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«Hablamos de personas con problemas muy severos. Cuando te van a desahuciar el problema de los suministros pasa a un segundo plano», cuenta Stephanie Ascencio, voluntaria de la Aliança contra la Pobresa Energètica, entidad que asesora a grupos de ciudadanos que tienen problemas con los servicios básicos.
Se trata de una iniciativa en la que participan personas de diferentes perfiles, como ingenieros, abogados e incluso usuarios que se quedan a colaborar. Hoy, justamente, el asesoramiento será en Bonavista, en el Fòrum Espai Cultural (Carrer Set 15) a las 17.30h. Invitan a quienes se quieran acercar a llevar sus facturas.
Explica Ascencio que el denominador común de quienes acuden buscando ayuda es la falta de información por parte de las compañías comercializadoras, pero también de la administración. Apunta, además, que en algunos casos se trata de personas migrantes en situación irregular que tienen miedo de acudir a servicios sociales. La mayoría de los usuarios son mujeres con hijos. Relatan todo tipo de situaciones penosas para evitar poner la calefacción.
Papeleo interminable
Una de las cosas que han visto a lo largo de su experiencia es que muchas de las personas que, por sus condiciones tendrían derecho al bono social no lo saben o no tienen idea de cómo tramitarlo. La OCU denunciaba recientemente que en España un millón de hogares con derecho a él no lo tienen.
La situación ha venido a agravarse con las subidas desorbitadas de la factura desde este verano. Aquí, apunta Ascencio, las compañías también han aprovechado para pescar en río revuelto ofreciendo tarifas que, a priori, parecen más beneficiosas pero no lo son.
