TGN revisará el POUM para abaratar la construcción de los nuevos barrios

El Ayuntamiento de Tarragona quiere modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) para reducir el coste de construcción de los nuevos barrios de la ciudad. Sólo cuatro años después de la entrada en vigor de un Plan General que costó más de una década de aprobar, ahora el Consistorio ha decidido revisar dos de los documentos estratégicos del crecimiento de futuro del municipio, como son el de la «Agenda y estudio económico-financiero», así como el «informe de sostenibilidad económica». 

Por ello, la administración municipal ha sacado a licitación –por un importe de 60.000 euros– una «actualización» de los dos análisis. En el pliego de prescripciones técnicas que se han externalizado porque «actualmente el Ayuntamiento no dispone de plantilla suficiente para afrontar este trabajo que requiere un elevado grado de especialización» se remarca que «el POUM se elaboró en el momento en el que la actividad urbanística e inmobiliaria llegó a su punto más álgido» y reconoce que «actualmente, en un momento de contracción del mercado, la gestión del POUM se ha convertido en un trabajo bastante complejo». 

‘Menos incertidumbres’
El informe relativo a la agenda y el estudio económico se centra principalmente en justificar la viabilidad económica de las inversiones privadas. Sobre este apartado, la modificación actuará principalmente en las cargas urbanísticas que se achacan a los promotores, como  es el Pla Especial d’Infraestructures (PEI) que, según el Plan General, se ha incorporado en el desarrollo de cada uno de los sectores de crecimiento, como son los casos de la Budellera, L’Horta Gran o la Vall del Llorito. 

Sin embargo, la principal queja de los promotores tarraconense es que se da la circunstancia de que esta planificación aún no se ha redactado, por lo que las previsiones incluidas en el POUM generan «incertidumbres», ya que los costes que se han determinado en cada uno de los nuevos suelos no son definitivos. En esta linea, el informe económico prevé una inversión global de 287 millones de euros en sistemas generales de infraestructuras, que se destinan 134 al saneamiento, 88 a la red viaria, 58 al abastecimiento de agua y 6 a lineas de muy alta tensión. 

El Pla Especial d’Infraestructures prevé financiar 100 millones de euros, que principalmente se cargan a los  promotores de los nuevos suelos de expansión, como son los de la Budallera (16 millones), la Vall del Llorito (14) y l’Horta Gran (13). A juicio de los promotores, estas cifras no están actualizadas sino que fueron previstas en la época pre-crisis, por lo que comportan un encarecimiento de las obras de los nuevos barrios, que acabarán pagando los nuevos propietarios del entorno. 

‘Sólo por intereses privados’
Los partidos de la oposición están divididos sobre la modificación del POUM que se llevará a cabo. El portavoz de Ciutadans, Rubén Viñuañes, remarca que «lo más destacable es que se reconoce que la realidad actual no está reflejada en el POUM», así como que «queda claro que no se pueden hacer números en pleno juerga». En este sentido, Pau Ricomà (ERC) añade que «si la medida se hace para favorecer a algún promotor privado, me parece una pésima decisión», ya que «lo que se necesita es un replanteamiento global del POUM». 

Albert Abelló (PDECAT) considera «necesaria» la revisión, ya que «pese a que el plan se aprobó en 2013, las previsiones corresponden a 2007», por lo que «debe adaptarse a la realidad». 

Más crítica se muestra Laia Estrada (CUP), quien se extraña de que «se externalice este trabajo» que «pone de manifiesto que el modelo urbanístico que se plantea no es válido». Finalmente, Arga Sentís (ICV) remarca que «no puede modificarse el POUM a trozos, sino que es necesario activar un consejo asesor formado por expertos para llevar a cabo una actualización del documento».