Ricomà sube un 11,6% la basura de la mano de PSC y Cs

El pleno municipal aprueba el incremento de la tasa con la abstención de Junts per Tarragona y el rechazo de CUP y PP

21 octubre 2019 09:00 | Actualizado a 08 diciembre 2019 17:32
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El Ayuntamiento de Tarragona incrementará el próximo año en un 11,6% el recibo de la tasa de la basura. Así lo ha aprobado este lunes el pleno municipal, en una votación que ha contado con el OK del gobierno local (ERC y Comuns), además de PSC y Ciutadans. Asimismo, Junts per Tarragona se ha abstenido y han rechazado la medida CUP y PP. 

El concejal de Hisenda i Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), justifica la medida en el hecho de que el Consistorio debe participar en la obligada reforma de las instalaciones del Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA –Sirusa– para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea. 

La ejecución de todas las acciones previstas supondrá una inversión global de unos 75 millones de euros, con el fin de adecuar la planta a los futuros requerimientos tecnológicos, ambientales y de mejora de la eficiencia energética aprobada por la UE en la nueva Directiva de obligado cumplimiento. En concreto, de estos 75 millones, 45 serán aportados por la Generalitat de Catalunya, mientras que los otros treinta los abonarán los ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad: Cambrils, Constantí, La Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls y Vila-seca. En concreto, la administración de la Plaça de la Font representa un 30% del ente, por lo que la inversión que deberá llevar a cabo a lo largo de los próximos años será de unos diez millones de euros. 

«No ingresaremos más dinero a consecuencia del incremento de la tasa, ya que todo será íntegramente para la mancomunidad para pagar el coste de la valorización de la fracción», señala Fortuny. 

A la práctica, de cara al próximo año la subida que sufrirán los ciudadanos tarraconenses oscilará entre los 7 y los 17 euros anuales. Así, los contribuyentes que –según su calle– están en el tramo 1 pasarán de los 147 euros actuales a los 164, mientras que los que residen en una vía del tramo 2 pagarán a partir de 2020 un total de 137 euros al año, cuando hasta 2019 han abonado 123. Por lo que se refiere a los vecinos del tercer tramo, estos afrontarán un pago de 104 euros –por los 93 que abonaban en la actualidad–, mientras que, los de nivel de calle 4, asumirán 69,56 euros, por los 62,35 de este 2019. 

Asimismo, por lo que se refiere a los locales comerciales, estos verán incrementado su recibo en un mínimo de 34,29 euros anuales. Éste es el caso de los negocios de menos de cincuenta metros cuadrados, mientras que los que están entre 51 y 100 metros abonarán 397 euros, por los 355 de la actualidad. Cabe destacar que el incremento llegará hasta los 67 euros en el caso de los emplazamientos que cuenten con 400 metros cuadrados de superficie –que pasarán de pagar 584 euros a 652–, mientras que por cada 200 metros cuadrados que se superen los 400 de superficie el encarecimiento extra será de 13,25.   

Jordi Fortuny recalca que, pese a que para el próximo año la subida será lineal, el objetivo para 2021 es aprobar unas ordenanzas «progresivas según la renta» y que, en el caso de la basura, «graven por lo que se genera y no por la calle en la que se vive». Para ello, sin embargo, el edil de la formación republicana reconoció que «son necesarios estudios e informes que tardarán varios meses», así como un consenso político «que debe negociarse durante meses». 

"Ya pagamos una morterada"

La portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha justificado la oposición de su partido a la subida de la basura en el hecho de que "los ciudadanos ya pagan una morterada por este servicio", a la vez que exige "una modificación global de toda la ordenanza, que ahora no ha sido posible porque la negociación ha empezado tarde". 

Por su parte, Elvira Vidal (Junts per Tarragona) explica que la abstención de su formación en el hecho de que el tributo "no es progresivo" y que, por ejemplo, los campings "deberán pagar un 1.200% más". 

Finamente, PSC y Cs han apoyado la decisión del gobierno municipal por la "obligación que viene desde la Unión Europea"

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