Se enfrenta a más de 14 años de cárcel por matar a una nonagenaria en Tarragona

Un hombre que mató asfixiándola a una nonagenaria –que era familia política de él– se enfrenta a 14 años y medio de prisión como autor de un delito de asesinato. El fiscal, a la hora de fijar la pena, ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y de anomalía psíquica. Y todo por una cuestión de herencia. El Ministerio Público solicita el pago de una indemnización de 10.000 euros al familiar más directo. El juicio por este caso se hará en la Audiencia de Tarragona con un jurado popular.

La Fiscalía, en el escrito de acusación, relata que el acusado es un ciudadano español, de 69 años y sin antecedentes penales. Sobre las 8.10 horas de la mañana del 24 de marzo de este año, salió de su domicilio de Barcelona al volante del coche de su hijo. Se dirigió al número 11 de la calle Pin i Soler de Tarragona, donde vivía la mujer. Esta era prima hermana de su suegro, que era el familiar más próximo de la fallecida.

Al llegar a Tarragona a las 9.26 horas, el encausado acudió al piso de la calle Pin i Soler. Entró en la vivienda usando unas llaves que poseía por su relación familiar con la víctima, a la que venía habitualmente a atender. En esta ocasión, el motivo de la visita era de acompañarla a que le fuera suministrada la segunda dosis de la vacuna de la Covid-19 para la que ese día tenía cita.

En el interior del domicilio, el procesado cogió un cojín que había en el comedor y se dirigió a la habitación donde se encontraba durmiendo la nonagenaria. Le colocó el cojín en la cara e hizo fuerza con intención de ahogarla. Como al retirar la pieza se percató de que la víctima se había colocado la mano para protegerse, el acusado, con su mano, le tapó la nariz y boca hasta causarle la muerte por asfixia. A continuación tapó el cadáver con las mantas de la cama.

Sobre las 10.40 horas, el procesado abandonó la casa y se desplazó de vuelta a la ciudad de Barcelona. Ese mismo día, sobre las 18.25 horas, acudió a la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Sant Andreu. Allí, delante de dos agentes, confesó haber matado a la mujer y se procedió a su detención.

La víctima, que tenía 91 años, vivía sola, estaba soltera y no tenía hijos. Presentaba episodios de alucinaciones así como un deterioro progresivo físico y de su salud mental. Padecía asma y lumbalgia, pero no acudía casi nunca al médico. Y cuando lo hacía, iba acompañada del acusado y de su esposa. También tenía falta de higiene en el domicilio y nunca aceptó ayuda de los Serveis Socials.

Los procedentes

El 6 de abril de 2012, ante un notario de Tarragona, la víctima otorgó testamento abierto. Instituyó como heredera universal de sus bienes a su sobrina y al hijo de esta, que son la esposa y el hijo del procesado.

Este testamento dejaba sin efecto otro anterior, de 17 de noviembre de 1992. En el mismo se designaba heredero universal a su hermano.

A fecha 31 de diciembre de 2020, el patrimonio de la víctima era una pensión mensual de 956,21 euros, tres cuentas corrientes –una con 13.786,86 euros, otra con 142.996,61 y la tercera estaba vacía– y la titularidad del cien por cien del piso de la calle Pin i Soler –donde ocurrió el crimen–, con un valor catastral de 37.617 euros.