Ricomà paraliza todas las obras municipales por el coronavirus

El Ayuntamiento prohíbe a las empresas adjudicatarias presentar ERTE. Los pisos de López Peláez y el anfiteatro, entre las afectadas. Aviso a los privados para que cumplan con los requisitos de seguridad 

21 marzo 2020 09:54 | Actualizado a 21 marzo 2020 09:59
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Frenazo a todas las obras municipales por el coronavirus. Así lo decretó ayer el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), tras firmar una orden en la que también «recomienda» a los promotores privados que cesen su actividad constructiva en la ciudad hasta que se levante el estado de alarma. 

En el texto, el máximo representante municipal declara la «suspensión de los contratos de obras» adjudicados por el Consistorio «que estuvieran vigentes en la fecha de declaración» de las medidas de protección contra la propagación del Covid-19, salvo aquellos que fueran acordados «por emergencia». 

El líder republicano pone de relieve que la prioridad, por una parte, es «garantizar las medidas adecuadas para evitar la propagación del virus», así como «el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a los contratos de obras».

En este sentido, cabe señalar que en la resolución se hace una severa advertencia a las compañías adjudicatarias de las intervenciones municipales: «Se prohiben de manera expresa los ERTE relacionados directamente con contratos de este Ayuntamiento. No obstante, si el contratista desobedece esta prohibición, más allá de la aplicación de otras medidas que se consideren adecuadas, deberá proceder a su devolución», añade Ricomà en la resolución firmada ayer.

Pons d’Icart y SPiSP
Varias son las obras que se verán afectadas de inmediato por la decisión del alcalde. La primera y más significativa es la del anfiteatro, cuya rehabilitación contará con varias fases y, de hecho, ya es oficial que no podrá albergar en mayo la edición de Tarraco Viva, en caso de que se lleve a cabo. 

El pasado 9 de marzo se iniciaron las obras de análisis, refuerzo y restauración del muro perimetral del recinto romano para la mejora de la contención de las escaleras d’El Miracle. El objetivo de esta primera licitación es la de reconducir el paso del agua de lluvia para evitar un mayor deterioro del muro, que recibía las filtraciones de agua directamente y, por otro lado, el refuerzo de toda la pared, actualmente en mal estado. En octubre ya se hizo un cierre parcial previo para proteger el paso de las personas y evitar cualquier incidente. 

Los trabajos que ahora se paralizan consisten en el repaso del rebozado e impermeabilización del canalón de obra; el suministro y colocación de una nueva tubería; el recalce de la base de los muros de contención y refuerzo del mismo y todo el seguimiento arqueológico, entre otros. Esta obra es una primera fase de la restauración completa del recinto, que supone 3 meses de tareas y que tiene un presupuesto de 46.600 euros. 

Otra de las actuaciones frenadas es la del nuevo edificio que el Servei Municipal de l’Habitatge está construyendo en la calle López Peláez, en la antigua comandancia de la Guardia Civil. Desde la empresa pública se aseguraba hasta hace pocas fechas que los trabajos debían finalizar «este verano». Este calendario se alargará, como mínimo, unas semanas más. 

Las viviendas serán de una a tres habitaciones y una superficie desde 65 a 105 metros cuadrados. Asimismo, contará con dos locales comerciales, 31 trasteros y 27 plazas de aparcamiento. La empresa Eiffage Infraestructuras Sau está llevando a cabo los trabajos de construcción tras adjudicarse el contrato de la obra en octubre de 2017, por valor de 3.097.097 euros.

Pese a ello, no fue hasta el mes de otoño de 2018 cuando se iniciaron las obras. Los trabajos de excavación empezaron a mediados del año 2016. En un primer momento se descubrieron dos piezas de bronce, que correspondían a la cabeza de dos equinos, que podrían haber formado parte de la decoración de una cama señorial. El nuevo edificio preserva el yacimiento, lo que obligó a modificar el proyecto inicial. 

La paralización temporal sine die también afectarán a las obras de la calle Pons d’Icart para facilitar la accesibilidad a la pasarela del Miracle. Las obras arrancaron el 27 de enero y estaba previsto que se prolongaran por espacio de tres meses, por lo que debían acabar a finales de abril. A lo largo de este periodo, tan solo podrán circular por esta calle los vecinos autorizados. Las actuaciones las realiza Bosir SA y Covan y costarán 112.588 euros más IVA. De esta forma va a crearse una plataforma única, con la acera y la calzada diferenciadas por el pavimento.  

Finalmente, las actuaciones en la cubierta de la Llar d’Infants de Sant Pere i Sant Pau también deberán esperar. Estas actuaciones están valoradas en unos 23.000 euros y fueron adjudicadas a la compañía JJ Sorribes Construccions. 

Paralelamente, la Brigada d’Intervenció Ràpida (BIR) ya dejó de trabajar el pasado viernes, a raíz de las primeras medidas que tomó la corporación local. 

‘OK’ a medias del sector
Paralelamente, el concejal de Territori –Xavier Puig (ERC)–, firmó ayer otro decreto en el que «recomienda» la «suspensión de todas las obras de promoción privada que comporten desplazamientos por la vía pública», o que «impliquen la ocupación de la vía pública abierta a la circulación de personas ajenas a la obra».

 Asimismo, en el texto avalado por el edil se acuerda «suspender los plazos de ejecución de las obras de promoción privada» que están previstos en las licencias de obras «durante el plazo de vigencia de la declaración de alarma». El edil de Territori alerta a los promotores y constructores que la administración local «prohibirá a las personas promotoras de obras, instalaciones y construcciones que estén ejecutando la ejecución de las mismas si no se pueden garantizar las medidas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias».

La decisión tomada por parte del ejecutivo municipal es avalada por el presidente de los Promotors Immobiliaris del Tarragonès, Diego Reyes. «El decreto está bien, es prudente. Considero que todo lo que priorice la seguridad es adecuado», afirma el representante económico, quien añade: «Con la que está cayendo, debe apostar por el confinamiento de la población y evitar el contagio». Reyes no cree que la paralización de las obras pueda ser un problema. «Cuando ya se ha echado el hormigón, todo se puede parar. ¿Qué no se para ya los fines de semana o cuando llueve», afirma.

 Finalmente, el presidente del Gremi de Constructors del Tarragonès, Joan Romeu, reivindica que «como sector, lo primero que hacemos es garantizar que se trabaje con las máximas condiciones de seguridad», y reivindica que «las obligaciones estipuladas en el protocolo del Covid-19 aún nos obliga a reforzarlo». 

Romeu, sin embargo, duda de la opción tomada por el alcalde Ricomà. «El decreto no prohibe la construcción, de hecho somos una actividad completamente permitida», y teme que «si se paraliza por completo la economía, luego será muy difícil que pueda volver a arrancar». 

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