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El Ayuntamiento de Tarragona ya ha abierto los primeros expedientes para iniciar la caza y captura de los vados de la ciudad que están sin legalizar. Así lo asegura al Diari la concejal de Domini Públic i Llicències, Paula Varas (ERC), quien afirma que el Consistorio ha detectado a lo largo de las últimas semanas varios puntos en la calle Mallorca y de la urbanización de Cala Romana que, pese a contar con la señalización pertinente, incumplen la normativa municipal al no figurar como activas en la base de datos de la corporación local.
Recientemente, el área de Hisenda de la Plaça de la Font llevó a cabo un estudio sobre los ingresos que la corporación local tiene por este concepto. La conclusión es clara: hay un nivel de recaudación equivalente al de una ciudad de unos 35.000 habitantes, muy por debajo de lo que le tocaría a un municipio de más de 130.000 ciudadanos. En concreto, en la actualidad al Consistorio le constan aproximadamente unas 3.000 señalizaciones de estas características, que a día de hoy generan unos ingresos de 600.000 euros anuales.
Sin ir más lejos, en Reus hay registrados unos 4.000 vados, que generan 1,2 millones de euros. Y en Lleida tienen 5.000, que les permiten ingresar 1,5 millones», se indica en el informe municipal. A corto plazo, los técnicos municipales no se marcan ningún objetivo concreto sobre la recaudación que se podría lograr, sino analizar por qué hay este nivel de recaudación y, a partir de aquí, actuar e ir a buscar el dinero. El objetivo a medio plazo es llegar al mismo nivel de la capital del Baix Camp, lo que permitiría doblar el actual nivel de ingresos por este concepto.
«Una infracción muy extendida»
Precisamente por ello, los primeros pasos en este sentido se están dando en las vías en las que el Ayuntamiento está actuando mediante obras, como son Mallorca –cambio de aceras– y Cala Romana –canalizaciones–. «Para nosotros es un tema de equidad y de justicia, que va en la línea de la visión de ciudad que queremos. Además, el uso intensivo de las aceras tiene un desgaste, que muchas veces produce averías y, por lo tanto, responsabilidades de cuidado que deben estar reguladas», afirma Varas.
La responsable del gabinete de la Plaça de la Font recalca que la de los vados «es una infracción muy extendida en toda la ciudad, en especial en las urbanizaciones de Llevant, y que supone un agravio comparativo injusto con los titulares de vados legalizados».
La edil encargada de liderar estas inspecciones es consciente de que «es un asunto muy antiguo y de alguna forma mitificado. No puede ser que algo tan obvio como el cumplimiento de la normativa sea imposible de alcanzar». Junto a los vados, el Ayuntamiento ya ha iniciado la inspección a la empresa que gestiona el servicio de la basura, así como en el análisis de la recogida selectiva para evitar impropios y reducir la factura que se paga a la mancomunidad Sirusa para su tratamiento.
Asimismo, de cara al futuro la idea del equipo de gobierno es ir extendiendo estos controles a toda la ciudad, si bien se trata de una cuestión que dependerá de los recursos humanos. «Sabemos que con la dimensión del Departamento de Vados no es posible asumir este reto técnico en toda la ciudad, pero al menos requeriremos a los titulares de los no legalizados que se encuentren en las calles donde el Ayuntamiento hace actuaciones que afectan a la aceras».
Desde la oposición, el portavoz de Ciutadans –Rubén Viñuales– critica la medida impulsada desde el área económica municipal. «Por desgracia, no nos sorprende un nuevo afán recaudatorio de Ricomà y sus socios. Que quieran cobrar ahora vado en una zona cuya necesidad es cuestionable –y donde el Ayuntamiento no ha invertido en tantos años, sin buscar soluciones progresivas o alternativas y que, además, afecta a una zona donde carecen de cualquier tipo de equipamiento público– es una muestra más del expolio fiscal por parte de ERC y ECP a los ciudadanos de Tarragona», afirma el representante de la formación naranja.
