diez asuntos para ser juzgados, una tercera parte de todos los registrados el año pasado.

Son pocos los asuntos que hagan referencia a violencia verbal. La mayoría corresponden a agresiones físicas: empujones, bofetadas, romper cosas...

Sólo en casos extremos, y en muy contadas ocasiones, el menor se muestra muy agresivo. Uno de los jóvenes que pasó por el juzgado aseguraba que quería matar a su madre.

Algunos de los jóvenes que pasan por el Juzgado de Menores por violencia filioparental sufren trastornos psicológicos o de la personalidad, otros actúan violentamente propiciados por el consumo de sustancias estupefacientes. Pero muchos no tienen ningún problema médico ni mental, subraya el magistrado. 

La madre y los hermanos pequeños, «y la abuela si convive en el círculo familiar», son el blanco de las agresiones, son los que reciben más.

El grado de reincidencia suele ser muy bajo. Sólo hay unos cuatro jóvenes que, después de ser juzgados, hayan vuelto a delinquir. «Los programas de la Generalitat y el equipo técnico de ejecución de las sentencias son muy buenos», señala Jesús María del Cacho, un magistrado que lleva más de diez años como juez de menores.

Reconoce que la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Antes sí que había reincidentes. 

No sabe si ahora se denuncia más que antes. Recomienda «que si hay violencia en casa se tiene que denunciar. Los padres tienen que vencer el sentimiento de culpa, que reconozcan que hay un problema en casa y que se tiene que solucionar». Se puede ir a un terapeuta o se tiene que denunciar, «porque lo que está pasando es que un joven está cometiendo delitos y la Justicia tiene que intervenir».

En algunas ocasiones, reconoce el magistrado, los problemas surgen porque los padres no tienen habilidades educadoras, porque siempre han cedido a las exigencias de los menores. Estos tienen un «baja tolerancia a la frustración». 

Desde los pueblos

Uno de los tabúes que se han vencido con el paso de los años es que desde los pueblos también se ha comenzado a denunciar. «Se ha perdido ya la vergüenza a llevar el caso a los tribunales. Como en los pueblos pequeños todos se conocen, los padres también tienen el apoyo moral y más colaboración de los vecinos».

Muchos padres todavía se sienten culpables de lo que está pasando en su familia, «pero no lo tienen que sentir, porque tienen a un niño que es un delincuente y se tiene que buscar ayuda», señala el magistrado, quien recalca que se trata de un problema importante de la sociedad.

Por ello, recuerda que los padres tienen programas de terapia familiar para afrontar la problemática, que se les ofrece desde la Fiscalía y el Juzgado. Cuando a dicha terapia, además del menor, acuden los dos miembros de la pareja, «el éxito está garantizado, porque los padres aprenden habilidades para educar», así como también herramientas para poner límites a los menores. Pero muchas veces sólo acude la madre, por lo que el éxito no está tan garantizado.

Intervención inmediata

Lo positivo que tiene la jurisdicción de menores, recalca el juez, es que hay una intervención desde del principio, «desde el momento en que se presenta la denuncia». Una de las posibilidades es que se ordene el ingreso del menor en algún centro o bien que se le deje volver a casa bajo unas determinadas circunstancias. En las últimas semanas, el magistrado ha decretado medidas de todo tipo.

El pasado 2 de mayo pasó por el Juzgado un joven que pegaba al padre y a la madre, aunque sólo cuando le llevaban la contraria. En este caso se trata de un menor que sufre una enfermedad psíquica profunda. El joven reconoció en el Juzgado los hechos.

El equipo técnico apreció que se trata de un menor que necesita de una intervención urgente dada la grave situación personal que se ha creado. Sus padres intentaron ingresarlo en el Institut Pere Mata, donde les dijeron que no había cama. El juez determinó que no podía enviar al joven a un centro de menores sino que, por su patología, tenía que estar ingresado en el Institut Pere Mata «a fin de conseguir su estabilización y que se le realice un diagnóstico sobre el problema de salud mental que presenta».

Días antes pasó por el Juzgado una joven por dar empujones y bofetadas a su madre. La menor reconoció el elevado nivel de conflictividad en el domicilio, pero añadió que no eran ciertos todos los hechos relatados por su madre. En este caso, el magistrado optó por seis meses de libertad vigilada, a cumplir en su casa. Además, tiene que asistir a un programa de tratamiento terapéutico ambulatorio y a un programa formativo-laboral y comparecer ante el juez de menores cada mes. Si incumple, de forma injustificada, algunas de las medidas le podría suponer incluso su internamiento en un centro.

Un tercer caso que se ha dado –el 21 de febrero– fue el internamiento de un joven en un centro en régimen semiabierto durante un máximo de dos meses. El menor sufre un  trastorno de TDH y mantiene comportamientos violentos con el padre y con la madre, generando tensión en ellos y en los hermanos menores.

También mantiene comportamientos disruptivos en el centro docente, tanto con sus compañeros como con los profesores. En este caso, el equipo técnico se inclinaba por una libertad vigilada, a cumplir en un centro de tutelaje. Pero el magistrado consideró que allí podía también alterar la tranquilidad y optó por enviarlo a un centro de menores. 

Ponerse ‘tonto’ ante el juez

La mayoría de jóvenes se comportan en la sala de vistas. Y es que la toga impone, reconoce el magistrado. Sin embargo, hay algunos que parece que la cosa no va con ellos.

Fue el caso de un menor que pasó por la sala de vistas para que el juez tomara una decisión sobre si decretaba una medida cautelar porque decía que quería a su madre. La fiscal pidió su ingreso en un centro de menores. Al final, como se hace siempre, el juez dio la oportunidad al joven para decir la última palabra.

Blandiendo los brazos, le preguntó a la fiscal si le habían dado el título en un circo. Su actitud eran tan desafiante que el magistrado le dijo a uno de los cuatro mossos presentes en la sala que le pusieran las esposas y se lo llevaran a los calabozos, a la espera de que tomase una decisión sobre su futuro.

Finalmente, el menor ingresó en un centro. Allí le diagnosticaron un trastorno y lo trataron. Cuando acudió a su juicio, estaba totalmente cambiado y pidió perdón a todo el mundo.