Servicios Sociales triplica las ayudas por pobreza energética en cinco años

«En los últimos años nos ha tocado aprender mucho de pobreza energética aunque no seamos expertos», reconoce Sandra Arnal, técnica de Serveis Socials (SS) de Tarragona y referente en pobreza energética.

Basta con ver los datos para entender a lo que se refiere: dos de cada diez (el 21,2%) de las ayudas de urgencia que se tramitan en los SS del municipio están destinadas a pagar recibos de los distintos suministros, especialmente de la electricidad.

De hecho, pese a que, en teoría, la crisis económica ya ha pasado, las ayudas contra la pobreza energética se han triplicado en cinco años. Si en 2013 eran 342, el año pasado llegaron a 1.009.

Los datos también demuestran cómo los barrios de Ponent son, de toda la ciudad, en los que más ayudas de emergencia se dedican a la pobreza energética, el 37,6%. Con todo, el porcentaje ha bajado a la mitad en estos cinco años. Caso contrario es el de la Part Baixa, donde las ayudas se han doblado en este período.

La mayoría de las ayudas del año pasado (802) se dieron para pagar la luz, 177 para facturas del gas y 29, del agua. En este último caso hay que hacer notar que Ematsa cuenta con un fondo social para atender a personas que están en situación de precariedad económica.

Calentarse solo con mantas

Pero, ¿qué es pobreza energética? Según la Asociación de Ciencias Ambientales, «un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética de su vivienda». Se engloban, además, los suministros de gas y agua.

De acuerdo a los datos que recoge la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética, el 7,4% de los hogares catalanes se encuentra en esta situación.

¿Y dónde comienza la pobreza? Maria (nombre ficticio), por ejemplo, tiene 79 años, una pensión de viudedad y se calienta con mantas. Esta vecina de Tarragona dice que no tiene estufa de butano porque le da dolor de cabeza. No quiere calefacción eléctrica por miedo a cuánto le subiría la factura. Además de las mantas enciende una vela, «como se ha hecho toda la vida», para calentar el aire frío.

Cuesta llegar a las ayudas

Y es que, de encontrase en una situación de pobreza energética a pedir ayuda hay un trecho que hace que muchas familias lleguen a Serveis Socials cuando la situación ya es insostenible. La realidad es que muchas acuden «cuando reciben un anuncio de corte mañana», cuenta Arnal.

En estos casos apenas queda margen de maniobra, solamente, si se puede demostrar la vulnerabilidad de la familia, se realiza un informe a la empresa suministradora para que no corte el suministro.

Esto es posible desde la aprobación de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en la vivienda y la pobreza energética. En ese supuesto de vulnerabilidad el servicio sigue, pero la deuda se va acumulando en una situación que todavía no se sabe cómo se resolverá.

El año pasado SS en la ciudad realizó 1.294 informes de este tipo, mientras que en 2016 eran menos de la mitad, 551.

En los casos en que los usuarios tienen dificultades para pagar las facturas pero todavía no han recibido un aviso de corte, una de las acciones que se pueden tomar es otorgarles una de estas ayudas de emergencia.

No obstante, la pobreza energética nunca viene sola, así que «les hacemos una visita para valorar toda la situación», explica la técnica. Reconoce, además, que no existe un único perfil de personas que pasan por esta situación. Hay desde familias con niños hasta mayores o personas jóvenes que viven solas.

Llegar al extremo

Pero lo cierto es que muchas de las familias que llegan a la situación extrema de no poder pagar la factura o estar abocadas, directamente, a quedarse sin servicio, tienen derecho a contar con ayudas que ni siquiera conocen ni saben cómo tramitar.

Un ejemplo son las cifras que aporta Endesa, principal suministradora de electricidad. A 31 de octubre de este año tienen en la ciudad 452 contratos identificados como vulnerables (no se les puede cortar el servicio) cuya deuda asciende a 379.230 euros. De ellos, 272 contratos (el 60%) no cuentan con el Bono Social.

Las pregunta que surge, entonces, es que si estas familias tenían tal grado de dificultad económica, ¿por qué no se acogieron a un bono que les habría permitido ahorrarse entre el 25% y el 40% ? En muchos casos este ahorro podría haber supuesto la diferencia entre poder hacerle o no frente a la factura.

Carla Aguilar-Cunill, concejal de Serveis Socials, Feminisme y LGTBQ+, reconoce que, desde la liberalización de las energéticas, a la ciudadanía le cuesta entender desde cómo funciona su factura hasta dónde pedir ayuda si la necesita.

Desde el ayuntamiento se puso en marcha el año pasado un punto de asesoramiento energético en el que se daba información personalizada a usuarios que eran derivados desde Servicios Sociales. En este punto se les ayudaba, por ejemplo, a entender la factura, medidas para ahorrar, cómo hacer si necesitaban bajar la potencia contratada o, incluso, si tenían derecho a solicitar el bono social.

Ahora el proyecto, que terminó hace mes y medio, se encuentra en fase de evaluación. Aguilar-Cunill está convencida de que contar con un recurso de estas características en la ciudad es necesario, pero se quiere asegurar de que el diseño y la metodología son los mejores. «No pasar frío es un derecho básico de la ciudadanía y eso lo tenemos que proteger desde la administración».

Fuentes de Endesa también aseguran que están llevando a cabo un estudio para identificar a los clientes que se encuentran en el colectivo ‘vulnerable social’, para ofrecerles asesoría. A las personas de este grupo no se les puede cortar la electricidad porque tienen hijos menores de 16 años o personas con dependencia de grados II o III o discapacidad superior al 33%.

Mientras, la otra pregunta que queda en el aire es, a las puertas del invierno, ¿qué sucederá con la deuda que siguen acumulando las familias a quienes no se les puede cortar el suministro? En agosto se desataba la polémica cuando Endesa enviaba una carta a los municipios (36 de ellos de la demarcación) en la que pedía que se hicieran cargo del 50% de la deuda de las familias mientras la empresa asumía el otro 50%.

Los municipios se movilizaron (también Tarragona) y finalmente no se cortó la electricidad a nadie. No obstante, la espada de damocles de la deuda sigue presente.

En opinión de Aguilar-Cunill, las compañías todavía tienen mucho que decir a la hora de comercializar sus productos. «¿Hasta qué punto las empresas tienen responsabilidad en que las familias hayan llegado a acumular estas deudas tan grandes?», se pregunta.