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Pese a que inicialmente el alcalde Pau Ricomà (ERC) se mostró contundente y vetó a los concejales no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón de la posibilidad de poder contar con despacho en el Ayuntamiento, finalmente el máximo representante municipal ha dado marcha atrás y cederá un espacio a los dos exediles de Ciutadans para que estos puedan ejercer sus responsabilidades como concejales. De hecho, según las fuentes consultadas por el Diari, el Consistorio ya está habilitando un local a Orts y Calderón en el área de Intervenció de la Plaça de la Font, en una zona alejada del entorno en el que se encuentran las oficinas de los grupos municipales.
Orts y Calderón tendrán, pues, despacho durante este mismo mes de abril pero estarán aislados. Esto sí, no contarán con personal ni eventual ni administrativo a su cargo, no formarán parte de la Junts de Portaveus ni tendrán representación en los consejos de administración de las empresas municipales ni en los Consells Rectors de los patronats e institutos de organismos dependientes del Ayuntamiento. ¿Por qué? Tanto el líder de Esquerra como la Secretaría General del Consistorio consideran que los dos ediles han vulnerado el pacto antitransfuguismo, después de que el pasado mes de febrero, a las puertas de las elecciones del 14F, ambos ediles decidieran darse de baja de Ciutadans y abandonar el grupo municipal sin dejar el acta de concejal.
En el caso de Orts, además, Ricomà dictó que se le retirara la dedicación exclusiva por la que ingresaba anualmente unos 31.502 euros y pasó a tener una dedicación únicamente por asistencias. Esto significa que, desde el pasado el 1 de marzo, la edil está formalmente en paro y solo cobra por asistir a los plenos (770 por cada uno) o a las comisiones informativas previas a las sesiones municipales (546), recibiendo un máximo anual de 26.480 euros. Calderón, abogado en activo, ya iba por asistencias desde el inicio del presente mandato municipal. Los dos concejales también se han quejado públicamente que se les ha privado de poder participar en las tertulias políticas y las entrevistas de portavoces en Tarragona Ràdio.
«Vulneración de derechos»
El Diari intentó conocer ayer el posicionamiento del alcalde sobre este inesperado cambio de opinión, pero no fue posible conocer su punto de vista. Pese a ello, la marcha atrás dada en la cesión del despacho se produce después de que tanto Orts como Calderón presentaran hace semanas sendos escritos en Alcaldia y Secretaria General en los que reivindicaban su «derecho» a tener un espacio en la Plaça de la Font. «De forma verbal, el alcalde me indicó que no se me asignaría despacho-local alguno en los espacios del Ayuntamiento con los medios mínimos (...). Entiendo que esta decisión es contraria a derecho y altamente lesiva para los derechos que como conseller me corresponden» afirmaron en el escrito ambos representantes, quienes lamentaron que la decisión de Ricomà «implica una pérdida sustancial de derechos». Por ello, en el documento al que ha tenido acceso el Diari denunciaron que «no es legítimo privar a tener un espacio y el material mínimo para cualquier concejal, ya que se le pone en una situación de desigualdad e incluso dificulta y quizás provoque ser inviable el ejercicio del cargo».
Tanto Orts como Calderón amenazaron con presentar denuncias ante el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo. Un paso, sin embargo, que se ha paralizado. Y más con la marcha atrás de un Ricomà que, con el Affaire Despacho, ha aplicado aquello de Donde dije digo, digo Diego.
