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Desde 2007, año en que se empezó a implementar la llamada Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, nunca se había alcanzado un número tan elevado de beneficiarios en la provincia: un total de 20.164.
A su vez, en el primer trimestre de 2018 también se ha alcanzado el récord de los solicitantes, que llegan a ser 71.690 según las últimas cifras de la Generalitat. Nunca como hasta ahora tantas personas habían solicitado acceder a una de estas prestaciones públicas. Sólo durante el año pasado 1.379 personas se añadieron a ese grupo de perceptores de la ayuda.
El número de solicitudes iniciales se ha disparado un 41% en la provincia en los últimos cinco años. Esa dinámica, junto con el aumento de beneficiarios, da fe de una inercia demográfica evidente: el envejecimiento progresivo de la población y la mayor esperanza de vida, que convierte el desarrollo de la norma en todo un desafío de futuro para las administraciones implicadas en la financiación.
El envejecimiento de la población hace que la aplicación de la ley sea todo un desafíoA ello se añade el hecho de que la ley haya dejado atrás los años de estancamiento para avanzar, aunque sea tímidamente y a pesar de que le quede mucho camino por completar.
En 2015, el número de tarraconenses que recibían la prestación logró su mínimo: 16.832 personas. A partir de ahí, las ayudas se han ido recuperando, hasta alcanzar los registros actuales. El perfil mayoritario es bien definido: se trata de mujeres de más de 80 años, con un grado II de dependencia, catalogada como severa.
Por comarcas, la mayor parte de los receptores de estas ayudas están en el Tarragonès, con casi 4.700 personas, por delante del Baix Camp (4.258). Más reducida es la cantidad de ciudadanos que disfrutan de estas prestaciones en las Terres de l’Ebre, donde la población es menor.
