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La renta ahoga a los inquilinos, a la espera de las ayudas que puedan llegar. Si hace dos semanas eran los comercios los que mostraban su incapacidad para seguir pagando alquileres, la problemática atañe ahora, en este inicio de mes, a los inquilinos de vivienda. «Hemos recibido muchas demandas y tenemos el servicio de consultoría bastante colapsado, porque hay una afectación mayoritaria. Han bajado un poco las peticiones por parte de inquilinos de negocios pero ahora llegan desde la vivienda y notamos un repunte», explica Hèctor Ruana, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.
La entidad ha recibido alrededor de 100 peticiones de mediación y asesoramiento, un 80% de locales de establecimientos y el resto de vivienda. «El 10% de nuestros clientes se ha dirigido a nosotros para pedir algún tipo de mediación», explica Diego Reyes, empresario y presidente de la asociación de promotores del Tarragonès. La preocupación ha ido en aumento ante la bajada de ingresos pero, como pasó desde el principio, los propietarios están abiertos a negociar. «Normalmente nos contacta gente razonable, con situaciones de diferente índole, e intentamos llegar a soluciones», dice Reyes.
Inquilinos que sufren
La moratoria es una opción recurrente. «Cuando nos contactan inmediatamente nos ponemos a evaluar la situación, ponemos en conocimiento del propietario esta circunstancia y participamos en la aproximación de las posturas. Hay inquilinos que están sufriendo porque la situación provoca una minoración de ingresos de las unidades familiares», explica Ruana desde la Cambra.
La situación se ha relajado esta semana pero la problemática continúa. «Los primeros días de la semana pasada fueron una locura, ahora ha bajado algo, pero creemos que si esto se alarga en el tiempo veremos una afectación importante, se notarán los efectos de los ERTEs y de las nóminas parciales que están pagando las empresas», cuenta Ruana. Todas las casuísticas se contemplan: desde el propietario que acepta reducir al 50% la cuota o diferir su pago, a ese dueño que también está en una situación vulnerable y no puede ayudar a su inquilino con una rebaja.
«A veces hay pequeños propietarios que tienen alquilado su piso y es un complemento a su pensión», cuenta Ruana. En ese caso, la Cambra suele orientar al inquilino para solicitar créditos ICO, una línea de avales, con garantía del Estado, que permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler a los arrendatarios afectados. Son microcréditos públicos emitidos por los bancos, avalados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una tasa de interés cero y un plazo de seis años para devolverlo.
En cualquier caso, la predisposición solidaria del propietario suele ser la tónica general. «Siempre puede haber reticencias, pero en general se llega a un acuerdo y el propietario, cuando puede, acepta una rebaja o una moratoria», explica Ruana. De momento, las condonaciones se han aplicado al mes de abril pero también son extensibles a mayo, e incluso más allá si la situación de crisis se prolonga. Así, antes de que se hayan activado ayudas, el propio sector ha modulado y regulado algunos contratos, en una suerte de beneficencia inmobiliaria para evitar el drama doméstico de no poder abonar la renta. «La gente está muy concienciada», aporta Ruana. «Cada caso es un mundo y lo analizamos individualmente para llegar a soluciones. Tengo un caso de un inquilino que tiene dos restaurantes, ambos cerrados, claro. Me ha pedido un aplazamiento y hemos llegado a un acuerdo. No creo que las empresas y los propietarios se estén poniendo en posiciones rígidas, pero sí que hay que ir con cautela, para que el que pueda pagar siga haciéndolo y ayudar al que no», cuenta Reyes.
Las cámaras de la propiedad urbana de Catalunya en su conjunto, a pesar de ser organismos que defienden al dueño, invitan a la negociación. En un comunicado, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, ente presidido precisamente por Agustí Pujol, que está al frente de la cámara en Tarragona, «recomienda a sus asociados la máxima sensibilidad ante la situación y que se analice cada caso particular para aplazar o reducir total o parcialmente las rentas en las personas en situación de vulnerabilidad social y económica».
El resultado de la negociación debe quedar plasmado por escrito. «Nosotros elaboramos unos anexos al contrato en los que se estipulan las nuevas condiciones. Como no podemos firmar presencialmente, lo articulamos todo a través de correo electrónico y se pide a las partes la aceptación por mail. El día en que se pueda hacer una rúbrica presencial, se hará», afirma Ruana, que recomienda que todo acuerdo se vea reflejado físicamente: «Todo lo que se hace tiene que quedar por escrito, para evitar problemas a futuro. Con una aceptación por mail es suficiente. Si tecnológicamente hay propietarios o inquilinos que tienen herramientas de firma digital, también se pueden utilizar».
