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El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), inicia su segundo curso político al frente de la Plaça de la Font de la misma forma que acabó el primero: con un equilibrio inestable, tanto numéricamente en el Saló de Plens –con un gobierno formado por solo 9 de los 27 ediles– como en los puentes de confianza que (no) ha tejido con sus dos socios externos –Junts per Tarragona y la CUP–. A todo ello, además, debe sumarse la debilitada situación en la que se encuentran las finanzas municipales, a raíz del tsunami causado por el coronavirus y que ya ha generado un agujero de más de diez millones de euros.
Después de un primer año marcado por la inestabilidad de los altercados de octubre, el accidente de Iqoxe, el temporal Gloria y la pandemia de la Covid-19, ahora el alcalde empieza el nuevo ejercicio aún con la incertidumbre de la crisis sanitaria y las peticiones de neoconvergentes y cupaires para fortalecer la mayoría que ya hizo posible la investidura de junio de 2019 y el posterior acuerdo para los presupuestos municipales de 2020, en diciembre de 2019. Desde entonces, sin embargo, mucho han cambiado las cosas. La relación entre las tres partes –los Comuns se mantienen al margen– se ha erosionado y, además, ahora la Covid pasa en estos momentos por delante de todo. De hecho, a día de hoy nadie descarta un posible entendimiento del gobierno con PSC y Ciutadans para las cuentas de 2021.
«Comunicación y colaboración»
«El curso empieza de manera atípica y con mucha incertidumbre por la pandemia. Lógicamente, combatir la Covid-19 debe ser prioritario, pero en ningún caso puede ser una excusa para que el equipo de gobierno no sea valiente a la hora de aplicar medidas y tirar hacia adelante una ciudad que aún sufre los años de inacción municipal», indica el portavoz e Junts, Dídac Nadal, quien pide al ejecutivo de Pau Ricomà que, a partir de ahora, «haya más diálogo, comunicación, transparencia y colaboración». El líder de Junts, de hecho, se ha alejado durante los últimos meses de ERC y Comuns, llegando a acusar al ejecutivo de «pasar por una fase de prepotencia». Además, en julio votó en contra de la fórmula de Ricomà para desbloquear con la Generalitat la gestión del Palau d’Esports, así como de paralizar la Budellera.
Mejor no están las cosas con la CUP. Su portavoz, Laia Estrada, coincide en centrar los esfuerzos «en combatir los contagios de la Covid-19», pero también considera que el gobierno local «debe hacer realidad, de una vez, el cambio prometido». En este sentido, la líder cupaire reivindica que el ejecutivo «podría empezar cumpliendo el acuerdo para la investidura», de hace ya casi 15 meses.
¿Menos impuestos?
En el otro lado de la balanza –los que no apoyaron ni la investidura ni los presupuestos– se sitúan PSC, Ciutadans y PP. La portavoz de los socialistas, Sandra Ramos, pide al alcalde «que haga un programa de gobierno, más allá del día a día». El partido más votado del Saló de Plens tendió puentes en los últimos meses del curso con Ricomà, avalando todos los modificativos de crédito y los cambios en la plantilla municipal (pese a la oposición de los sindicatos). Sobre ello, Ramos ya mira a medio plazo y se abre a negociar «un presupuesto para 2021 que no deje a nadie atrás y que esté en relación a las necesidades provocadas por la Covid-19».
Desde Ciutadans, Rubén Viñuales pide que los esfuerzos se centren en «la recuperación económica de la ciudad», fomentando «ayudas para la apertura de negocios y la contratación de personas de Tarragona». El edil naranja priorizaría «la promoción turística, hostelera y gastronómica» y, de cara a las ordenanzas fiscales, «rebajar la presión para fomentar el consumo».
Finalmente, José Luis Martín (PP) considera que «la prioridad es que el gobierno de la ciudad se ponga de una vez a gobernar Tarragona, no desperdicie más oportunidades, y nos explique de una vez qué proyecto de ciudad tiene, si es que lo tiene».
