Seis tarraconenses deben declarar ante el juez por los desórdenes públicos de la huelga convocada el 3-O

Una investigación de los Mossos d'Esquadra ha concluido con la denuncia a varios manifestantes por altercado y desorde público durante la huelga convocada el martes 3 de octubre de 2017 en Tarragona en el marco de protesta por las cargas policiales del referéndum del 1-O. Esta denuncia múltiple ha encendido a varias organizaciones sindicales antisistema, que hoy han expresado su malestar.

De las ocho personas fichadas por la policía en esta investigación -seis están denunciados y dos, de momento, identificados- están vinculadas a la CGT, CoBas, IAC y COS.

Los sindicatos consideran que la citación es desproporcionada y "represiva", que en el atestado sólo se recogen argumentos "ridículos" como por ejemplo pintadas o cortes de tráfico y que, por la misma regla de tres, tendrían que encausar a miles de trabajadores de Catalunya.

Las organizaciones lo atribuyen a una intención de lanzar un "mensaje del miedo" y confían en que la denuncia acabe archivándose.

A partir del 5 de abril, los seis tarraconenses citados, entre los cuales los dos regidores de la CUP en la ciudad, Laia Estrada y Jordi Martí (también sindicalista de la CGT), tendrán que comparecer a los juzgados.

Una "represión" contra los delegados sindicales que convocaron la huelga general. Esta es la lectura que hacen las cuatro organizaciones sindicales antisistema que este miércoles por la mañana han hecho pública la denuncia de la Policía Autonómica contra ocho personas vinculadas a estos sindicatos.

Fuentes de los Mossos han confirmado que se abrieron diligencias por la vía penal y también por la vía administrativa por la organización de la convocatoria. El juzgado de instrucción número 2 es el que instruye la causa.

Está previsto que en marzo declaren los agentes policiales y, a partir del 5 de abril será el turno de los seis sindicalistas, de momento, citados a declarar. Compartirán abogado, en una defensa común.

Hace una semana, la CGT, CoBas, IAC y CUERPO fueron conocedores de esta denuncia por la vía penal por parte de la policía catalana. Los sindicatos aseguran sentirse muy sorprendidos.

Cinta Sarroca, de la IAC, destaca que, precisamente, esta huelga general, se caracterizó para ser muy "pacífica". "Y hemos acabado todos empapelados", se ha lamentado.

En este sentido, Òscar Murciano, miembro de la CGT, ha reprochado que el atestado se base en argumentos "ridículos" e incluya errores. El portavoz sindical apunta, a guisa de ejemplo, que en el atestado se habla de la quema de neumáticos para cortar las entradas a la ciudad durante la mañana del 3 de octubre, y de dos personas haciendo pintadas.

Murciano considera que el delito de desorden público actúa como de "cajón de sastre" donde colocar todos los encausados, incluso algunos de los cuales, según aseguran, ni siquiera asistieron a la huelga.

"Yo no estaba", certifica Gerard Güell. Afirma que sólo se ocupó de la notificación para la manifestación convocada la tarde del 3 de octubre. "Es una denuncia penal sobre unos hechos administrativos", dice Güell, quien remarca que, de los ocho investigados -o encausados-, cuatro se limitaron a encargarse del tema administrativo para organizarla. 

Los sindicatos denuncian que se está atentando deliberadamente contra el derecho de huelga.