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Ricomà fichará de urgencia inspectores fiscales para cobrar deudas

El Ayuntamiento de Tarragona activa un plan para perseguir a los mayores morosos y revertir una situación económica que califica de «preocupante» 

Octavi Saumell

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La Rambla Vella, ayer por la tarde, con el edificio de titularidad municipal al fondo a la derecha. Foto: Pere Ferré

La Rambla Vella, ayer por la tarde, con el edificio de titularidad municipal al fondo a la derecha. Foto: Pere Ferré

El Ayuntamiento de Tarragona pondrá en marcha un equipo de inspectores fiscales para ingresar «varios millones de euros» en los próximos meses. Así lo anunció ayer el concejal de Hisenda, Jordi Fortuny (ERC), quien anunció que el Consistorio tiene previsto fichar de urgencia a «tres ó cuatro» técnicos que, con el personal actual, conforme un gabinete integrado por una decena de personas que se dedicarán a perseguir a las empresas, instituciones y ciudadanos morosos con la administración de la Plaça de la Font. 

El Pla d’Inspecció Fiscal –que ha sido consensuado con En Comú Podem– pretende «encontrar, localizar y hacer pagar a quien no paga», según afirmó el edil de la formación republicana, quien evitó dar detalles sobre los sectores, los nombres y el volumen de morosos que se han detectado, así como la previsión de dinero que se espera ingresar hasta final de año para cuadrar las cuentas. 

«Hasta ahora, el Ayuntamiento no había podido activar un plan similar ante la falta de musculatura en el número de inspectores. Debemos incrementar el personal en áreas que generan ingresos y que son rentables para el Ayuntamiento», indicó Fortuny, quien además de citar a los mencionados inspectores fiscales también se refirió a la necesidad de destinar más empleados a «personal que trabaje, por ejemplo, con la gestión del ICIO –el impuesto de construcciones y obras–», que es uno de los principales tributos que cobra la corporación local. 

El responsable del equipo de gobierno anunció, asimismo, que el plan para ingresar más dinero «no pasará por incrementar el IBI. Ya pueden decirlo, no tocaremos este impuesto», resaltó ante la prensa el número ‘2’ de Ricomà. En este sentido, sin embargo, recalcó la voluntad del ejecutivo de la Plaça de la Font por modificar las ordenanzas fiscales para que éstas sean «más redistributivas y ecológicas», si bien «sí que se incrementarán las inspecciones» del pago de los tributos municipales.  

Apretarse el cinturón
Asimismo, el máximo responsable económico, que durante el último mes ha estado estudiando los números de la administración local, ha dado instrucciones urgentes a todos los jefes de área de los departamentos municipales para que lleven a cabo la máxima «contención» del gasto hasta el próximo 31 de diciembre. 

Fortuny justificó esta orden por el hecho de que «la proyección que nos hace el equipo de contabilidad es que estamos en riesgo de tener un ahorro neto negativo de tres millones de euros», una circunstancia que, entre otras consecuencias, podría acarrear riesgo de «impedir el acceder al crédito y, por lo tanto, de no poder ejecutar las inversiones que necesita la ciudad», según aseguró Jordi Fortuny, quien calificó la situación que vive la estructura municipal como de «un preocupante equilibrio inestable».  

Otra de las patas del plan es controlar de una forma más específica el cumplimiento de los contratos externalizados, como el de la basura, «que en los últimos años también se ha encarecido», afirmó el responsable municipal, quien es partidario de «penalizar y multar a las firmas concesionarias si éstas «no ejecutan bien» el servicio que tienen contratado. Fortuny también se marca el objetivo de «reducir la tarifa energética» de los edificios públicos.  

«Más gastos que ingresos»
Toda esta situación se debe, según el concejal de Hisenda, al hecho de que en los últimos cuatro años «el nivel de gasto ha subido un 18%, mientras que el de ingresos se ha incrementado en un 7,5%». En este sentido, los ingresos de 2015 fueron de 154,8 millones, por los 165,9 previstos para 2019. Por contra, en 2015 los gastos fueron de 128 millones, por los 148 previstos hasta el próximo 31 de diciembre. 

«El incremento del gasto se debe al aumento de la partida de personal –en gran parte por el IPC y las subidas obligadas por ley–y a las amortizaciones de la deuda», se asegura desde el equipo económico municipal. Pese a ello, Jordi Fortuny dejó claro que no se prevén recortes ni despidos, sino «una racionalización» de la estructura, «potenciando las áreas municipales que nos atraen ingresos, dan servicios y generan actividad económica».  

Con todo ello, el edil de Hisenda se muestra «convencido» de que «lograremos revertir la situación», y apuesta por llevar a cabo un «cambio estructural» a lo largo del mandato «para hacer posible que las inversiones municipales puedan financiarse con fondos propios sin tener que recurrir al crédito para cualquier actuación». 

1.353 euros de deuda por persona
Fortuny puso también sobre la mesa que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Tarragona arrastra una deuda de 179 millones de euros, una cifra que se traduce en una ratio del 98,93%. Esta cifra es inferior al máximo legal del 110% que imposibilita poder pedir créditos, pero superior al 75% que obliga que los préstamos sean avalados por la Generalitat. 

Cabe señalar, sin embargo, que el nivel de deuda ha bajado notablemente a lo largo de los últimos años, según revelan las cifras expuestas ayer por el nuevo gobierno municipal. Así, mientras que en 2015 el nivel de pasivo era de 226 millones y del 137%, ahora esta circunstancia se ha reconducido, en parte, «por la existencia de un plan de viabilidad», según reveló un Jordi Fortuny que reivindica «cambiar desde ya la manera de hacer las cosas para no seguir con lo de qui dia passa, any empeny. 
 

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