Solidaridad inmobiliaria en Tarragona: alquileres al 50% y moratorias en la mensualidad

A la espera de medidas del Gobierno, hay propietarios que rebajan la renta hasta la mitad para aliviar al inquilino más afectado. También se aplazan o se perdonan parcialmente los pagos

Raúl Cosano

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Algunos inquilinos, sobre todo de locales comerciales, han negociado con propietarios una rebaja temporal de la renta. FOTO: Pere Ferré

Algunos inquilinos, sobre todo de locales comerciales, han negociado con propietarios una rebaja temporal de la renta. FOTO: Pere Ferré

Mientras el Gobierno debate qué medidas concretas tomar para abordar los problemas de impago del alquiler derivados de la crisis sanitaria, el mercado inmobiliario en Tarragona se mueve en la misma línea que otros sectores de la sociedad: creciente solidaridad ante la crítica situación económica provocada por la pandemia. Las condiciones de los contratos se han visto modificadas ante la sobrevenida necesidad del inquilino.

La inercia se nota, sobre todo, en los alquileres de negocios, establecimientos y comercios que se han visto obligados a cerrar por el decreto de alarma. Héctor Ruana, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, explica que «la mayor parte de las peticiones que hemos recibido son de comerciantes, sobre todo del sector de la restauración, de bares y restaurantes, y también del ocio nocturno, actividades que han estado obligadas a bajar la persiana».

Ruana argumenta que «han sufrido una reducción drástica de la facturación y han puesto de manifiesto la necesidad de ajustar la renta». La cámara de Tarragona pone en marcha entonces su rol de intermediario entre propietario e inquilino, inmersos en una negociación que estos días está teniendo resultados. «Aquí nosotros no tomamos la decisión. La resolución del conflicto pasa por un pacto o por negociar, que es lo que estamos haciendo», cuenta Ruana.

«Se están aceptando rebajas»

De momento, los resultados, de cara al inquilino, son positivos. «Hemos visto que la gente está muy concienciada, se están aceptando rebajas. Hay propietarios que nos han llamado directamente para, de facto, aplicar reducciones del 50% a los locales que tienen alquilados», cuenta Ruana. Así pues, la emergencia ha puesto en marcha mecanismos solidarios, sin más regulación que el pacto entre las partes, y mientras el Gobierno se decide entre varias alternativas, que van de las ayudas económicas a la suspensión del pago y la compensación al arrendador.

De momento, los arreglos están siendo variados y diversos. «Las soluciones pasan por moratorias o condonaciones generalmente parciales que también se están dando en Tarragona. En algunos casos se está perdonando parcialmente la renta y en otros se acuerda que habrá un pago en diferido», dice el gerente de la Cambra, un organismo que, igual que la Cambra de Catalunya, se ha posicionado en esa línea: «Fomentamos el diálogo y la negociación, hay que analizar caso por caso para llegar a un acuerdo. Nosotros, como entidad, tenemos esa naturaleza de defender al propietario, pero eso no es un obstáculo para que, en casos así, el dueño pueda ceder y alcanzar un entendimiento. Estamos mediando y facilitando acuerdos para acomodar el pago a las necesidades y capacidades de cada arrendatario, dados los efectos de esta crisis».

En un comunicado, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, ente presidido precisamente por Agustí Pujol, que está al frente de la cámara en Tarragona, «recomienda a sus asociados la máxima sensibilidad ante la situación y que se analice cada caso particular para aplazar o reducir total o parcialmente las rentas en las personas en situación de vulnerabilidad social y económica».

Por el momento, las urgencias más graves en Tarragona atañen al tejido comercial golpeado por el cierre. «Los casos de inquilinos de vivienda, de momento, son más puntuales. Creemos que nos llegarán como Cambra, pero esa necesidad tardará más en hacerse evidente», cuenta Ruana.

«Vamos a ser solidarios»

Los empresarios y propietarios de locales e inmuebles también están abiertos a esa posibilidad. «Nuestro posicionamiento es el de escuchar y hacer un tratamiento individual, documentando cada caso para evitar la picaresca. Los rentistas vamos a colaborar y a ser solidarios. Si a alguien le disminuyen los ingresos porque su empresa ha hecho un ERTE, es razonable ajustar el pago a un porcentaje», explica Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores del Tarragonès. Reyes apuesta por «humanizarnos» y «hacer un trato específico en función de cada situación».

El resultado de la negociación debe quedar siempre plasmado por escrito. «Nosotros elaboramos unos anexos al contrato en los que se estipulan las nuevas condiciones. Como no podemos firmar presencialmente, lo articulamos todo a través de correo electrónico y se pide a las partes la aceptación por mail. El día en que se pueda hacer una rúbrica presencial, se hará», afirma Ruana, que recomienda que todo acuerdo se vea reflejado físicamente: «Todo lo que se hace tiene que quedar por escrito, para evitar problemas a futuro. Con una aceptación por mail es suficiente. Si tecnológicamente hay propietarios o inquilinos que tienen herramientas de firma digital, también se pueden utilizar».

El Consell de Cambres propone una moratoria en el pago del alquiler en el parque público de viviendas de la Generalitat. «Sería un buen ejemplo de las posibles soluciones inmediatas para aquellas situaciones de vulnerabilidad, consecuencia de la repentina reducción de ingresos», expone el Consell. «Creemos que el sector público debe dotar de los recursos necesarios para procurar soluciones, aunque sean parciales, a estas situaciones de vulnerabilidad», indica Ruana desde Tarragona.

«En países de la UE, como Alemania, que cuenta con un amplio apoyo al pago del alquiler de los jubilados o en situación de paro de larga duración, están ya ultimando propuestas legislativas par proteger a las personas que no pueden pagar las rentas temporalmente a consecuencia del COVID-19», zanja el Consell de las cámaras catalanas.

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