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Pau Ricomà (ERC), junto a sus homólogos de Lleida y de Girona, considera que los incidentes que derivaron en la batalla campal del pasado martes en el centro de Tarragona pudieron ser provocados por «infiltrados» en el acto de rechazo a la sentencia del Procés llevado a cabo en la Plaça Imperial Tarraco.

Así lo aseguró ayer en una entrevista en RAC1, en la cual el máximo dirigente de la Plaça de la Font denunció que los altercados se iniciaron «de forma sincronizada» en las cuatro capitales de provincia catalanas. «El modus operandi fue muy similar en todas partes. Alguna cosa nos lleva a pensar de que no todo fue espontáneo. Debemos investigar si hubo infiltrados», afirmó el líder de Esquerra Republicana. El alcalde de Tarragona reivindicó que el movimiento independentista «es pacífico» y, por ello, sospecha de una «cierta manipulación» ante «un exceso de violencia que no es la manera de proceder» de las concentraciones soberanistas de los últimos años.

En la misma linea se expresó Miquel Pueyo (ERC), desde Lleida. «Los violentos fueron una minoría, pero no deja de ser sorprendente y digno de descalificación que un movimiento pacífico degenere, a última hora, en estas acciones aisladas que son más aparatosas que graves», afirmó el alcalde de la capital del Segrià, quien denuncia que «tenemos la sensación de que se quiere dar la imagen de una ciudad en llamas, cuando esto no es así».

Asimismo, la máxima representante de Girona, Marta Madrenas (Junts per Catalunya), recalca que «debemos ser capaces de aislar a estos elementos que provocan altercados». Además, la primera edil gerundense pide que «se abra un expediente a los agentes que no actúan correctamente».

Los 14 arrestados, en libertad

Pocas horas después de los incidentes del pasado martes por la noche, ayer los Mossos d’Esquadra informaron que los catorce detenidos durante los disturbios fueron puestos en libertad con cargos. Cabe recordar que uno de ellos es menor de edad.

Los agentes de la Policía Autonómica les tomaron declaración en la comisaría del barrio de Campclar. Posteriormente pudieron salir y, desde ayer por la mañana, están a disposición del Juzgado para cuando sean llamados. Todos ellos están acusados como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad.

Ayer, el alcalde Ricomà reconoció que «Tarragona vivió un triste episodio», que acabaron con 19 personas atendidas por parte de los servicios de emergencias y numerosos destrozos en el mobiliario urbano, que ayer aún se estaban contabilizando a nivel económico por parte de los técnicos municipales.

El coordinador local de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Tarragona, Òscar Hijosa, calificó como de «desproporcionada» la actuación policial del pasado martes, que comparó «con la de un Estado como Turquía». «Condenamos toda violencia, pero está claro que hubo algunas personas que vinieron expresamente a reventar el acto», añadió.

De manera parecida se expresó la presidenta de Òmnium Tarragonès, Rosa Maria Codines, quien reconoce que «la violencia del pasado martes no la podemos aceptar bajo ningún concepto». La dirigente de la entidad cultural y soberanista recalcó que «lo que fue estrictamente el acto que organizamos salió muy bien», pero resaltó, asimismo, que «nos pasó lo que no nos había sucedido nunca en los diez años que llevamos organizando este tipo de acciones». Codines también sospecha que la batalla campal posterior «fue orquestada por gente que no es, para nada, habitual de nuestros actos».

Llamada a la calma

Ayer, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona –formado por ERC y Comuns– compareció al completo para presentar una declaración en la que se insta a la ciudadanía a llevar a cabo la «legítima indignación y frustración» con «acciones que mantengan el espíritu pacífico que ha caracterizado en todo momento la protesta del pueblo catalán».

Asimismo, en el documento se exige a los cuerpos de seguridad que «actúen con la máxima responsabilidad», así como que «se investigue si en el transcurso de los incidentes hubo actuaciones no conformes con los protocolos o contra grupos que no tenían una actitud violenta». En el texto se resalta que «muchos ciudadanos se vieron envueltos por una violencia injustificable» y, por ello, se expresa «nuestro rechazo frontal contra cualquier violencia». En esta linea, el gobierno de Ricomà puso de manifiesto que «el diálogo y las vías pacíficas son los únicos instrumentos para avanzar hacia una sociedad mejor», a la vez que se hizo un «llamamiento a la calma» y aislar «cualquier actitud violenta».