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El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), ha adjudicado sin concurso público un contrato de 14.000 euros –16.940 con IVA– a un miembro de su candidatura en las pasadas elecciones municipales. Así se pone de relieve en un decreto firmado el pasado 15 de junio por el máximo representante del ejecutivo de la Plaça de la Font en favor del reconocido abogado penalista Ramon Setó para que su despacho profesional ejerza la acusación particular del Ayuntamiento en el caso Inipro, que investiga presuntos desvíos de fondos públicos del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) en favor del PSC, y que juzgará la gestión en este caso del exalcalde entre 2007 y 2019, Josep Fèlix Ballesteros, así como a la concejal Begoña Floria.
Setó ocupó el número 25 de la lista de Esquerra Republicana en los comicios locales que tuvieron lugar el 26 de mayo de 2019. El jurista, que cuenta con una dilatada experiencia, ha sido contratado en varias ocasiones por miembros de la formación independentista a lo largo de los últimos tiempos. Así, entre otros casos, se ha ocupado de la defensa legal del expresidente local de ERC en la ciudad de Tarragona –Sergi Albarrán– tras los golpes y las lesiones que el dirigente republicano sufrió a raíz de las cargas policiales durante las votaciones del 1 de octubre de 2017 en la Plaça Imperial Tarraco. Setó, asimismo, también lleva la defensa del secretari general del Departament de Treball –una Conselleria dependiente de Esquerra–, Josep Ginesta, por los preparativos del referéndum de hace casi tres años.
«Es un hecho sin precedentes»
Tras la adjudicación del contrato menor en favor del número 25 de la lista de ERC, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martín, presentó el pasado jueves un escrito en el que solicita la convocatoria del Comitè d’Ètica municipal «para analizar si este contrato se ajusta al código ético y de Bon Govern al que todos los cargos electos nos sometemos». A juicio del representante de la formación conservadora, la adjudicación a Setó «es un hecho sin precedentes, que no es ilegal pero que sí puede vulnerar el principio de objetividad en la contratación pública».
El portavoz del gobierno local, Xavi Puig (ERC), asegura que Setó «es un reconocido abogado penalista, por eso le contratamos con todos los avales jurídicos necesarios». El portavoz del ejecutivo también se preguntó si «¿según el PP, el Ayuntamiento debería vetar abogados por su ideología? El Consistorio juzga la competencia profesional de la persona y no sus ideas, que son libres», añadió el edil.
Puig recalcó que los servicios jurídicos municipales han detallado que «no existe ninguna causa de incompatibilidad legal para ser adjudicatario del servicio contratado. El hecho de haber estado en una lista electoral no está previsto en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos», y añaden que «tampoco se ha detectado ningún incumplimiento de la normativa de contratación en cuanto a la adjudicación directa del servicio».
En concreto, según la Ley 9/2017 de contratación del sector público, «los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras; o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación que, en su caso, sea necesaria para realizar la prestación objeto del contrato».
Sobre ello, uno de los teóricos socios del ejecutivo municipal, Junts per Tarragona, también se muestra muy crítico con esta contratación. Su portavoz, Dídac Nadal, denuncia que el importe de 14.000 euros previsto en la adjudicación «se acerca demasiado al límite legal por el cual sería obligatorio convocar un concurso público, que seguro que ganaría el propio Setó porque es un gran abogado».
El político de Junts recuerda, asimismo, que «a la diputada Laura Borràs se la lleva a un suplicatorio en el Tribunal Supremo por decir que ha fragmentado contratos para evitar un concurso público», por lo que pide a Ricomà que «ejerza la nueva política y apueste por la meritocracia».
Lleva la querella de la radio
Preguntado por el Diari, el abogado indica que «mi participación en la lista fue simbólica, de hecho, no soy ni militante de Esquerra». El letrado reconoce sentirse «un poco perjudicado» por la petición del PP de convocar la comisión municipal de ética, y enfatiza que «quiero pensar que me contratan por mi currículum y trabajo, y no por haber formado parte de una candidatura. Además, se me contrata para una cosa por la que tengo capacidad».
Sobre el precio del contrato –14.000 euros–, Setó afirma que «solo se trata de una previsión», y añade que «es un caso complejo, con ocho acusados a los que se les imputan varios delitos a cada uno, por lo que se tienen que preparar acusaciones por unos 64 delitos, más el posterior juicio y posibles recursos».
Además de Inipro, Setó también ha asumido la preparación de la querella criminal por el desfalco y las irregularidades contables detectadas en la empresa municipal que gestiona Tarragona Ràdio. «Su contratación se comentó en el consejo de administración, y hubo consenso en la decisión. No hay ningún trato de favor», asegura la presidenta de la compañía, Paula Varas (ERC), quien resalta que el precio que se abonará «será menos de la mitad» de los 14.000 euros de Inipro. Sumando los dos casos, el pago adjudicado al reconocido abogado se situaría entre los 14.000 y los 20.000 euros.
La CUP afirma que «no es ético»
El otro socio de investidura de Ricomà, la CUP, también considera que la contratación de Setó «no es ética». «Podemos entender que lo quieran a él, como nosotras también querríamos al letrado que nos ha llevado todos lo casos, pero no estamos hablando de representar a un partido, sino al Ayuntamiento, por lo que debería haberse hecho una licitación transparente», afirma Laia Estrada, quien critica que «ERC y Comuns repiten lo que ya hacía el PSC».
Sandra Ramos (PSC), que representa al partido encausado en el caso Inipro, recalca que «tenemos un gobierno al que le gusta mucho hablar de ética y transparencia, pero muy poco practicarla», y afirma que «la contratación de Setó es cuestionable». Finalmente, Rubén Viñuales (CS) enfatiza que la operación «puede ser legal, pero no es ni ética ni estético», e ironiza sobre los 14.000 euros: «Es curioso ver como suben las minutas cuando el cliente es la administración pública...».
