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Tarragona necesita que el Gobierno Central asegure, por escrito, la inversión para los Juegos del Mediterráneo de 2017 antes de diez días. El próximo 27 de agosto tendrá lugar en la ciudad de Pescara (Italia) el comité ejecutivo y la asamblea generalanual del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM-COI), una cita en la que la ciudad se juega seguir contando con la confianza de la comunidad internacional.
A lo largo de los últimos días se ha puesto en tela de juicio la implicación del ejecutivo español, ya que el primer esbozo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 no prevén ninguna partida para los Juegos. Esta circunstancia ha activado todas las alarmas en la organización de Tarragona 2017 y, por ello, CDC, Unió, PSOE y PP presentarán enmiendas a las cuentas, ya que buena parte del crédito de la organización del evento tarraconense se logrará si se acredita documentalmente la voluntad del Estado español para aportar los 14,7 millones de euros. Esta cifra debe servir para avalar las construcciones del estadio desmontable, el equipamiento acuático y las reformas de los campos de atletismo y del Gimnàstic.
Las fuentes del Partido Popular consultadas por el Diari aseguran que entre los días 20 y 21 de agosto (el jueves o el viernes) se conocera si la alegación que presentará el propio PP tira hacia adelante. Asimismo, otras fuentes se muestran optimistas, ya que el Estado podría partir la inversión de 15 millones entre 2016 y 2017, por lo que el próximo año ya se involucraría directamente en el proyecto, además de las bonificaciones fiscales que ha concedido a las empresas patrocinadoras.
Ya se solicitó en marzo
En el orden del día de la asamblea que se llevará a cabo en la localidad italiana el próximo día 27 de agosto consta un punto específico que reza, textualmente, revisión del estado de situación de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017.
«Los representantes del comité organizador de los Juegos Mediterráneos deberán aportar en dicha reunión información de los progresos en la ejecución del Plan Director de los Juegos», explica el concejal responsable de Temes Estratègics i Presidència, Javier Villamayor (PSC), quien junto al director general de los Juegos, Ramon Cuadrat, estará presente en la cita.
Sobre este punto, el político socialista remarca que la organización internacional –formada por representantes de 24 estados– «pondrá especial énfasis en las garantías de inversión y aportaciones de las administraciones públicas para la adecuación y la construcción de instalaciones deportivas que permitan acoger el evento».
Asimismo, el responsable tarraconense añade que el órgano de control de los Juegos también solicitará «el calendario para hacer efectivas las aportaciones que hagan viable la construcción de las instalaciones deportivas previstas en el Plan Director».
En su última visita a Tarragona del pasado mes de marzo, los representantes del comité internacional ya solicitaron, por escrito, dichas garantías de inversión. «A tal efecto se presentaron los compromisos del Ayuntamiento de Tarragona, las diputaciones provinciales de Tarragona y Barcelona, así como de la Generalitat de Catalunya», reconoce Villamayor, quien considera que ahora debería incorporarse la implicación del ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. «Desde un inicio hemos solicitado al Gobierno de España una aportación económica de casi 15 millones de euros para tres inversiones esenciales», señala el edil de Presidència.
Preocupación en el COE
A lo largo de los últimos días ha sido el propio Comité Olímpico Español (COE) el organismo que ha mostrado públicamente su preocupación por la falta de compromiso del Estado con el evento de Tarragona. Su presidente, Alejandro Blanco, considera que el Gobierno «debe invertir en los Juegos tanto en 2016 como en 2017». Asimismo, el líder del COE envió la pasada semana una carta al alcalde Josep Fèlix Ballesteros en la cual le indicaba que en la reunión de Pescara «compareceremos para presentar el oportuno informe de progreso de la organización, y sabemos que un punto fundamental a responder será la realización y la financiación de las inversiones». Por ello, Blanco instó al alcalde a pedir por escrito un documento acreditativo «que sirva para testimoniar» el apoyo del Estado español.
