Seis familias bajo amenaza de desalojo de sus pisos de alquiler en Bonavista

Los vecinos de seis pisos de un mismo edificio del barrio de Bonavista viven desde el verano pasado pendientes de un posible desahucio. Otras dos familias que residían en el bloque ya se trasladaron por su propia cuenta ante lo que les parecía un desalojo inminente. 

Todo comenzó cuando los inquilinos de los ocho pisos empezaron a recibir un goteo de cartas del juzgado en las que se les notificaba que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, coloquialmente conocida como ‘banco malo’, iniciaba el proceso de ejecución hipotecaria contra el dueño de los pisos en los que viven de alquiler. También se les indicaba que el procedimiento «puede implicar el lanzamiento de los ocupantes». 

La Sareb es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA - Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco - Banco Gallego y Banco de Valencia), y por las entidades en proceso de reestructuración y está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público. 

Pero para los inquilinos saber qué es la Sareb y no saber nada es lo mismo, porque, aunque es el nuevo dueño de sus viviendas, ahora no encuentran interlocutor con quién negociar. Alba Pérez, una de las inquilinas, explica que en el juzgado les requirieron «contrato del piso, luz y agua al día y comprobantes de pagos» y los entregaron. Ella pagaba en mano cada mes al dueño con los correspondientes recibos, pero en octubre, cuando les quedó claro que el dueño había sido embargado, ya no supieron qué hacer. 

En algunos casos, como el de Ana Vázquez, no recibieron la carta del juzgado pidiendo que se personara y en diciembre le llegó una orden de expulsión en la que le informaban que debía dejar el piso el 11 de enero a las 11 de la mañana. No obstante, entonces el desalojo se paralizó porque pudo demostrar que no había sido correctamente informada. Ella estuvo pagando hasta el mes de noviembre, cuando dejó de hacerlo por recomendación del abogado.

Los inquilinos tienen contrato y pagan los correspondientes servicios

Gloria, otra vecina afectada, se lamenta de que «no es que no queramos pagar, sino que no sabemos a quién». Señalan que tienen la sensación de que les están tratando como si fueran okupas, cuando ellos tienen un contrato y pagan por los servicios. 
El problema, como en muchos de estos casos, son los gastos de la comunidad, que ellos pagaban dentro del mismo alquiler al dueño, pero éste no estaba al corriente de pagos. Los inquilinos, de hecho, aseguran que están dispuestos a pagar directamente a la administradora para que todo funcione mientras se soluciona la situación. 

La preocupación entre los vecinos es palpable, hay niños pequeños y personas mayores, y con discapacidad. Para ellos cambiar de casa implicaría gastos difíciles de asumir, como volver a pagar una fianza o tener que cambiar de barrio y a los niños de escuela.

El contrato se mantiene
Fuentes legales consultadas explican que, en principio, en el hecho de que un inmueble cambie de dueño, bien porque se vende o porque la propiedad es embargada, el contrato de alquiler con el inquilino se mantiene en las mismas condiciones a menos que el nuevo dueño lo necesite para vivir, y en este caso la Sareb no podrá demostrar tal necesidad. 

Lo que sí se deberá establecer es el tema de los impagos, ya que desde el primer mes un propietario puede demandar al inquilino.