'Sabemos que esta zona debe urbanizarse, pero no queremos que nos roben la casa'

Los vecinos del Turó de la Budellera Sud viven con la amenaza de que en cualquier momento deberán abandonar sus viviendas. Ahora, el Ayuntamiento está abierto a buscar soluciones

15 octubre 2019 07:40 | Actualizado a 16 octubre 2019 08:29
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A escasos metros del Nou Estadi de Tarragona está el bar Camp Nou, un negocio cerrado permanentemente y que se ha convertido en el punto de reunión de los vecinos del Turó de la Budellera Sud. Son unas ocho familias, que desde hace años viven bajo la presión urbanística que supone ocupar una de las zonas de crecimiento de la ciudad, una situación que les ha obligado a negociar con hasta cuatro concejales de Territori y gastar parte de sus ahorros en abogados. Hace un año prácticamente se veían con las maletas en la calle. Ahora confían en que puedan sentarse con el equipo de Gobierno para buscar una solución conjunta que les permita seguir en su casa.

La zona aparece en el POUM como PMU-13B. Está encasillada entre la Vall de l’Arrabassada, las Parcel·les Iborra, la zona deportiva del Gimnàstic de Tarragona y La Budellera (PP 24). Los primeros vecinos levantaron sus viviendas hace más de 75 años, cuando en el entorno tan solo había viñedos y ni siquiera había empezado a construirse el Nou Estadi.

De hecho, fue a partir de las obras del campo de fútbol, cuando se hizo el bar. «Los paletas que trabajaban allí iban a casa de mis padres y pedían si podían darles un café. Esto les estimuló a abrir el negocio», explica Daniel Arfelis.

Algunos de los vecinos que llevan más años aseguran que «toda la vida» han tenido la sensación de que querían echarlos. «Ya cuando vino el Nàstic pensábamos que deberíamos irnos», aseguran.

«Cuando se hizo el POUM, el Ayuntamiento nos dijo que nos había tocado la lotería», asegura Arfelis. La sorpresa llegó cuando vieron que el plan que se había aprobado dibujaba una gran zona de equipamientos en el espacio de las viviendas.

Desde este momento, los afectados aseguran que han vivido constantemente bajo la amenaza de que sus días en el Turó Sud de la Budellera se estaban acabando.

Una ubicación estratégica

Las presiones aseguran que se incrementaron a partir del último mandato, cuando el Ayuntamiento de Tarragona decidió avanzar al primer sexenio el desarrollo de este plan parcial. La decisión venía motivada porque administrativamente seguía adelante la tramitación del plan parcial 24 –popularmente conocido como La Budellera–. Las parcelas que ocupan estos vecinos forma parte de un sector que ejerce de rótula entre la ciudad ya construida y la futura urbanización.

«El Ayuntamiento ya nos había dicho que íbamos fuera y que los que vivimos aquí seríamos realojados a una vivienda social», argumenta el portavoz de los vecinos. No acabaron concretando los calendarios con la administración, ni la letra pequeña de qué comportaría.

Ahora esta decisión está en stand by. El concejal de Territori del Ayuntamiento de Tarragona, Xavier Puig, defiende que «apostamos por arreglar este espacio, pero también somos conscientes de que hay una problemática social en las viviendas que hay alrededor del bar, que debe regularse».

Los vecinos deberán pagar una parte del desmantelamiento de la antigua autovía

El Consistorio quiere seguir adelante con el plan, aunque dice que no va a hacerlo de espaldas a los vecinos. «No queremos actuar con prepotencia desde la administración, sino atender su problemática y ofrecerles la mejor solución legal».

Sentarse a hablar

Las parcelas no tienen alcantarillas ni alumbrado público. Es trama urbana no consolidada en la que debería hacerse un proyecto de urbanización. Los vecinos aseguran que están dispuestos a sentarse para poder hablar de las inversiones que deben llevarse a cabo. «Sabemos que esto tiene que cambiar, pero lo que no queremos es que nos roben la casa», añaden los afectados.

Con una superficie de 52.200 metros cuadrados, el desarrollo del PMU-13B comprende la construcción de 50 viviendas y una zona de equipamientos. La densidad de edificación de este plan parcial es tan baja que no hace rentable la operación de urbanización. Y es que, cuando se inicien los trabajos, los propietarios de los terrenos deberán pagar al Ayuntamiento la suma de 350.000 euros, correspondientes a los trabajos que se llevaron a cabo cuando se desmanteló el trazado de la antigua autovía. La administración local pagó la factura por valor de 677.882,63 euros.

El desmantelamiento de la autovía

Como la antigua carretera afectaba al PMU-13B y al PMU-34 (Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada) los propietarios de los terrenos de ambos planes deberán pagar los gastos, como deberán asumir también los costes de urbanización de los terrenos que quedaron libres. «Esto es un callejón sin salida que se hizo de esta forma porque el Ministerio de Fomento no quiso pagar lo que le correspondía y así seguían presionándonos», añade Daniel Arfelis.

La situación genera inquietud entre los vecinos. En las parcelas vive gente humilde y de edad avanzada. Hay jubilados como Teresina, con una pensión de 600 euros al mes. Esto hace que no puedan ni plantearse la posibilidad de tener que pagar una cifra que será elevada. «Somos los primeros que sabemos que debe urbanizarse y estamos dispuestos a asumirlo, siempre y cuando sea rentable y razonable», siguen defendiendo.

Una de las soluciones que van a plantear al Ayuntamiento, para cuando entren a abordar los detalles de su situación, será que pueda moverse la zona de equipamientos y puedan edificar sobre las viviendas. «El tema está en que si hay una persona que tiene su casita con un jardín, deberían permitirle que pudiera seguir allí y, si encima quieren construirle tres o cuatro pisos, no pasa nada», añade Arfelis.

El plan está paralizado, pero empiezan a moverse las intervenciones previstas en el entorno y ha regresado la inquietud entre los afectados.

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