TGN tiene 46 órdenes de desahucio hasta mayo

El Ayuntamiento activa un protocolo conjunto entre Serveis Socials y Habitatge para hacer frente a esta situación y dar una respuesta a las familias afectadas

NÚRIA RIU

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Una familia fue desahuciada en la calle de la Nau, a principios del pasado mes de noviembre. FOTO: P. FERRÉ

Una familia fue desahuciada en la calle de la Nau, a principios del pasado mes de noviembre. FOTO: P. FERRÉ

La ciudad de Tarragona tiene a día de hoy hasta el mes de mayo un total de 46 órdenes de desahucio pendientes de ejecutar. Una cifra que el Ayuntamiento calcula que se incrementará en los próximos meses y, por este motivo, se ha activado un protocolo de actuación conjunta entre Serveis Socials y Habitatge.

Este pasa, en primer lugar, por una mediación con el propietario, tanto si se trata de un particular como de un gran tenedor, aunque en este último caso, la concejal de Serveis Socials, Inés Solé, reconoció que «es muy complicado». Cuando este primer intento no llega a buen puerto, el caso pasa a manos de los abogados municipales «a fin y efecto que nadie se mueva de su casa», apuntaba Solé. Por este motivo, desde el consistorio se ponía en valor el trabajo conjunto tanto con el Sindicat de l’Habitatge, como con la PAH, con el objetivo de dar cobertura a las diferentes situaciones, y que todas las familias afectadas tengan «a una personas de servicios sociales de referencia».

Por el momento, este protocolo «está funcionando», ya que Serveis Socials asegura que desde el pasado mes de julio se ha conseguido pararse seis desahucios en la ciudad.

Serveis Socials trabaja con el Servei Municipal de l’Habitatge (Smhausa) para aquellas situaciones en las que surge una emergencia habitacional. Desde este organismo se están dedicando los esfuerzos a ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad para destinarlo al alquiler social. Mediante la fórmula de tanteo y retracto, la administración municipal ha adquirido hasta el momento once pisos, que se suman a los seis que se compraron el año pasado, que están en fase de reforma para que puedan ponerse a disposición de estas familias. De estos, siete están en un mismo edificio en la Part Baixa, mientras que los otros están distribuidos en los barrios de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador y la zona centro.

A dicho efecto se destinó una partida de 1,5 millones de euros del remanente del ejercicio anterior. Se calcula que esta cifra permitirá la compra de entre 25 y 30 viviendas y, según afirmó la presidenta de Smhausa, Eva Miguel, esta misma semana se firmará una nueva compra, mientras hay otras cinco de pendientes. Unas operaciones que «probablemente podremos cerrar antes del modificativo de crédito del remanente de este año, por lo que podremos justificar la habilitación de una nueva partida».

Para acabar de cerrar el círculo, las concejales cupaires del Ayuntamiento de Tarragona aseguraron que «se está trabajando para que las familias que entran en estos pisos puedan emanciparse y ser autosuficientes para que estas viviendas vayan liberándose y puedan destinarse al alquiler social».

Solé y Miguel destacaron que «estamos haciendo un trabajo que no se había hecho nunca» y se mostraron críticas con el papel tanto del Govern de la Generalitat como del Gobierno estatal, a los que exigieron «una respuesta a la altura de la emergencia habitacional y social, para acabar con esta violencia». «Desde el Ayuntamiento de Tarragona haremos mans i mànigues, pero la responsabilidad es compartida y la Generalitat tiene que ponerse las pilas desde la mirada de derechos básicos», apuntó Solé.

El Ayuntamiento de Tarragona ha activado un teléfono de contacto (977 24 40 56), para que todas las personas que se estén en una situación de este tipo puedan obtener una respuesta.

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