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TGN convoca el día 24 a las sedes del 2017 para hacer frente común

La reunión, que se llevará a cabo en Casa Canals, quiere presionar al Estado para que invierta en el evento en 2016
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Imagen reciente de una de las reuniones que ha llevado a cabo el Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos de 2017. Foto: DT

Imagen reciente de una de las reuniones que ha llevado a cabo el Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos de 2017. Foto: DT

El Ayuntamiento de Tarragona ha convocado para el próximo lunes a las otras 15 sedes de los Juegos del Mediterráneo. El objetivo del encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 11 horas en la Casa Canals, es redactar un manifiesto conjunto en defensa del evento que se organizará entre el 30 de junio y el 9 de julio de 2017.

La reunión se realizará justo un día antes del debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se ha programado para los días 25 y 26 en el Congreso de los Diputados, en una sesión donde se intentará que el Estado incorpore alguna partida económica para el evento, ya que en el primer esbozo de las cuentas no se incluyó ninguna dotación. Esta circunstancia ha generado preocupación tanto en la organización de Tarragona 2017 como en el propio Comité Olímpico Español (COE). Ambas partes reivindican la importancia de las inversiones que debe llevar a cabo el Gobierno Central, que ascienden a 14,7 millones de euros para construir el estadio desmontable, el centro acuático y las reformas de los campos de atletismo y del Nou Estadi del Gimnàstic. Se trata de una cifra considerablemente más baja que la que la administración central invirtió hace una década en los Juegos de Almería, donde pagó obras por valor de 40 millones de euros.

 

‘En la misma dirección’

Por todo ello, el presidente del Comité Organitzador dels Jocs y alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), envió la pasada semana una invitación al resto de sedes (Altafulla, Barcelona, Calafell, Cambrils, Castelldefels, Constantí, El Morell, El Vendrell, La Pobla de Mafumet, Reus, Salou, La Selva del Camp, Torredembarra, Valls y Vila-seca) para que sus representantes acudan el día 24 a Tarragona para dar apoyo al evento.

El concejal de Presidència i Temes Estratègics, Javier Villamayor (PSC), asegura que el acto del próximo lunes «es para poner de relieve que los Juegos son un proyecto global y territorial, en el que todos vamos en la misma dirección y tenemos un posicionamiento único».

«La idea es la de hacer llegar a Madrid que Tarragona 2017 no es el proyecto de ningún alcalde ni de ningún partido político. Si el Gobierno no invierte en el evento no estará fallando sólo a un Consistorio, sinó que estará fallando a 16 ayuntamientos, 14 de los cuales son de la demarcación de Tarragona, donde vive medio millón de personas».

A juicio de Javier Villamayor, Tarragona 2017 «es un proyecto clave para todo el territorio, como demuestra que tras las elecciones del pasado 24 de mayo se ha seguido en la misma línea, pese a que ha habido cambios políticos en varias alcaldías».

Según el representante tarraconense, esto se debe al hecho de que el evento «generará muchísima actividad económica y, además, dejará un legado importante en infraestructuras deportivas». Asimismo, el tarraconense recordó que «desde el inicio Tarragona ha sido muy generosa, como se demuestra con el hecho de que con la Villa Mediterránea hemos apostado por la potencia hotelera de la Costa Daurada. Hemos tenido una visión metropolitana para no duplicar recursos económicos». Por todo ello, Villamayor considera que «un proyecto de tanta relevancia como unos Juegos de Tarragona y el conjunto de las sedes ni puede admitir ni admitirá regateos por parte de la administración general del Estado».

Asimismo, la reunión de Casa Canals se organizará justo tres días antes de la Asamblea y Comité Ejecutivo que el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos llevará a cabo el jueves 27 en Pescara (Italia). En esa reunión, los responsables tarraconenses deberán aportar, por escrito, las garantías inversoras del Gobierno Central, así como el calendario de construcción de las instalaciones que aún faltan por alzar. En caso de no poder acreditar la implicación estatal la organización tarraconense podría perder buena parte del crédito que tiene en estos momentos por parte de la comunidad internacional.

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