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Tarragona POLÉMICA

TGN aceptó la oferta de una firma que aún no existía para construir el Jaume I

El perito muestra en el informe que presentó ante el juez su ´sorpresa´ porque se aceptara a concurso la propuesta, ya sus dos integrantes ´no estaban inscritas en el registro mercantil´

Octavi Saumell

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Imagen de archivo del interior del polémico párking que debía funcionar en la Part Alta. Foto: Pere Ferré

Imagen de archivo del interior del polémico párking que debía funcionar en la Part Alta. Foto: Pere Ferré

Más leña al fuego. El informe pericial que el ingeniero industrial Javier Vivas Morte entregó y explicó al juez que instruye el caso del sobrecoste del no párking Jaume I pone de relieve aún más dudas sobre el proceso de ajudicación de la obra que, inicialmente, debía costar 3,9 millones de euros pero que –hasta la fecha– ya ha comportado un endeudamiento para las arcas municipales de más de treinta millones.

En su extenso trabajo, al que ha tenido acceso este periódico, el especialista económico muestra su «sorpresa» por el hecho de que la mesa de contratación municipal –que se reunió el 12 de julio de 2001– aprobara aceptar la propuesta de adjudicación de la obra y la posterior explotación del equipamiento a una Unión Temporal de Empresas (UTE) –formada por las compañías Aparcaments Municipals de Tarragona y Sistemas Alem– «que no estaba ni constituida» y que ninguna de sus dos integrantes «se encontraban inscritas en el registro mercantil».

En el documento, Vivas Morte resalta su «sorpresa» por el hecho de que, en la reunión del órgano de contratación de julio de 2001, se acceptara la única propuesta que se presentó, y que «se admitiera a concurso una supuesta UTE en la que no se especifica la participación de cada una ni de la persona o entidad que la represente». De hecho, en el acuerdo se indicó que Aparcaments y Sistemas Alem tenían el «compromiso de constituirse en UTE».

Especificando en cada una de las firmas que, teóricamente, formaban parte de la unión empresarial, Vivas Morte asegura en su trabajo que «me sorprende que Aparcaments Municipals se presente al concurso sin disponer de la escritura de poderes ni haber pagado la tasa de 3.600 pesetas».

Por lo que se refiere a la parte privada, el perito recalca su contradicción por el hecho de que Sistemas Alem «se presente al concurso sin acreditar su solvencia económica, tal como es exigible».

‘Sin documentación’

El perito también muestra su «sorpresa» por el hecho de que en la reunión de la mesa de contratación sólo asisitieron el entonces concejal de Contractació, Àngel Fernández (CiU), –»por delegación del alcalde– y el vicesecretario general, Enrique Gallego, mientras que no acudieron personalmente ni el interventor general ni el ingeniero de caminos ni el ineniero industrial ni el arquitecto municipal.

El experto pone en alerta que «la mesa de contrataciónn dio un plazo de tres días a la UTE para que se presentara la documentación que faltaba», pero que «no me consta que se presentara y que la adjudicación no fuese retirada» como considera que debería haberse hecho.

Vivas recalca que en el pliego de cláusulas se especificó que la gestión del equipamiento «será en régimen de gestión privada», cuando «la realidad es que ha sido todo lo contrario, ya que se adjudicó a una UTE de la que forma parte con un 51% la empresa Aparcaments Municipals en la que participa la corporación local».

Especialmente significativo es el informe económico realizado por parte del interventor general del Consistorio, quien el 6 de agosto de 2001 firmó un trabajo en el que aseguraba que «el sistema de financiación del proyecto no tendrá ningún efecto sobre el endeudamiento municipal», cuando éste fue asumido «en un 53% por parte de Aparcaments Municipals».

Poco después, el 18 de marzo de 2002, se constituyó legalmente la Unión Temporal de Empresas (UTE), que estuvo formada en un 51% por parte de la compañía dependiente del Ayuntamiento de Tarragona y un 49% por parte de Sistemas Alem. Ese requisito se formalizó sólo dos semanas antes de que se llevara a cabo la adjudicación definitiva para la construcción del teórico aparcamiento inteligente. Ese día se especificó que el coste sería de 3,9 millones de euros y que el espacio daría cabida a 410 vehículos.

Asimismo, se indicó que las obras empezarían «en el término de un mes a contar del día siguiente de la notificación de la concesión de la licencia de obras y de actividad. En este sentido, Vivas Morte asegura que «este perito no ha podido encontrar en la documentación aportada ni la licencia de obras ni la licencia de actividad».

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